La banca exige que la SEPI entre en el capital de Talgo para desbloquear la operación de Sidenor
La compra de Talgo por parte de Sidenor, anunciada en febrero, entra en su recta final. A falta de cuatro día para que expire la fecha
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La compra de Talgo por parte de Sidenor, anunciada en febrero, entra en su recta final. A falta de cuatro días para que expire la fecha acordada para cerrar el acuerdo, la banca ha pedido al consorcio liderado por la compañía siderúrgica y al fondo público vasco la aportación en forma de capital de los 116 millones de euros que Renfe ha impuesto como multa por los distintos retrasos acumulados en el fabricante madrileño de trenes. Una exigencia que puede forzar la entrada en el accionariado de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Así lo han confirmado varias fuentes próximas a las negociaciones, que se han multiplicado en los últimos días ante el temor a que venciese el plazo anunciado para ejecutar la compra a Trilantic Capital Partners del 29,9% anunciado por Sidenor el 5 de febrero. Aunque se esperaba cerrar la transacción en cuestión de semanas, lo cierto es que José Antonio Jainaga, el empresario vasco que lidera el consorcio, reclamó descontar del precio de compra –5 euros por acción en total-- la sanción impuesta por Renfe a Talgo.
En realidad, suponía valorar al fabricante de trenes en apenas 65 millones, porque su oferta por el 29,9% ascendía a 180 millones. Como el Gobierno consideró que eso era inviable, al poder haber sido denunciado por trato de favor, Sidenor, Renfe y el Ministerio de Transportes negociaron un aplazamiento del pago de la sanción en hasta diez años. Una especie de deuda, porque Talgo debería ir abonando un tipo de interés por esa cantidad hasta el vencimiento.
Sin embargo, la banca se opuso posteriormente a contabilizar esa multa como un pasivo, lo que hubiera llevado la relación entre el resultado bruto de explotación y la deuda a más de siete veces. Un ratio de empresa de alto riesgo o 'high yield', que, por tanto, debería de hacer frente a un significativo aumento del tipo de interés con los acreedores. Su condición para refinanciar el balance ha sido que Talgo aporte capital o ‘equity’ de forma directa o progresiva.
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Sidenor, asesorado por Alantra, y el Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha implicado en la operación con Oscar Puente, ministro de Transportes, al frente, han consensuado crear un vehículo societario en el que irán inyectando capital de cualquiera de las maneras posibles. O, con dinero efectivo, creciente, conforme Talgo tenga que repagar la sanción a Renfe, o con préstamos participativos, que computan como activo y no como deuda.
Por tanto, según confirman estas fuentes, el Estado entraría en el capital, ya fuera desde el propio gestor ferroviario o desde la SEPI, que es, a su vez, su principal accionista. El ente público ya está presente en las cotizadas Telefónica, SEPI, Red Eléctrica y Enagás. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el Ejecutivo del PSOE y Sumar ha gastado más de 2.500 millones en entrar en la operadora de telecomunicaciones y en reforzar su participación en la multinacional de defensa y tecnología.
La oferta de Sidenor, BBK y Finkatuz asciende a 4,15 euros por acción como término fijo, a la que podrían sumarse 0,85 euros por título en función del cumplimiento del plan de negocio en 2027 y 2028. De esa cantidad, el fabricante siderúrgico, la caja vasca y el fondo público controlado actualmente por el PNV aportan 45 millones de euros cada uno, mientras que Caja Vital desembolsa 20 millones.
Los principales acreedores de Talgo son Santander, BBVA y Caixabank, seguidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El presidente de Sidenor quiere que, una vez alcanzado un acuerdo con estas entidades, el resto, entre los que se encuentran Sabadell, Bankinter, Cajamar, Ibercaja, Kutxabank, Crédit Agricole y Barclays, se adhiera a la refinanciación.
La compra de Talgo por parte de Sidenor, anunciada en febrero, entra en su recta final. A falta de cuatro días para que expire la fecha acordada para cerrar el acuerdo, la banca ha pedido al consorcio liderado por la compañía siderúrgica y al fondo público vasco la aportación en forma de capital de los 116 millones de euros que Renfe ha impuesto como multa por los distintos retrasos acumulados en el fabricante madrileño de trenes. Una exigencia que puede forzar la entrada en el accionariado de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).