SAPA, Oughourlian y los independientes se rebelan contra los Escribano en Indra

La decisión de Ángel Escribano, presidente de Indra, de lanzarse a comprar Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), su propia empresa familiar, con los fondos de la compañía de defensa y tecnología, ha encendido los ánimos en el consejo de administración. SAPA, dueña del 8% del capital, Amber Capital, que tiene una participación similar, y los siete consejeros independientes, los cuales no habían sido informados sobre esta potencial operación, han decidido rebelarse contra una propuesta que consideran arbitraria y legalmente cuestionable por conflicto de interés.

Así lo aseguran varias fuentes próximas al órgano de gobierno de Indra, que se reúne el próximo miércoles en sesión ordinaria. Un encuentro que, pese a no estar en el orden del día, tendrá como tema central el interés de Escribano de que Indra, de la que tiene el 14,3% del capital, adquiera EM&M, la empresa que comparte con su hermano Javier, como adelantaron en exclusiva Expansión y El Confidencial el pasado jueves por la tarde.

Indra, que a llamada de este periódico desmintió categóricamente la operación, comunicó el pasado viernes, una hora antes del cierre de la bolsa, que “en el marco del plan estratégico, realiza un proceso continuo, liderado por el consejero delegado y de acuerdo con las buenas prácticas de gobierno corporativo, de análisis de distintas oportunidades con actores relevantes del sector de la Defensa que den valor añadido a la compañía”. El hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) añadió que entre estas opciones “incluye la empresa Escribano Mechanical and Engineering, S.L.U, sin que a día de hoy exista ninguna decisión adoptada diferente de las comunicadas al mercado”.

Ninguno de los consejeros, tanto los siete independientes (Belén Amatriaín, Coloma Armero, Virginia Arce, Francisco Javier García, Olga San Jacinto, Fernando Villazán y Ángeles Santamaría), como los representantes de SAPA (Jokin Aperribay) y Amber Capital (Pablo Jiménez de Parga) tenían conocimiento oficial de que Escribano ya hubiera contratado a KPMG para hacer una due diligence o análisis pormenorizado de su propia empresa familiar. Por lo que, tras enterarse por la prensa, el enfado fue mayúsculo.

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Un enojo que se acrecentó tras leer el comunicado oficial enviado al organismo regulador, en el que Indra aseguraba que había respetado las buenas prácticas de gobierno corporativo. Más aún cuando se hacía referencia a que el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, estaba liderando una operación cuyos principales beneficiarios serán Ángel y Javier Escribano. Especialmente porque los hermanos estiman que EM&M, gracias al crecimiento de los últimos años por la guerra de Ucrania, vale más de 1.000 millones de euros, diez veces más que cuando en 2022 recompraron un 33% de su capital, que estaba en manos del fondo soberano de Omán.

No es la primera vez que ciertos consejeros muestran su desacuerdo con el actual presidente de Indra, que asumió el cargo el pasado 19 de enero, a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. En la reunión de marzo, algunas de las independientes pidieron explicaciones a Ángel Escribano por haber anunciado en su comparecencia en el Congreso de los Diputados su interés por comprar Santa Bárbara y una planta de Duro Felguera. Transacciones potenciales de las que tampoco había informado previamente al órgano de gobierno de Indra.

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Antes, el 31 de enero, cuando la compañía anunció la adquisición del 90% de Hispasat, Amber Capital, fondo controlado por Joseph Oughourlian, a su vez presidente de Prisa, no votó a favor de esta operación por estar en desacuerdo. Ángeles Santamaría y Coloma Armero tampoco dieron su visto bueno, postura que también mantenía Belén Amatriaín. Consejeras en varias ocasiones han manifestado su oposición a ciertas decisiones internas.

La batalla interna es tal que Santamaría y Armero no aprobaron el nombramiento de Escribano como presidente el pasado mes de enero, cuando, para sustituir a Marc Murtra, elegido primer directivo de Telefónica, se convocó en menos de 24 horas a la comisión de nombramientos y retribuciones y al consejo de administración sin un informe previo de idoneidad.

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