El Gobierno y las eléctricas se enfangan en el debate sobre la escisión de Red Eléctrica

El apagón sigue sin resolverse dos semanas después. Y el cruce de reproches continúa. El Gobierno mantiene abierta la tesis de un ciberataque a varias plantas de generación eléctrica controladas por las grandes empresas eléctricas, mientras que las empresas exigen al Ejecutivo que Red Eléctrica comparta sus datos de aquel 28 de abril. El nuevo frente de batalla es el debate de si sería conveniente partir Red Eléctrica en dos compañías.

Según aseguran fuentes cercanas al comité de crisis del apagón, desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ha preguntado a empresas como Iberdrola y Endesa cómo verían si se escindiera la función de transportista del operador del sistema de Red Eléctrica. Una demanda histórica del sector que pretende evitar un conflicto de intereses. Red Eléctrica gana dinero por cada megavatio que transporta en la red, y a la vez, actúa como operador del sistema diciendo cuánto y cómo se tienen que transportar esos megavatios por la red, algo que países como Portugal o Reino Unido decidieron separar.

Sara Aagesen y su equipo del comité de crisis han estado reunidos en la última semana en la sede de Iberdrola y de Endesa para recabar más datos y conocer las impresiones de estas empresas sobre el apagón. Una visita que habría aprovechado, según varias fuentes del sector, para consultar de manera informal un futuro cambio en la estructura de Red Eléctrica.

Por su parte, desde el Ministerio niegan que esta posibilidad esté encima de la mesa. “El Ministerio para la Transición Ecológica no se plantea un cambio en la estructura de Red Eléctrica para separar sus funciones de Transportista y Operador del Sistema eléctrico”, explican a este medio desde el equipo de la vicepresidenta Aagesen. Que se esté hablando de esta posibilidad responde, según plantean desde el Ministerio, al anhelo histórico de estas empresas y no tendría nada que ver con lo sucedido el pasado 28 de abril.

Conflicto de interés e ineficiencia

Las empresas discrepan radicalmente de esta tesis. Red Eléctrica es la entidad que, como operador del sistema, gestiona el flujo de energía eléctrica y, como transportista, asegura la transmisión en alta tensión. Su función principal es garantizar un suministro eléctrico continuo, seguro y eficiente. La tarea que más señalada ha quedado tras el colapso vivido hace dos semanas.

Su otra ‘gorra’, la de transportista, se encarga de llevar la energía eléctrica en alta tensión desde los centros de generación hasta los puntos de consumo. “Cuando era una empresa pública sí tenía sentido. Con el actual formato privado, el transportista tiene unos intereses comerciales regulados que dependen de las decisiones del gestor técnico, con tareas y funciones públicas”, apuntan desde el sector.

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Dos negocios, con dos equipos diferentes, que son clave en el sistema, están presididos y dirigidos por las mismas personas: Beatriz Corredor y Roberto García Merino. De ellos dos dependen los dos equipos que la propia Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) se dedica a revisar para que exista una ‘separación funcional’.

“Nosotros emitimos informes, pero corresponde al ámbito legislativo decidir si es apropiada esa separación”, explica Cani Fernández, presidenta de la CNMC, este martes en el Congreso de los Diputados ante la pregunta de la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal. El otro frente son los propios accionistas de Red Eléctrica, ahora conocida como Redeia. La posibilidad que siempre ha estado encima de la mesa es nacionalizar la tarea de operador técnico del sistema y mantener a Red Eléctrica como transportista en el mercado.

Un modelo que rompería la estructura de la compañía sobre la que han invertido fondos como BlackRock o Pontegadea (Amancio Ortega). Un grupo de interés al que el Gobierno debería consultar antes de cualquier conversación con las propias eléctricas sobre el futuro de Red Eléctrica.