El Gobierno extiende la moratoria contable del covid para evitar una ola de quiebras

El Gobierno ha prorrogado la moratoria contable que permite a las empresas que sufrieron pérdidas por el coronavirus no contabilizarlas y, por lo tanto, evitar su disolución. El Ejecutivo incluyó esta extensión en el decreto Ómnibus de finales de diciembre que, después, el Congreso no validó. Muchas empresas habían quedado en riesgo de cerrar por contabilizar ahora los números rojos de 2020 y 2021.

El Real Decreto Ley de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial incluye la prórroga de la moratoria contable que decayó con el decreto Ómnibus. Esta medida permite a las empresas no contabilizar las pérdidas de 2020 y 2021 si fueron por causa de la situación de pandemia a efectos de calcular sus fondos propios y la posible causa de disolución.

La prórroga será hasta el 31 de diciembre de 2026, con lo que hasta 2027 las empresas no tendrían incorporar a sus cuentas estos números rojos, que fueron masivos durante el covid. Se trata de un balón de oxígeno que ha servido a muchas empresas evitar la quiebra técnica.

Al incluir las pérdidas de 2020 y 2021, miles de empresas entrarían en causa de disolución, que se produce cuando, al contabilizar pérdidas, el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social, según la Ley de Sociedades de Capital. Es una cuestión jurídica diferente a la insolvencia, aunque son dos conceptos relacionados que pueden provocar una tormenta perfecta en muchas empresas. Si se entra en causa de disolución, hay dos meses para convocar junta de accionistas y proceder al cierre, o reequilibrar la imagen contable con una reducción de capital para absorber las pérdidas o con aportaciones extra de capital. En caso contrario, los administradores pasan a ser responsables solidarios de la deuda acumulada.

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El problema es que si se reduce capital para evitar la causa de disolución, supondría disparar automáticamente el apalancamiento y debilitar financieramente la compañía. Y, respecto a nuevas aportaciones, es difícil que ocurra en empresas que, tras las pérdidas del covid, han recurrido a apalancarse y tienen dudas en torno a la solvencia a medio plazo. Hay que tener en cuenta que, aunque la economía crece y la inflación y los tipos se han moderado, hay un segmento empresarial que se apalancó con el covid, no pudo trasladar el aumento de costes al completo al cliente, reduciendo márgenes, y ha soportado refinanciaciones más caras. Por eso aumentan las reestructuraciones de deuda y, sin esta medida, podría haber una oleada de quiebras.

La base de datos empresariales SABI recoge 2.700 empresas de más de 50 trabajadores. Con los resultados de 2023, últimos publicados, 150 empresas, un 5,5% del total, cerraron con patrimonio neto negativo por pérdidas acumuladas, y 250 (un 9,2%) con fondo de maniobra negativo. La cuestión es que el ejercicio 2023 no fue tan problemático, ni de lejos, como los de 2020 y 2021, cuando hubo pérdidas masivas que ahora habría que incorporar a la contabilidad. Además, según los datos del Ministerio de Industria de junio de 2024, en España hay casi 35.000 empresas de más de 50 trabajadores y cerca de 175.000 de entre 10 y 49, y en las pymes es más difícil encontrar capital para evitar la causa de disolución.

La mera causa de disolución no implica insolvencia. Pero cuando se produce, los administradores deben buscar una solución para no ser responsables solidarios. Por ello, cuando no haya capital suficiente, es probable que opten por solicitar el concurso y evitar responsabilidades. También puede ocurrir lo contrario, que empresas solventes en la actualidad se vean amenazadas con el cierre.