Sabadell apura sus opciones anti-BBVA con la consulta pública del Gobierno

La consulta pública, que ha sorprendido a todo el mercado, expira este viernes. Banco Sabadell agota con ella una de sus últimas bazas para defender el proyecto en solitario y blindarse contra BBVA, instigando a que el Gobierno imponga condiciones adicionales a la opa que hagan menos atractivos la operación en términos de rentabilidad.

La entidad catalana, según fuentes del mercado, convocó este jueves un consejo de administración para analizar la participación en la consulta. El comité de dirección presentó una propuesta para discutirla con los consejeros. La idea del Sabadell es mantener no hacer pública la respuesta al formulario.

Economía lanzó el martes pasado una consulta pública que expira este viernes. Aunque es potestad del ministro Carlos Cuerpo decidir si eleva la operación corporativa al Consejo de Ministros, fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que anunció la consulta por sorpresa, y delante de Carlos Torres, presidente de BBVA, en el Cercle d’Economia de Barcelona.

Desde entonces, en el sector financiero se ha dado por hecho que la intención del Gobierno es intervenir en la opa, y que está recabando argumentos para hacerlo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó a BBVA seguir con la opa al Sabadell el 30 de abril con siete grandes compromisos (remedies), especialmente en el terreno de las pymes, obligando al banco vasco a mantener el crédito y las condiciones a las pequeñas empresas que trabajan con la entidad catalana.

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La Ley de Competencia deja margen al Gobierno para intervenir siempre que la CNMC ha extendido el análisis a la fase dos y autoriza con compromisos la operación. No obstante, el Consejo de Ministros debe basarse en cuestiones ajenas a la competencia, como cuestiones de interés general, que son por las que está preguntando el Gobierno en un cuestionario que se puede responder con datos falsos y de forma ilimitada. Desde Economía aseguran que eliminarán duplicidades y suplantaciones de identidad. La consulta está abierta a todo el mundo. Tanto ciudadanos como operadores económicos. El participante debe introducir su nombre y apellidos o, si no es un particular, denominación o razón social. También organización o asociación, si corresponde, y es obligatorio incluir DNI o CIF y correo electrónico.

BBVA tiene dudas hasta el último momento sobre si participar, aunque siempre ha dejado clara su postura en público con el argumento de que la operación será buena para todos los agentes económicos por dar lugar a un banco con mayores capacidades.

BBVA tiene dudas hasta el último momento sobre si participar, aunque ha dejado claro su argumento de que la operación será buena

Por su parte, el CEO del Sabadell, César González-Bueno, dijo en la presentación de resultados trimestrales que la entidad participaría: "Evidentemente, Banco Sabadell va a contestar a las preguntas que ha lanzado el Gobierno con los intereses generales que están en juego, con mucho detalle. Se está elaborando un borrador, y será el consejo el que decida si lo hacemos público o no". Dicho consejo se celebró este jueves.

El banco catalán siempre ha aludido a la protección de las pymes, al empleo, y a la cohesión territorial por la importancia de mantener una sede operativa en Cataluña, donde también tiene la sede social que devolvió a Sabadell este año, tras moverla a Alicante en 2017.

La pregunta clave es si se "considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell". En caso de que no, ya se acaba el formulario y se envían las respuestas sin ningún margen para incluir argumentos. Aunque se deja la opción de mandar un correo electrónico al ministerio.

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Si el participante sí ve que hay criterios de interés general distintos a la competencia que pueden verse dañados, se pide que se señale cuáles. Se dan seis opciones, en línea con los ejemplos que enumera la Ley de Competencia para que el Gobierno pueda intervenir: defensa y seguridad nacional, protección de la seguridad o salud públicas, libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, protección del medioambiente, promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, y garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.

No obstante, se pueden señalar otros criterios, dejando hasta 2.000 caracteres –entre 300 y 400 palabras– para enumerarlos. La siguiente pregunta es si se considera que “pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general señalados”. En este caso, si la respuesta es afirmativa, hay otros 2.000 caracteres para explayarse con propuestas de remedies, que es lo que el Gobierno debería establecer si quiere intervenir en la operación en la fase tres, después de la CNMC. También en este caso se puede enviar un correo electrónico al ministerio, en concreto a la Dirección General de Política Económica.