Oughourlian convoca consejo de Prisa para adelantar la junta y anular a Moncloa

Joseph Oughourlian ha convocado esta semana un nuevo consejo de administración de Prisa para aprobar el orden del día de la próxima junta general de accionistas. El presidente del grupo editor de El País y dueño del 29,9% a través de Amber Capital va a adelantar la celebración de la cita anual con los inversores, que se celebrará a mediados de mayo, para dar menos margen de maniobra a los empresarios afines al Gobierno de Pedro Sánchez para obtener los apoyos suficientes con los que solicitar su destitución.

Según indican fuentes próximas a la compañía, Oughourlian va a reunir al consejo previsiblemente este miércoles para que el órgano de gobierno ratifique el calendario de la próxima junta general, una cita de vital trascendencia para Prisa ante la guerra declarada entre el presidente y una serie de inversores vinculados a Moncloa. Especialmente porque en la junta se votará la reducción del número de consejeros, por lo que la batalla por mantener el asiento será a cara de perro entre los dos bandos.

Ante esta animadversión, Oughourlian ha decidido que la junta se celebre este año a mediados de mayo, en lugar de a finales de junio, como suele ser habitual desde que asumió la presidencia de Prisa en 2020. Desde ese año, la cita anual con los accionistas siempre ha tenido lugar el último día hábil –el 30 de junio– que permite el Registro Mercantil y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para ratificar las cuentas de la compañía y la gestión de los administradores. En esta ocasión, la fecha final estará entre el 9 y el 16 de mayo, si se aprueba en la reunión de este nuevo consejo.

Oughourlian da por hecho que cuenta con una mayoría suficiente de accionistas para sacar adelante todos los puntos del orden del día, que incluirá la salida de tres de los actuales consejeros, hasta quedar solo once. Dos de ellos podrían ser Andrés Varela Entrecanales, el representante de los próximos a Moncloa, y la familia Polanco, los cuales se han opuesto o no apoyado las últimas decisiones relevantes del presidente, como el sueldo del consejo y la reciente ampliación de capital, suscrita únicamente por inversores próximos al ejecutivo de Amber.

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Debido precisamente a esa operación por 40 millones, el 10% del capital, la participación de Entrecanales y de los Polanco puede ser insuficiente para continuar con representación en el órgano de gobierno. Los primeros tenían un justo 7%, mientras que la familia fundadora de El País contaba con un 7,6%. Unos paquetes que ahora disminuyen de forma proporcional y que, además, se enfrentan a la reducción del número de consejeros de quince a doce. En consecuencia, no tendrían derecho a disponer de un asiento en el consejo, ya que se exige contar con un 9%.

No obstante, otras fuentes apuntan que también podría producirse la salida de Francisco Cuadrado, el presidente de Santillana, que ocupa un puesto de carácter ejecutivo, e incluso alguna de los cinco que están en condición de independientes. Especialmente Maria José Marín Rey-Stolle, muy próxima a Moncloa, y que ha manifestado su disconformidad con algunas de las decisiones estratégicas adoptadas por Oughourlian en los últimos meses. Sobre todo, la negativa a lanzar una cadena de televisión auspiciada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que ha sido la causa principal de esta batalla entre accionistas.

Negativa de la jueza

La tensión entre facciones es tal que Andrés Varela Entrecanales ha decidido demandar a Oughourlian por la supresión del derecho de suscripción preferente de la ampliación de capital y la inclusión en la refinanciación de una cláusula por la que el presidente se asegura la continuidad en el cargo. Una operación clave, pendiente únicamente de firma, que tiene el visto bueno de Pimco, el principal acreedor del grupo de medios.

De momento, Lucía Martínez Orejas, la titular del juzgado de lo mercantil número 18 de Madrid, denegó este lunes las medidas cautelares solicitadas por Global Alconaba para suspender el acuerdo sobre la refinanciación de la deuda "en lo relativo a las cláusulas sobre el condicionamiento a la permanencia material del primer accionista de la compañía al frente de la presidencia del Consejo de Administración". La demanda fue firmada por Rafael Suárez de Lezo, presidente emérito del CMS Albiñana, y Juan Fernández Aguado, socio del departamento de procesal.