Veolia, FCC y Aguas de Valencia velan armas por un contrato de agua de 800 millones
El megacontrato para gestionar el agua de ocho municipios del área metropolitana será la gran concesión catalana, por la cual de nuevo se disparan tensiones en el seno del sector
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El agua es un bien codiciado. Lo dice Michael Burry, el mítico inversor que previó el hundimiento de las hipotecas subprime; y lo sabe toda Cataluña, la cual ha salido este 2025 de una larga sequía. En este contexto el gigante francés Veolia, el grupo de Aguas de Valencia y la filial de FCC Aqualia velan armas ante un inminente concurso del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) por valor de 800 millones para gestionar en régimen de concesión el servicio de agua de ocho ayuntamientos del entorno metropolitano de la capital catalana, entre ellos, el rico Sant Cugat, la principal alcaldía que controla Junts.
El concurso podría ser un precedente de una nueva guerra del agua en Cataluña, si Agbar concreta sus amenazas. La AMB ha decidido que la concesión para las ciudades de Sant Cugat, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Tiana, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei y Ripollet se abrirá después del verano. Se calcula que su cuantía supondrá un negocio de 800 millones y que la duración del mismo será de 25 años. El exotismo es que Agbar, a través de Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, más conocida como La Mixta, no podrá presentarse. Los socios de esta firma son Agbar, con un 70% y la propia AMB y Criteria, con un 15% cada uno.
¿Hay signos de que este concurso pueda abrir una nueva guerra del agua en Cataluña, como en su día lo fue ATLL? Sí. En Cataluña las guerras del agua las comienza Agbar y luego las pierden los catalanes, como pasó con el pago de 500 millones por el fiasco de ATLL. Agbar ya ha enviado una carta reclamando que La Mixta pueda presentarse al concurso e insinuando que recurrirán su exclusión a los tribunales, según publicó El Periódico de Catalunya.
Llevar a cabo el concurso es urgente, ya que en algunas de estas ciudades, las concesionarias (Sorea -Grupo Agbar-en Sant Cugat, Corbera y Cervelló, por ejemplo, o Aqualia en Molins de Rei) han seguido operando pese a haber caducado los contratos hace más de un año.
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La concesión de estas ocho ciudades ya había sido campo de batalla de dos actores tradicionalmente enfrentados en la gestión del agua: los Comunes y Agbar. Agbar aspiraba a que La Mixta renovase de manera automática las concesiones que ya tenía Sorea, aplicando el principio de la gestión integral del agua. Los Comunes, por el contrario, querían que los municipios que quisiesen creasen una empresa pública para remunicipalizar el servicio. Una salomónica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) vetó las pretensiones de los de Ada Colau de tener su empresa pública de agua y dictaminó que la competencia del servicio era supramunicipal y que, por tanto, correspondía a la AMB. Pero también marcó que las pretensiones de automatismo de Agbar para seguir controlando el negocio no podían sostenerse desde el punto de vista legal. Y así se llega al megaconcurso de este año.
Veolia sí, La Mixta no
La AMB es un ente curioso, que ejemplifica como ningún otro organismo el pacto de poder entre el viejo PSC y el nuevo PSC. El presidente es Jaume Collboni, como alcalde de Barcelona. Pero el puesto clave es la vicepresidencia ejecutiva, que ocupa Antoni Balmón, alcalde de Cornellà desde hace veinte años y el último de los capitanes del Baix Llobregat con mando en plaza. Ni Balmón ni Collboni quieren una guerra con Agbar, porque saben cómo acaban las choques con la compañía. En la última discrepancia, de nuevo impulsada por la incansable Colau, se ha condenado a pagar 32 millones de euros a Agbar por parte de la AMB por costes de saneamientos impagados entre 2014 y 2020. Era la época en que Colau presidía este ente supramunicipal.
Para evitar situaciones similares en las que las administraciones primero se desgastan y luego acaban pagando los ciudadanos. La fórmula que se espera que acepten es que Veolia se presente como empresa pero no como La Mixta. Veolia es accionista 100% de Agbar por lo que, por otra vía, la multinacional gala podría acceder al concurso aunque su principal participada en España haya sido vetada.
El plan socialista para pacificar el concurso es que Veolia se presente sin Agbar
Aqualia, con el respaldo de FCC y Aguas de Valencia a través de su filial Aigües de Catalunya, sería el rival de Veolia, según explican fuentes del sector. Además, hay indicios de que puede ser el terreno para que los tres grupos zanjen recientes afrentas. En el reparto tradicional, Agbar siempre había tenido el servicio de agua y FCC el alcantarillado de Barcelona. Pero una consecuencia de la guerra del agua también fue que ahora este equilibrio está en una situación de total precariedad.
Oferta compleja
El concurso implica ofrecer un servicio complejo. Sant Cugat es la joya. Pero no otras. Como Corbera de Llobregat, una pesadilla, con la población dispersa en una treintena de urbanizaciones. Aigües de Catalunya quería Sant Cugat y para eso contrató en su día a la mano derecha de Artur Mas en CDC, David Madí. Madí había prometido complicidad política a Aguas de Valencia. Pero no fue así. Primero porque ERC ganó las elecciones municipales. Y luego porque el TSJC marcó la competencia supramunicipal en la cuestión. Ya no se podía ir pueblo a pueblo y ciudad a ciudad. En 2022, Madí dejó la compañía. Pero no fue suficiente para despolitizar un sector que ha vivido y vive de las concesiones. Ahora, nuevo concurso. Y como siempre, vuelven a sonar tambores de guerra.
El agua es un bien codiciado. Lo dice Michael Burry, el mítico inversor que previó el hundimiento de las hipotecas subprime; y lo sabe toda Cataluña, la cual ha salido este 2025 de una larga sequía. En este contexto el gigante francés Veolia, el grupo de Aguas de Valencia y la filial de FCC Aqualia velan armas ante un inminente concurso del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) por valor de 800 millones para gestionar en régimen de concesión el servicio de agua de ocho ayuntamientos del entorno metropolitano de la capital catalana, entre ellos, el rico Sant Cugat, la principal alcaldía que controla Junts.