Economía lanza una consulta durante siete días sobre la opa de BBVA al Sabadell

El Gobierno ya ha lanzado la consulta pública para recabar opiniones en torno a la opa de BBVA al Sabadell. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha abierto la consulta durante siete días hábiles para que cualquiera pueda participar con argumentos en favor de validar los compromisos (remedies) que han salido del dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de suavizarlos o de endurecerlos. No obstante, solo se pueden exponer argumentos en caso de señalar que se ven amenazas para el interés general por la opa hostil.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes la consulta pública en el Cercle d'Economia de Barcelona, delante del propio Carlos Torres, presidente de BBVA, sorprendiendo al banco vasco y a todo el mercado. Economía la acaba de poner en marcha durante un periodo de siete días hábiles, hasta el 16 de mayo, para recabar opiniones "sobre criterios de interés general" entre los "afectados por la operación de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell". "Se pretende obtener información que facilite una valoración completa antes de decidir si la operación de concentración bancaria se eleva o no al Consejo de Ministros", indica el ministerio.

El objetivo es "recabar información de los posibles afectados y, por lo tanto, tener toda esta información para hacer una valoración completa. Estamos preguntando si hay algún criterio de interés general distinto a la competencia, no es una pregunta sobre si opa sí u opa no. Utilizaremos toda esta información, que no es vinculante, para tomar una decisión sobre si elevar la operación al Consejo de Ministros", ha explicado el ministro Carlos Cuerpo.

La normativa establece que, en caso de que la CNMC extienda el análisis de una operación a una fase dos, se abre una fase tres en la que puede intervenir el Gobierno por cuestiones ajenas a la competencia, como seguridad nacional o libre circulación de bienes en el territorio. Sánchez y el ministro Carlos Cuerpo siempre han aludido a un concepto que denominan cohesión territorial. El ministro de Economía tiene 15 días hábiles desde que se autorizó la operación en la CNMC para decidir si eleva la cuestión al Consejo de Ministros, escuchando también las opiniones al respecto de otros ministerios.

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Antes de decidir si, efectivamente, eleva el dictamen de la CNMC al Consejo de Ministros, va a escuchar al mercado. Ciudadanos y operadores económicos, entre los que puede haber asociaciones de empresarios, de consumidores, sindicatos y otras instituciones, podrán opinar. En el sector financiero se ha interpretado como una vía de Moncloa para tener argumentos encima de la mesa con los que influir en la opa. Si finalmente la operación pasa por el Consejo de Ministros, el Gobierno tiene 30 días para decidir si valida, endurece o suaviza los compromisos de la CNMC.

"Esta iniciativa está alineada con la normativa vigente y es respetuosa con el procedimiento, plazos y con las competencias de todas las instituciones involucradas en el proceso", ha defendido Economía en una nota. "Al igual que en otras consultas públicas en nuestro marco normativo, pueden participar aquellos ciudadanos, organizaciones, asociaciones y agentes económicos que puedan verse afectados por la operación. Se recabará la información a través de la web del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa durante un plazo de 7 días hábiles, que finaliza el 16 de mayo", añade.

En el formulario se pregunta a los participantes si consideran que existe "criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación", y se pide señalarlos entre defensa y seguridad nacional, protección de la seguridad o salud públicas, libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, protección del medio ambiente, promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, garantía de un adecuado mantenimiento de los objetos de la regulación sectorial u otros, dando la opción de enumerar otros motivos.

Seguidamente, se pide que se explique en qué medida se considera que "estos criterios de interés general" pueden verse afectados por la opa, valorando el impacto estimado, y también si se considera que pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general señalados, dando la opción de proponer compromisos con un texto de hasta 2.000 caracteres.