Nuevo expediente por Sogecable: la CNMC investiga a Telefónica por las condiciones de su televisión de pago

Nuevo capítulo en el largo enfrentamiento entre Telefónica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la compra de Sogecable. El organismo que preside Cani Fernández ha incoado un nuevo expediente sancionador contra la teleco por haber mantenido condiciones de permanencia en sus servicios de televisión de pago, una práctica expresamente prohibida entre los compromisos que aceptó para hacerse con el control de la antigua Canal+ en 2015.

Se trata ya del séptimo procedimiento abierto por Competencia contra Telefónica por esta operación. La actual investigación es un expediente de vigilancia que analiza las condiciones comerciales de los paquetes Fusión+Smartphone con televisión de pago y con dispositivo, que estuvieron vigentes entre el 30 de agosto de 2021 y el 30 de abril de 2023.

En concreto, la teleco habría incluido "condiciones de permanencia", según el anuncio realizado por Competencia, vinculadas a la contratación de estos servicios, pese a que la resolución de autorización de la operación de compra —firmada en abril de 2015 y prorrogada en 2020— lo prohibía expresamente.

Según los apartados 1.1 y 1.1.2 del documento, Telefónica no podía imponer este tipo de obligaciones ni directa ni indirectamente en su oferta de televisión de pago, tanto si esta se comercializaba de forma individual como empaquetada con otros servicios. Contactada por este medio, Telefónica afirma "haber cumplido rigurosamente con los compromisos adquiridos".

La CNMC tiene ahora un plazo máximo de tres meses para concluir la instrucción del expediente abierto este viernes. Después decidirá si formula una propuesta de sanción formal, que Telefónica, como ya ha hecho en otras ocasiones, podrá recurrir, primero ante la Audiencia Nacional y después frente al Supremo. Mientras tanto, el conflicto por Sogecable —diez años después de su compra— sigue lejos de cerrarse.

En este caso, la CNMC vuelve a poner el foco sobre una política comercial que, a su juicio, entorpeció la libertad de los usuarios para abandonar Movistar. En paralelo a esta investigación, ya en marzo de 2023, la operadora fue sancionada con 6 millones de euros por comercializar el paquete Movistar Fusión, que incluía el alquiler de un teléfono con permanencia de 36 meses. A juicio del regulador, eso vulneraba los compromisos firmados en su día.

TE PUEDE INTERESAR

El lío judicial entre CNMC y Telefónica por Sogecable: 6 expedientes y al menos 17,5 M

Javier Melguizo Alejandro Galisteo

Una guerra larga que no cesa

El historial de enfrentamientos entre Telefónica y la CNMC a raíz de la adquisición de Sogecable se remonta a 2019, cuando Competencia le impuso la primera multa: 1,5 millones de euros por asignar incorrectamente los costes del antiguo canal Movistar Partidazo, lo que afectaba a competidores como Vodafone, Orange o Telecable. Tras la prórroga del plazo de cumplimiento hasta 2023, validada por la Audiencia Nacional, llegaron otras tres sanciones más: una de 5 millones en 2022 por no informar debidamente de su oferta de canales premium; otra de 6 millones en 2023 por aplicar permanencia en servicios con televisión; y una cuarta, también de 5 millones, por compartir con Dazn los derechos de Fórmula 1 incumpliendo la cláusula que le prohibía explotar en exclusiva contenidos de terceros.

Pese a la acumulación de expedientes, el impacto económico real de estas sanciones sigue siendo muy limitado. En el caso de la multa de 6 millones impuesta en 2023, representó apenas un 0,015% de la facturación global de Telefónica el ejercicio anterior (casi 40.000 millones). La Ley de Defensa de la Competencia permite a la CNMC imponer sanciones de hasta el 10% de los ingresos anuales de una empresa por infracciones muy graves, lo que en el caso de Telefónica podría suponer un máximo teórico de 4.000 millones.