Oughourlian tiende la mano al Gobierno y mantiene a Contreras a petición de Vivendi

Prisa celebró ayer el consejo de administración para acordar el orden del día de la junta general de accionistas. Un evento anual con los inversores que se iba a ser la madre de todas las batallas dada la declarada guerra entre Joseph Oughourlian, presidente y dueño del 29% del capital, y el bando de empresarios afines al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la reunión sirvió para firmar una tregua a petición de Vivendi, que ha solicitado al propietario de Amber rebajar la tensión con Moncloa para buscar un entendimiento.

Según fuentes de Prisa, Oughourlian, que en febrero anunció la reducción del número de miembros del consejo de los quince actuales a once, tan solo ha propuesto amortizar un puesto, el del destituido Carlos Núñez, consejero delegado de Prisa Media. Los tres asientos que estaban en el alero eran el de Global Alconaba, la sociedad que aglutina a los inversores próximos al PSOE, el de los Polanco, los fundadores del grupo de medios, y el de algunos de los independientes también cercanos al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tanto uno como otro se habían opuesto a la última ampliación de capital y a la subida de los sueldos del consejo.

Sin embargo, tras las últimas conversaciones mantenidas entre Oughourlian, Vivendi y algún emisario de Moncloa, el presidente de Prisa ha optado por no hacer sangre y mantener a Andrés Varela Entrecanales (Global Alconaba) y a Manuel Polanco en el consejo de administración. Los podía haber destituido, ya que ni Entrecanales, aliado con José Miguel Contreras, ideólogo del actual gobierno progresista, ni el heredero del fundador de El País contaban con la participación suficiente para estar representados en el órgano de decisión de la empresa.

Global Alconaba cuenta con un 7% y los Polanco, con cerca del 7,5%. Pero, tras la reciente ampliación de capital por 40 millones de euros y el anuncio de Oughourlian de suprimir cuatro asientos, hubieran necesitado al menos un 9% para mantener su sillón. Al dar marcha atrás, el presidente de Prisa, a petición de Vivendi, evita azuzar una guerra que ha abierto una gran herida con el equipo de Pedro Sánchez, especialmente por su negativa a poner en marcha una cadena de televisión concedida ‘ad hoc’ por Moncloa.

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El cambio de postura de Oughourlian se debe a las recientes conversaciones con Vivendi, a cuyo consejero delegado, Arnaud de Puyfontaine, visitó en febrero Óscar López, el ministro de Transformación Digital, en compañía de Marc Murtra, presidente de Telefónica. Aquella visita a París provocó un gran revuelo por la presunta intromisión del Gobierno y de la operadora en la lucha de poder por Prisa. Hasta el punto de que, en una entrevista inédita a la agencia estatal EFE, Puyfontaine confirmó los contactos al tiempo que negó haber recibido ninguna presión ni amenaza de Moncloa para ponerse del lado de Global Alconaba.

Como compensación por esta mano tendida por parte de Oughourlian a sus hasta hoy enemigos, Vivendi, dueña del 12% de Prisa, se ha comprometido a apoyarle en la próxima junta general, acto en el que Entrecanales y Contreras querían proponer su destitución. De esta forma, el gestor de Amber se asegura una victoria rotunda, ya que, además de su 29,9%, cuenta con el respaldo de los inversores que han suscrito la ampliación del 10% y el compromiso del grupo francés de no ponerse en su contra.

De esta forma, el inversor de origen franco-armenio hace un alto el fuego en la batalla contra los afines a Pedro Sánchez, al que comparó con Francisco Franco en un artículo escrito por él mismo en El País. Una columna en la que defendió la libertad de expresión y la independencia, al tiempo que criticó como nunca antes la intromisión de Moncloa en la línea editorial de una empresa privada de medios.

Esta tregua llega después de que Global Alconaba presentase una demanda contra Oughourlian para detener la ampliación de capital, que ha diluido su poder en el consejo. Una actuación judicial en la que se pide también eliminar una cláusula del contrato de refinanciación que garantiza al presidente su continuidad en el cargo.