Las públicas Navantia, Indra y Airbus optan a 5.000 millones del plan de defensa del Gobierno

Ya es oficial. El Gobierno invertirá 10.471 millones en defensa para cumplir en 2025 con la OTAN y gastar en el sector un 2% de su Producto Interior Bruto (PIB). Todavía hay dudas sobre cómo se cuadra el presupuesto para que salgan los números, pero sí existe la certeza de quiénes son los ganadores de este plan. Pedro Sánchez quiere que ese dinero se reparta, en su mayoría, en el sector de defensa español. Un negocio que lideran empresas de capital público, como son Navantia, Indra y Airbus.

El 31% de este ‘Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa’, que se envía este miércoles a Bruselas y la OTAN, se destinará a desarrollar y adquirir capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad. Otro 19% se invertirá directamente para fabricar y comprar armas y vehículos de combate. Un 50% de la inversión en un negocio que controlan estas tres participadas por Sociedad Estatal de Participadas Industriales (SEPI).

Indra es el 'campeón nacional' que ha elegido el Gobierno para el negocio de la defensa. La compañía, de la que controla un 25%, y que desde enero tiene a Ángel Escribano como presidente, quiere ser un ‘industrial’ y una empresa con capacidad en las telecomunicaciones de defensa, como evidenció su operación con Hispasat.

Su negocio, de momento, se concentra en proveer de sistemas de mando y control, radares, sistemas de comunicaciones militares, aviónica, simuladores, sistemas de ciberseguridad y soluciones de inteligencia. También participa en la fabricación del blindado VCR 8X8 Dragón. Pero Escribano y el Ministerio de Defensa quieren que Indra tenga más protagonismo en ese 19% de la inversión, 1.900 millones, del plan de defensa.

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Por eso, ambas partes insisten en aumentar su participación en GDELS-Santa Bárbara Sistemas. Una empresa que, a día de hoy, pertenece al gigante estadounidense General Dynamics. La empresa, que en 2001 dejó de pertenecer a la SEPI, destaca por la fabricación de vehículos terrestres militares, como carros de combate (Leopardo), vehículos blindados (Pizarro) y sistemas de artillería. También se busca que Indra aumente su participación en ITP Aero, una empresa que está enfocada en la industria aeronáutica civil pero que participa en programas de defensa con la fabricación de componentes para motores de aviones militares.

Fragatas y aviones

Con esas operaciones, Indra dejaría de ser una empresa de telecomunicaciones y ciberseguridad para ser un gran fabricante de defensa. Mientras tanto, el Gobierno tiene el control de otros grandes fabricantes como Navantia, el principal constructor naval militar de España. Su negocio consiste en el diseño y construcción de fragatas, submarinos, patrulleros, buques anfibios y otros tipos de embarcaciones militares.

Navantia también ofrece servicios de reparación y modernización de flotas, un negocio que también entra dentro del plan de defensa del Gobierno. La SEPI, además, es dueña de Airbus Defence and Space, la división del gigante europeo Airbus, que controla el Gobierno en un 4% y que tiene una presencia muy significativa en España. Se dedica al desarrollo y fabricación de aviones militares de transporte, aviones de combate (como parte del programa Eurofighter), sistemas aéreos no tripulados (UAVs), sistemas espaciales y equipos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

El sector y Madrid se frotan las manos

El 87% de la inversión que planea el Gobierno se destinará a empresas y trabajadores españoles. Un sector que va más allá de las empresas pública. La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) cuenta con un total de 89 asociados que, en sus últimas cifras de 2023, lograron una facturación conjunta de 13.900 millones, según un estudio que realizó la consultora PwC.

Por lo tanto, el plan del Gobierno es una apuesta más que significativa. Compañías como Escribano Mechanical & Engineering, Tecnobit, GMV, Instalaza o SAES (Sistemas de Electrónica Submarina) conforman un tejido industrial que debe absorber los 96.000 nuevos empleos directos e indirectos que promete el Gobierno con su apuesta por el sector.

En términos de comunidades, la gran ganadora promete ser la Comunidad de Madrid. Según el informe de PwC, las industrias que forman parte de TEDAE han contribuido al PIB de España con 19.688 millones, de los que 8.200 millones corresponden a Madrid, seguido a mucha distancia por Andalucía, País Vasco y Cataluña. Un plan que también promete abrir brechas autonómicas.