El plan nuclear del PP aparca la bajada de impuestos que piden Iberdrola y Endesa

El Partido Popular ha dado este viernes un paso al frente para evitar el cierre de las centrales nucleares presentando una proposición de ley en el Congreso. Un plan de cierre ordenado que firmó en 2019 el Gobierno con los dueños, principalmente Iberdrola y Endesa, y que ninguna de las dos partes ha pedido de forma oficial cambiar este acuerdo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no cuenta con las nucleares y a los operadores no les salen las cuentas con la fiscalidad actual de la energía nuclear. Algo que no aborda el PP en su iniciativa.

Según detalla el partido que lidera Alberto Nuñez Feijoó, su proposición de ley no toca nada de fiscalidad para sortear un posible veto presupuestario. “El Gobierno no tiene motivo alguno para vetar esta ley, no tiene impacto presupuestario”, defienden los populares. De esta manera, como explican fuentes energéticas, la medida puede tener algún recorrido político pero prácticamente imposible que provoque que los dueños decidan, por fin, solicitar una ampliación de las centrales.

El PP deja caer a las empresas que la mejor fiscalidad llegará de una futura revisión del Plan de Gestión de Residuos. Tampoco se valora abrir una negociación con las comunidades autónomas, alguna gobernada por el PP como Extremadura, para reducir las tasas autonómicas. “Siempre hemos propuesto iniciativas para rebajar la fiscalidad a la energía y vamos a seguir trabajando en esta línea. Pedimos que Armengol no la bloquee para que se puedan pronunciar todos los grupos políticos”, explican desde la formación.

TE PUEDE INTERESAR

El sector energético mira a Galán (Iberdrola) para salvar la central nuclear de Almaraz

Alberto Sanz

La proposición de ley del PP busca, principalmente, que si Iberdrola, Endesa, EDP o Naturgy solicitan ampliar la vida útil de sus siete reactores, y el Consejo de Seguridad Nuclear, el Gobierno no pueda impedirlo. Pero, sin sentarse en la mesa a negociar los impuestos a las nucleares, ninguna empresa moverá ficha en ese sentido. Otra cosa es que, como esperan desde el sector, se quiera hablar de impuestos una vez cerrado el acuerdo político.

10 años es un problema

El Gobierno está a la espera de que entre una petición oficial de las propietarias de las centrales nucleares para ampliar su vida. Y las propietarias están sentadas esperando a que alguien del Gobierno les llame para mejorar los números de sus centrales.

La primera opción es la que está más cerca con un encaje especial. Mientras el PP habla de ampliar la vida útil de las centrales 10 años más, las empresas tienen un acuerdo que les encaja a todos, ampliar sólo hasta 2030 los dos reactores de Almaraz (Cáceres), la primera central en cerrar en 2027 y 2028.

Una posibilidad que cuenta ya con el beneplácito del Consejo de Seguridad Nuclear, un organismo que dió el visto bueno a la central extremeña para operar hasta 2030 pero que limitó su actividad a 2027-2028 para cumplir con el calendario de cierre. Una vida útil que permitiría a los dueños, entre otras cosas, prorrogar el pago de 2.000 millones ‘extra’ que tienen que pagar por el plan de cierre de las nucleares, la denominada ‘tasa Enresa’.

Una posibilidad que necesita que antes le salgan los números principalmente a Iberdrola, el máximo accionista de Almaraz. Con esta medida, se lograría una prórroga puntual que haría ganar tiempo a todos, tanto al PP como a las propias empresas.