Bustinduy avisa: podría ampliar las multas por las maletas de mano a Wizzair y Transavia

Las multas del ministerio de Consumo contra cinco compañías de bajo coste por el cobro de los equipajes de mano, un asunto que de hecho está siendo monitoreado por la Comisión Europea, podrían ampliarse a otras dos aerolíneas, Wizzair y Transavia, según ha explicado este miércoles Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, en un acto de la Organización Europea de Consumidores (BEUC) en Bruselas sobre las prácticas abusivas de empresas aéreas de bajo coste.

Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea ya han sido multadas con 179 millones de euros por parte del Gobierno, y ahora se investiga también a otras dos compañías adicionales. Preguntas por ellas, Bustinduy se ha limitado a señalar que "están siguiendo el mismo procedimiento que las otras", dando a entender que se podría extender tambié la multa a la compañía húngara ya la holandesa, pero sin dar más detalles respecto al proceso.

En el mismo evento, BEUC ha anunciado que denunciará esta práctica ante la Comisión Europea, cuyos comisarios de Transporte llevan lidiando con este asunto desde hace ya varias legislaturas. "Tomamos medidas contra aerolíneas siete que están explotando a los consumidores e ignorando al máximo tribunal de la UE, que dictaminó que cobrar un equipaje de mano de tamaño razonable es ilegal", ha asegurado Agustín Reyna, director general de BEUC. Hacen así referencia al argumento principal que usa el Gobierno contra las compañías, que es que existe una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 2014 desarrolló que el equipaje de mano era un "elemento indispensable" del cliente.

Por su parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y Airlines for Europe (A4E), han pedido a la Comisión Europea que tome medidas contra España por la imposición de la multa, que consideran la decisión contraviene el derecho comunitario, que en el Reglamento 1008/2008 establece "la libertad de fijación de precios". El Gobierno de España se escucha en que el artículo 97 de la ley española de Navegación Aérea estipula la obligación de "a transportar de forma gratuita en cabina" el equipaje de mano y los objetos que el viajero lleve consigo, pero las compañías aéreas presionan a la Comisión Europea, señalando que esa contradicción debe resolverse con la modificación de la ley española, al tener primacía el derecho de la Unión.

La Comisión Europea tiene en estos momentos un proceso de diálogo con el Gobierno dentro del conocido como "EU pilot", un proceso de "intercambio informal de información entre la Comisión y el Estado miembro sobre cuestiones relacionadas con el posible incumplimiento de la legislación de la UE, que permite a la Comisión evaluar si hay motivos para iniciar un procedimiento formal de infracción". Si finalmente Bruselas viera un posible incumplimiento por parte del Ejecutivo español de la legislación europea podría abrir ese procedimiento de infracción, que, en última instancia, podría llegar a manos del TJUE, que debería decidir quién está haciendo una correcta interpretación del derecho de la Unión.

El Gobierno ha intensificado sus contactos con el Ejecutivo comunitario para explicar la multa, y antes de que se abra el "EU pilot" el ministro de Transporte, Óscar Puente, se vio con el comisario del ramo, el griego Apostolos Tzitzikostas, mientras que técnicos españoles abordan la cuestión con expertos de la dirección general de Transportes de la Comisión Europea. Por ahora, Bruselas mantiene una posición neutral, impidiendo dar la razón a un lado o al otro. "La Comisión apoya en general las medidas de protección de los consumidores acordes con las normas del mercado interior de la UE, siempre que respeten la libertad de precios y la transparencia de los mismos", explicó un portavoz la última vez que el asunto llegó a la sala de prensa de la institución.

Las fuentes del ministerio de Consumo consultadas explicaron en el momento de la apertura del proceso de diálogo con el Ejecutivo comunitario que tenían "plena y total confianza en el proceso administrativo, la argumentación jurídica y las bases legales de las sanciones que fueron interpuestas contra varias aerolíneas low cost".