España y Portugal presionan por carta a Bruselas para aumentar su interconexión tras el apagón

Los Gobiernos de España y Portugal lanzan una ofensiva en Bruselas para aumentar la presión sobre el Gobierno francés para que se acelere la interconexión entre la península ibérica y el resto del mercado eléctrico europeo tras el apagón. Según ha podido saber El Confidencial a través de fuentes diplomáticas, Maria da Graça Carvalho, ministra portuguesa de Energía e Industria, que se reunirá este miércoles en Bruselas con Dan Jorgensen, comisario de Energía, hará entrega al danés de una carta exigiendo que el Gobierno galo facilite la mejora de las interconexiones y solicitando al Ejecutivo comunitario que se involucre en conseguirlo.

Así lo han confirmado también fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, que ha señalado que se ha enviado otra misiva al Gobierno francés. Según explican las fuentes diplomáticas consultadas, el objetivo es lograr un encuentro de alto nivel entre los tres ministros, la propia Carvalho, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, y Marc Ferracci, ministro de Industria y Energía francés. Ya existe en el seno de la Comisión Europea un grupo de alto nivel para mejorar las interconexiones en el suroeste de la Unión Europea, e incluye a representantes de Portugal, España y Francia, pero en opinión de las citadas fuentes diplomáticas la cuestión ha adquirido un nuevo nivel político tras el gran apagón del pasado 28 de abril.

Unas interconexiones que no evolucionan desde hace 10 años. España cuenta actualmente con un nivel de interconexión con Europa muy alejado del mínimo establecido por la Unión Europea para 2020. Lo que exige Bruselas es tener una interconexión que permita intercambiar un 10% de capacidad de producción instalada, pero por los Pirineos sólo se intercambia un 2,8% de la capacidad total de España. Actualmente, la capacidad total son de 2.800 megavatios (MW) que se envían a través de 280 kilómetros de cable submarino y 10 kilómetros de cable terrestre.

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El pasado 5 de mayo, Aegesen ya mantuvo un encuentro telemático con Ferracci en el que ambas partes se comprometieron a “intensificar la colaboración y la cooperación” para evitar que pudiera volver a producirse un apagón similar. El nivel de interconexión actual está muy por debajo del 10% y del 15% previsto para el 2030. Un mes antes del apagón, la vicepresidenta del Gobierno aseguraba durante una reunión del Consejo de Energía que era “el momento de más interconexiones”.

​Una reclamación histórica

La nueva campaña de Portugal y España está lejos de ser nueva, y el Gobierno español lleva desde hace mucho tiempo acusando al galo de poner todos los impedimentos posibles para evitar que el país ibérico pueda exportar al resto del mercado europeo su energía barata renovable. Pero esta vez el objetivo es subir la intensidad.

“Involucraremos a la presidenta de la Comisión Europea (Ursula von der Leyen) en esto para asegurarnos de que todos estemos integrados y nos ayudemos mutuamente a resolver los problemas”, aseguraba este fin de semana Carvalho en una entrevista con el periódico británico Financial Times. “Hay que ponerlo en perspectiva como una cuestión de mercado interior, porque es ahí donde la Comisión Europea puede presionar a Francia para que acelere esta interconexión”, añadió la portuguesa durante la entrevista.

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Actualmente hay un proyecto en marcha en el golfo de Vizcaya que está previsto que concluya antes de que termine la década y que la Unión Europea ha financiado con cerca de 600 millones de euros de un proyecto que en su momento se planeó que costaría unos 1.750 millones de euros. Este proyecto inició sus obras en 2023 y se espera que esté operativo en 2028, poniendo la interconexión en 5.000 MW y alcanzando ese 5% de capacidad de producción instalada.

Para alcanzar el 10% se necesita arrancar otras vías de conexión. España y Portugal tienen identificadas dos nuevas interconexiones a través de los Pirineos occidentales. Estos proyectos, que tienen el compromiso de España y Francia, así como el respaldo de la Comisión Europea, permitirían elevar el nivel de interconexión eléctrica de la península ibérica con el sistema centroeuropeo en unos 8.000 MW (el 8% de la capacidad instalada). Sin llegar, aún así, al mínimo que le pide Bruselas.