El fraude en los carburantes: 23 operadores inhabilitados y 800 millones detectados

El negocio de los carburantes cuenta con un mercado negro en el que pequeños empresarios se están enriqueciendo fuera de la ley. Por un lado, eluden las leyes fiscales y, por otro, las normativas ‘verdes’ que exigen un determinado nivel de biocarburantes en el negocio. Un caso que han denunciado los grandes operadores, como Repsol o Moeve (Cepsa), y que ha tenido un gran impacto mediático por la implicación de Víctor de Aldama, el conseguidor del ‘caso Koldo’. El balance del último año es de 23 operadores inhabilitados y cerca de 800 millones de fraude detectados.

La presión que se desató en 2023 terminó en un real decreto ley que entró en vigor en 2024 y que incorporaba un reclamo del sector: las inhabilitaciones provisionales de operadores. Algo que ha disparado el bloqueo y ha dejado fuera del negocio a 23 empresas, 16 de forma definitiva y 7 temporales. De los 16 definitivos, 8 han sido por incumplir objetivos de incorporación de bios y 8 por no acreditar suficientemente los requisitos para ser operadores cuando fueron requeridos por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Los 8 inhabilitados por no cumplir con los bios acumulan el 79% de los pagos compensatorios de 2023, 460 millones del total de 581 millones. Estos pagos compensatorios son la 'multa verde' que deben pagar las empresas si no alcanzan el 10,5% de biocarburantes en sus productos, que es el nivel obligatorio. Esa es la rama de la investigación que realiza el Ministerio de Transición Ecológica, que se encarga de que todos los operadores de hidrocarburos cumplan con los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

El crecimiento de estas intervenciones ha sido considerable. El listado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contiene 324 empresas registradas oficialmente como operadores de productos petrolíferos, de las que solo hay ahora 99 operadores de alta. Del resto, 225 operadores ya fueron dados de baja, 102 han sido inhabilitados desde 2012. Destacan el año 2017, con 27 inhabilitados; 2019, con 11 inhabilitados; y las cifras desde 2024 hasta hoy, que han bloqueado más empresas que en los últimos cinco años.

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Las cifras totales de fraude en carburantes bios en 2024 no son definitivas. Los datos del tercer trimestre del Ministerio apuntan a 251 millones y 155,7 millones en el último trimestre. Como la primera mitad del año es previa a la nueva regulación, todavía no hay datos oficiales, pero el sector estima que la cifra rondará los 800 millones, frente a los 581 millones de 2023.

Un 18% del mercado y la vía de Hacienda

La vía del Ministerio de Hacienda también ha sido clave para el sector. El organismo que dirige María Jesús Montero revisa en paralelo que estas mismas empresas no realicen tramas societarias para eludir el pago del IVA. Esa es la vía en la que se ha involucrado a la trama de hidrocarburos vinculada con Víctor de Aldama y el 'caso Koldo'.

Su estrategia es más que conocida por Hacienda y el resto del sector. Los operadores y distribuidores fraudulentos simulan ventas de hidrocarburos a sociedades propias creadas ex profeso para llevar a cabo esta trama y esquivar el IVA. El siguiente paso es revender el producto a operadores de gasolineras a muy bajo precio o incluso a pérdida, lo que se pueden permitir porque no soportan el IVA en la compra ni repercuten el IVA en la venta. Después, desaparecen del mercado sin realizar la liquidación.

Hacienda les expulsa del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), necesario para estar en el mercado, y quedan fuera del negocio. Si se suman las empresas que han quedado inhabilitadas por la vía de Hacienda y el Ministerio para la Transición Ecológica, se alcanza cerca del 18% del mercado del negocio de carburantes. Es decir, mucho negocio que se domina de forma fraudulenta.