La banca da un volantazo para taponar la sangría de las reestructuraciones

La banca mueve ficha para liderar los planes de reestructuración de las compañías y evitar en la medida de lo posible, las fuertes quitas que algunas sentencias están avalando al amparo de la Ley Concursal. Durante estos primeros tres años con la nueva normativa, son muchos los procesos que han contado con el apoyo de las entidades, pero algunos casos recientes como el de Naviera Armas, que ha supuesto una quita para la banca de prácticamente el 100% de la deuda, también generan inquietud en las asesorías legales de los bancos, según confirman fuentes financieras a El Confidencial. Si una actitud conciliadora puede derivar en un ‘agujero’ en el balance, algunas entidades consideran que es momento de adoptar una posición más agresiva y de liderazgo.

“Si bien es cierto que en las primeras operaciones que se han hecho tras la reforma los fondos han adquirido un papel de liderazgo, la posición está cambiando y estamos viendo a la banca tomar posiciones activas, con un profundo conocimiento de la norma y de las herramientas que provee”, señala Miguel Lamo de Espinosa, socio y director de Reestructuraciones y Situaciones Especiales de Gómez-Acebo & Pombo.

Ignacio Buil y Rosa M. Gual, socios de Restructuring de Cuatrecasas, también consideran que el rol de la banca es más activo en comparación con los antiguos acuerdos de financiación y añaden que las entidades “han liderado numerosas reestructuraciones, especialmente en el segmento del 'mid-market', donde la mayoría de los procesos han sido consensuales, y por lo tanto, no han tenido tanta repercusión mediática”. Ese liderazgo les ha llevado a crear sus propios equipos de anticipación, reforzar sus equipos de riesgos y sofisticar sus procesos de alerta preventiva, añaden los letrados.

Javier Castresana, socio responsable de Reestructuraciones en A&O Shearman, coincide en apuntar que de la totalidad de planes de reestructuración homologados hasta la fecha, la mayoría han sido consensuales con el apoyo de la banca. En los casos no consensuales, explica, muchos han terminado con una sentencia estimatoria de la impugnación. “Creo que es más una cuestión de situaciones en las que ha habido distinto tipo de acreedores; básicamente, bonistas y banca tradicional. Debido a la regulación bancaria, nunca van a tener el mismo enfoque bancos o fondos ante una restructuración. Lo ideal es combinar el valor que pueden ofrecer los dos grupos en este tipo de procesos, aunque es normal que haya situaciones donde no haya punto de encuentro, y tengan que seguir caminos separados”.

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El marco concursal actual, que parte de la ley aprobada en septiembre de 2022, busca impedir vetos y fomentar las negociaciones entre accionistas y acreedores para que las empresas que sean viables salgan adelante. Pero, en muchos casos, ha habido pérdidas importantes para los bancos contra su voluntad, ya que se han visto arrastrados por planes presentados por empresas o por otros acreedores.

“Lo relevante no es evitar los arrastres o las quitas en abstracto, sino si los mismos son procedentes o no. Con la nueva regulación, la procedencia de la quita es una función de la valoración de la empresa. Si la quita es procedente, debería ser irrelevante que quien proponga el plan sea el deudor o el acreedor”, recuerda Adrián Thery Martí, socio responsable reestructuraciones e insolvencias de Garrigues. “El nuevo marco legal de la Unión Europea en materia de reestructuraciones va dirigido a evitar problemas de infrainversión derivados del fenómeno de 'debt-overhang' (refinanciaciones a empresas muy endeudadas para que sigan funcionando). En este contexto, las quitas no tienen por qué ser negativas si están justificadas por la valoración de empresa”, agrega.

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Thery considera que la aceptación de planes competidores, algo no resuelto ni en la normativa ni en audiencias provinciales –algunos jueces mercantiles, como en Single Home, han rechazado tramitar planes competidores–, permitiría un papel más activo de los tenedores de la deuda: “Ciertos acreedores profesionales están tomando la iniciativa a la hora de proponer planes de reestructuración en lugar del deudor. Pero esta iniciativa no será plena hasta que no se admita la posibilidad de proponer planes competidores por parte de quienes no hayan propuesto el primer plan inicial, ya sea el deudor o acreedores”.

Por su parte, Santiago Hurtado, socio de Dentons, considera que los bancos están siendo activos “en casi todos los planes de reestructuración que se están homologando, en los que cuentan no solo con el apoyo de los bancos, sino con su impulso. En aquellos planes que les imponen quitas injustificadas, la banca está reaccionando y los impugna. Teniendo en cuenta que estamos en la fase de fijación de criterios judiciales sobre la normativa, es importante que no se dejen pasar situaciones que son contrarias a los principios establecidos por la Directiva 1023/2019 y su transposición en España”.

