La Agencia Tributaria investiga a Accenture por varios impuestos en los últimos años

Accenture, una de las consultoras tecnológicas con mayor presencia a nivel global y cotizada en la Bolsa de Nueva York, se encuentra actualmente sometida a inspecciones, investigaciones y procedimientos fiscales en varios países. Entre ellos figura España, donde, según ha podido confirmar El Confidencial, la Agencia Tributaria mantiene abierta desde septiembre del año pasado una investigación sobre el pago de varios impuestos correspondientes a los últimos cinco ejercicios.

El organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, notificó el año pasado a la consultora tecnológica la apertura de un procedimiento de inspección por cuatro tributos: el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, correspondientes al periodo comprendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2023; así como el Impuesto sobre Sociedades, por el ejercicio entre septiembre de 2019 y agosto de 2023.

Accenture, dirigida en España por Mercedes Oblanca, es una de las consultoras líderes en el mercado. En su último ejercicio fiscal, comprendido entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, la firma alcanzó una facturación de 1.791 millones de euros y un beneficio cercano a los 100 millones. Emplea a cerca de 18.000 profesionales en el país y cuenta con una cartera de más de 500 clientes corporativos, entre los que se encuentran el 83% de las empresas del Ibex 35 y 72 de las cien mayores compañías españolas.

A nivel global, la firma, capitaneada por Julie Sweet, registró una facturación de 64.900 millones de dólares (aproximadamente 58.000 millones de euros al cambio actual). De esta cifra, el 47% de los ingresos proviene de América del Norte, el 33% de Europa y el 20% restante de mercados en crecimiento. Al cierre de esta edición, el precio de la acción de la consultora norteamericana que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York es de alrededor de 280 dólares, lo que le otorga un valor de mercado cercano a los 175.000 millones de dólares (algo más de 150.000 millones de euros).

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Aunque la consultora ha preferido no hacer comentarios sobre este hecho, en sus cuentas consolidadas Accenture advierte de que están sujetos a impuestos en numerosas jurisdicciones donde declaran y pagan las cuantías correspondientes. En este contexto, la compañía reconoce que "la contabilidad fiscal conlleva a menudo cuestiones complejas", y admite que "actualmente estamos sometidos a inspecciones, investigaciones y procedimientos fiscales en varias jurisdicciones".

En este sentido, la compañía subraya que las autoridades fiscales, especialmente en mercados clave como Estados Unidos y la Unión Europea, están adoptando enfoques más agresivos y frecuentemente cuestionan los criterios fiscales de las empresas, en particular en lo que respecta a las operaciones interempresas.

La multinacional resalta en sus cuentas el impacto que les generan las reformas fiscales internacionales, destacando la implantación de impuestos digitales y el plan Pilar 2 impulsado por la OCDE, que busca una distribución más equitativa de los beneficios entre países y el establecimiento de un impuesto mínimo global del 15%.

La compañía también advierte que un posible cambio en el tratado fiscal entre Estados Unidos e Irlanda —donde tiene su sede fiscal— podría implicar un aumento significativo de su carga tributaria, afectando de manera negativa los flujos de caja y la situación financiera de las empresas.

Hacienda ya investigó a Accenture en 2007

Accenture ya afrontó una controversia con Hacienda en el pasado, relacionada con su salida a Bolsa en 2001. Siete años después, en 2008, la consultora fue objeto de una investigación por parte de la Agencia Tributaria española y de organismos internacionales como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), debido a la compleja reestructuración societaria llevada a cabo antes de su debut bursátil, que implicó el uso de jurisdicciones como Gibraltar, Bermudas y Luxemburgo.

El núcleo del caso radicaba en que los socios de Accenture no tributaron en el momento de la reestructuración societaria, al interpretar que el pago de impuestos debía diferirse hasta la futura venta de las acciones. Sin embargo, la Agencia Tributaria no compartió esta visión, lo que derivó en la apertura de una inspección fiscal.

En el marco de este proceso, la firma efectuó en 2007 un pago de 143 millones de dólares en España, tras una denuncia interna, que supuestamente presentaron exempleados de Accenture conocedores de la operativa. Aunque la empresa había registrado provisiones fiscales en sus cuentas, no se había producido un desembolso efectivo, lo que generó inquietud en la SEC.

Algunos medios calificaron la operación como un sofisticado ejercicio de ingeniería financiera. No obstante, Accenture defendió que actuó conforme a la legalidad vigente y que su planteamiento fiscal —basado en el concepto de neutralidad fiscal— era válido y defendible.