Red Eléctrica contrata los servicios de Uría Menéndez para la crisis del apagón

El colapso del sistema eléctrico que se vivió el pasado 28 de abril puso el foco sobre Red Eléctrica. El operador del sistema eléctrico, controlado en un 20% por el Estado, ha tenido que salir en defensa de su sistema ante la avalancha de explicaciones que, tres semanas después, todavía se desconocen. Una tarea para la que recurrió a los servicios del despacho Uría Menéndez, al que contrató dos días después del apagón.

Según informan fuentes conocedoras a El Confidencial, el miércoles 30 de abril, el equipo que lidera Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (Grupo Red Eléctrica), contactó con el despacho para recibir asesoramiento legal para afrontar el primer apagón nacional en la historia de España y la mayor crisis reputacional de la compañía. Una contratación que ni Red Eléctrica ni Uría Menéndez han querido entrar a valorar ante la consulta de este medio.

El consejo de Redeia celebró una reunión ese mismo día. Un encuentro que permitió, entre otras cosas, organizar la estrategia de la compañía y la contratación de asesores. Estas reuniones sirvieron para posponer la convocatoria de la junta de accionistas, que se espera que se convoque en los próximos días. Días después, la propia Beatriz Corredor realizó una serie de entrevistas para defender el trabajo de los técnicos de Red Eléctrica y la rápida recuperación del sistema tras el apagón.

Todavía se desconoce cuál ha sido el papel real de Red Eléctrica en esta crisis. El Gobierno, liderado por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, sigue buscando los detalles que provocaron este apagón. Una investigación que ya ha concluido que no se ha producido ninguna vulneración de la ciberseguridad de Red Eléctrica, aunque no descartan que haya podido afectar a las empresas.

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Aagesen ha apuntado que este comité de crisis ya tiene identificado que tres subestaciones en Granada, Badajoz y Sevilla iniciaron la caída en cascada del sistema. Una afirmación que Red Eléctrica tuvo que matizar. El operador del sistema y transportista puntualizó que estos tres eventos de pérdida de generación, previos al cero energético, se produjeron por causas ajenas a la red de transporte.

“El origen de estas desconexiones se podría situar en las propias plantas de generación o en redes no gestionadas por Red Eléctrica”, detallaba la compañía que preside Beatriz Corredor. Unas explicaciones que han sido habituales en estas tres semanas. Por ello, según ha podido saber este medio, han sido varias las agencias de comunicación y de asuntos públicos que se han acercado a la compañía para, al igual que Uría Menéndez, ofrecer sus servicios para afrontar esta crisis.

Uría Menéndez es uno de los despachos cuyo nombre habla por sí mismo en el sector legal. Consolidado en el podio por facturación, es un bufete líder en algunas de las áreas de práctica que tendrá que poner a trabajar en el asesoramiento a Red Eléctrica por los incidentes vinculados al apagón.

Posibles multas tras el apagón

A falta de que se conozcan los detalles, ya se especula con las posibles multas o compensaciones. Por un lado, los consumidores y empresas afectadas por el apagón valoran los daños y perjuicios de esta crisis. Un proceso que podría desencadenar en una riada de reclamaciones de cuantía "muy elevada", según apuntan fuentes del sector energético.

Por el otro, un posible procedimiento sancionador del Gobierno o de la Comisión Nacional del Mercado y la Compentencia a Red Eléctrica, como operadora del sistema por incumplimiento de sus obligaciones de la Ley del Sector Eléctrico, en el caso de acreditar que el origen se debió a algún fallo del operador, podría tener una sanción máxima de 60 millones de euros.

Unas multas similares que ya sufrió la compañía en anteriores apagones regionales. El apagón de Tenerife en 2019, que afectó a 450.000 clientes durante 9 horas, se saldó con una multa inicial de unos 40 millones de euros para Endesa y Red Eléctrica. Posteriormente, la multa se redujo a 25 millones. En el caso del apagón en Barcelona en 2007, que afectó a 320.000 clientes durante 57 horas, se cerró con una sanción de 10 millones a Endesa y 11 millones a Red Eléctrica. La duda ahora es cómo se resolverá un apagón que ha dejado sin luz a 28 millones de consumidores en España durante, aproximadamente, 15 horas.