El abanico de planes impuestos a la banca ha sido amplio. Desde situaciones en las que con menos del 1% del pasivo se ha sacado adelante una reestructuración, forzando la ley e indignando a los bancos, y otras en las que las entidades han rechazado desde el primer momento medidas de recalendarización o quitas a pesar de ser conscientes de que eran necesarias para evitar el concurso. También se están produciendo algunos casos en los que los bancos, por primera vez, se muestran flexibles aunque vayan a perder dinero. Es el caso de Soltec, donde están abiertos a consensuar una solución pese a que implique quitas y que haya habido una segunda prórroga, algo con lo que en general están en contra. “En nuestra experiencia, el posicionamiento de la banca ante cada reestructuración depende completamente del proceso, de la compañía, de la viabilidad de su negocio (incluidas perspectivas futuras), de la involucración de sus accionistas y administradores y de la composición de su pasivo”, señalan Ángel Pérez López y Luis Jiménez, abogados de Financiero de Uría Menéndez.

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“Una cuestión es primar la viabilidad de la entidad deudora y de su valor, y otra es que se haga a expensas del sacrificio total, o casi total, de los acreedores”, arguye Ignacio Fernández, socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo. “Se han llegado a demandar ajustes normativos que pongan coto a planes de reestructuraciones que propongan contenidos excesivos, especialmente por arrastre y sin práctica intervención del acreedor afectado, en este caso la entidad financiera”, apostilla.

Para Manuel Mingot, socio de Squire Patton Boggs, los bancos están siendo “responsables” en la mayoría de procesos. “Es difícil exigirles un papel más activo porque muchas veces el diseño del plan o las clases de créditos conformadas en el plan son propuestos por el propio deudor o por su asesor”. Por otra parte, prosigue, “no es posible exigirles un rol más activo en operaciones de reestructuración que llevan quita de deuda, y que posiblemente puedan impugnar por la conformación artificial de las clases o por vulneración de las reglas de equidad”, agrega.

Consecuencias de las quitas

Un problema que ya se ha visto en algunos procesos es la relación entre los bancos y las empresas reestructuradas, especialmente cuando se han impuesto quitas forzosas a las entidades financieras. Estas compañías han tenido problemas para obtener financiación de corto plazo y asegurar su circulante, teniendo que recurrir a vías de deuda alternativa con costes mucho más elevados.

“No se trata tanto de un problema relacional, que también, sino de un problema regulatorio. Tras una situación de incumplimiento, los bancos tienen que mantener ciertas provisiones, lo que les penaliza enormemente en situaciones en las que tengan que dar dinero nuevo, o líneas de circulante”, advierte Castresana. “Por ejemplo, hay muchas compañías que necesitan líneas de avales que solo pueden dar los bancos; una reestructuración muy agresiva puede llevar a una estructura no bancarizable y, por tanto, a que la compañía pronto pierda la viabilidad”.

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"Cualquier medida gravosa que se imponga por arrastre a acreedores podría tener un impacto negativo en la futura financiación de las compañías. La imposición de un plan no consensual puede lógicamente deteriorar la relación entre las entidades financieras y las empresas reestructuradas. No es un buen precedente”, señalan los socios de Cuatrecasas. “Lo crucial es que las empresas y sus acreedores de cualquier tipo trabajen en conjunto para encontrar soluciones consensuadas que minimicen el impacto negativo en las relaciones futuras y faciliten la recuperación y viabilidad de las compañías reestructuradas.”

“Si la aprobación ha sido forzada y las entidades han sido arrastradas, incluso sin haber sido parte en la negociación, la confianza se habrá quebrado y será más difícil mantener la financiación. A mi juicio no se trata de un castigo por la quita sufrida, sino de una cuestión de mercado y confianza entre deudora y acreedores”, añade Hurtado, de Dentons, en la misma línea.

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Mingot, de Squire Patton Boggs, insiste en esta tesis: “Las quitas de deuda se traducen en importantes problemas de financiación a corto plazo para las compañías reestructuradas, ya que los bancos que han sufrido las quitas cortan toda la liquidez y líneas de circulante al deudor. Este tipo de planes de reestructuración con quita cuestionan el acceso a la financiación por parte del deudor en condiciones de mercado, cuando, en muchas ocasiones, se podría revertir la quita con un alargamiento o extensión del calendario de amortización. Las empresas reestructuradas en planes con quita de deuda tienen que acudir a la financiación de los accionistas o a otras fórmulas de financiación de circulante mucho más caras, fuera del circuito bancario”.

Los letrados de Uría Menéndez añaden que un problema de liquidez para las compañías llegará si se generaliza un escenario de quitas agresivas para la banca. “Nos tememos que la banca sería mucho más reticente a dar financiación a empresas con mayor riesgo de insolvencia y sería más exigente en el análisis de la capacidad financiera de los deudores, lo que podría suponer una reducción del crédito bancario a las empresas menos fuertes o un encarecimiento de las condiciones económicas. Por otro lado, si el plan de reestructuración ya se ha aprobado y las entidades financieras han sufrido quitas agresivas, la relación comercial y de confianza entre las partes se habrá deteriorado, y las entidades financieras afectadas serán menos proclives a conceder nueva financiación”, concluyen.