Iberdrola pierde la querella contra el testigo clave del caso Villarejo

El juzgado de lo penal número 25 de Madrid ha dictado sentencia contra Iberdrola en la querella que la compañía eléctrica había presentado contra José Antonio del Olmo, el exdirectivo de la compañía, acusado de filtrar información relevante publicada por El Confidencial. La magistrada ha concluido que no hay pruebas fehacientes de que el que fuera controller del grupo energético hubiera facilitado facturas relativas a los pagos a los miembros del consejo consultivo de Castilla y León, compuesto por varios políticos y empresarios locales que compraron acciones de Iberdrola para crear un núcleo duro con el que defenderse de ACS.

Según el auto dictado por Nuria Alcalde, “procede absolver a don José Antonio del Olmo de los delitos del que había sido acusado” al no encontrar más que indicios, que no pruebas, que acrediten que facilitó información considerada como “secreto empresarial”. Iberdrola había solicitado “tres años de prisión” contra su ex ejecutivo, además del pago de “una multa de dieciocho meses a razón de doscientos cincuenta euros (250 €) diarios, pago de la responsabilidad civil y costas, incluidas las de la acusación particular”.

La jueza asegura en su escrito que prevalece el principio de presunción de inocencia o ‘in dubio, pro reo’, ya que “los únicos dos indicios de la autoría por parte del Sr. Del Olmo son, el tener acceso a las facturas, como director del control de funciones corporativas de la entidad y el haber depositado en una notaría de Madrid, en diciembre de 2004, junto con el Sr. Peña y el Sr. Zarabozo, determinada documentación extraída de los archivos de la empresa, alguna de alcance similar a la divulgada, concretamente facturas relativas al Consejo Consultivo de Andalucía y que dio lugar a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao".

Iberdrola pagaba 20.000 euros por cada reunión a esos consejos creados cuando ACS trató de hacerse con el control de la eléctrica, mediante la compra del 20% del capital. Galán convenció a numerosas cajas de ahorro, la mayoría de las cuales quebraron después, para que formasen un núcleo duro de accionistas con los que protegerse de lo que consideró un ataque hostil de Florentino Pérez. Algunos de esos cheques llevaban la advertencia del banco de ser irregulares.

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Europa Press

Porque, según el auto, “la prueba indiciaria exige, como conclusión de la anterior, una motivación que explique racionalmente el proceso deductivo por el que de unos hechos (los indicios) se deducen otros hechos (las consecuencias)”. Y la jueza considera que Iberdrola “no ha desplegado prueba suficiente para considerar desvirtuado el principio de presunción de inocencia que asiste al encartado”.

Del Olmo, que trabajó durante 42 años en la eléctrica, negó los hechos y agregó que esas “facturas nunca pasaron por sus manos ni facilitó a medios de comunicación, nunca ha pasado información a El Confidencial ni a ningún otro medio de comunicación” . Admitió que era el responsable de recopilar las facturas normales, a las que tenía acceso “más de 100 personas”, pero que “solo pasaban por sus manos las confidenciales”.

Francisco de Borja García, el representante legal de Iberdrola indicó que las facturas del consejo consultivo de Castilla León “tenían relevancia estratégica”, que era “documentación reservada”, “con importancia de cara a la competencia”. Pero que no hizo un peritaje tecnológico para saber quién había tenido acceso a esos abonos por lo que “no habría una evidencia y por eso no se han aportado investigaciones informática”, además de no estar sujetas a ningún código expreso de conducta.

Por ello, la magistrada asevera que “hay ciertas cuestiones que impiden acreditar, con la contundencia que exige el derecho penal, que el acusado se haya apoderado de esa documentación y que la haya revelado al diario digital El Confidencial.” Considera esta Juzgadora que el procedimiento adolece de una más exhaustiva instrucción, así, manifestado por el Sr. García Ruiz que se accedía por un código, habría sido necesario acudir a empresas especializadas a fin de averiguar quien había accedido a esa información”. Iberdrola dispone de diez días para recurrir esta sentencia ante la Audiencia Provincial.

Según Aitzol Asla, abogado de Del Olmo, este procedimiento es “parte de una estrategia global dirigida a acosar judicialmente a mi representado, mediante la interposición simultánea de múltiples procedimientos judiciales en diferentes jurisdicciones, con el efecto práctico de asfixiar económica y emocionalmente a quien osó cuestionar determinadas prácticas corporativas”.