El Banco Mundial condena a España a pagar 39 millones a la japonesa Mitsui por las primas a las renovables

El Reino de España ha sido condenado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, a indemnizar a la empresa japonesa Mitsui & Co. con un total de 39,2 millones de euros. Un pago que se produce como resultado de un arbitraje internacional relacionado con los recortes a las primas a las energías renovables.

El laudo, emitido el pasado 6 de marzo y confirmado en mayo, reconoce la obligación de España de pagar 31,5 millones de euros en concepto de daños, más 5,5 millones en intereses de demora. Asimismo, impone el pago de 215.000 euros por los costes del arbitraje y otros 2,2 millones por la condena a sufragar las costas legales en las que incurrió la empresa demandante.

La información, facilitada en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo a preguntas del diputado popular Juan Diego Requena, confirma que Mitsui había reclamado inicialmente 199 millones de euros por las pérdidas sufridas tras los cambios implementados por sucesivos gobiernos españoles que, entre 2010 y 2014, revirtieron de forma retroactiva las primas renovables.

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La compañía japonesa invirtió en proyectos de energías renovables en España que se vieron afectados por la reforma del sistema de primas, lo que dio pie al litigio, cuya legitimidad se articuló invocando el Tratado de la Carta de la Energía. Este laudo se suma a otras 25 decisiones similares emitidas por el CIADI en los últimos años, en las que también se ha fallado en contra de España por los recortes retroactivos de las primas renovables.

1.885 millones de euros

Las primas a las renovables que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero atrajo a este tipo de inversores. Un incentivo que retiró el Ejecutivo de Mariano Rajoy por el 'roto' que estaba provocando a las cuentas públicas.

Una decisión que dejó a los inversores sin rentabilidad de sus plantas. Esta circunstancia ha motivado un creciente debate sobre la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria en el sector energético español. Según los representantes legales de los afectados, existen 26 laudos que condenan a España suponen una obligación de pagar 1.510 millones de euros en concepto de indemnizaciones

A esta cifra se suman cerca de 375 millones por las condenas en costas, honorarios de abogados y consultores, intereses de demora, etc. La cifra agregada asciende a 1.885 millones.