Trump deja colgado a Repsol con 504 millones de euros en petróleo y gas venezolano

Repsol había conseguido en 2024 un alivio en Venezuela. Joe Biden prorrogó su permiso para seguir operando con un país ‘enemigo’ y Nicolás Maduro ofreció más alternativas a la empresa española para pagar sus deudas en especie, con petróleo. Pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha roto este ‘status quo’. El equipo de Josu Jon Imaz, consejero delegado de la petrolera española, tiene dos meses para encontrar una solución urgente a sus activos de 504 millones de euros de petróleo y gas venezolano, donde cuenta con alianzas hasta 2046.

La Casa Blanca ha avisado a Repsol y al resto de empresas que operan en Venezuela, entre las que se incluye la italiana ENI, que tienen hasta finales de mayo para liquidar las operaciones en el país, según informaban los medios estadounidenses este domingo y como confirman fuentes conocedoras a El Confidencial. Una exigencia que pilla a la empresa española con una exposición patrimonial de 504 millones de euros, que duplica los 259 millones con los que cerró 2023.

Este importe representa el valor neto de Cardón IV (la compañía que gestiona el yacimiento de gas Perla), la financiación en dólares otorgada al negocio conjunto Petroquiriquire (empresa que comparte con el Gobierno de Venezuela) y la deuda a cobrar con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).Si no encuentra soluciones para estos activos, Repsol se expone a sanciones contundentes en Estados Unidos, su tercer mercado por ingresos y segundo por inversiones. Un asunto que también afecta a España. Trump emitió una orden ejecutiva el pasado lunes que establece que Estados Unidos impondrá un arancel del 25% a cualquier país que compre petróleo venezolano.

Maduro cuenta con Repsol y viceversa

Venezuela necesita que Repsol le siga proporcionando 'gratis' hasta 2036 el gas que produce en su territorio para que funcionen las centrales que generan la electricidad que necesita el país. Repsol, por su parte, busca que el Gobierno de Maduro le pague lo que le debe, deuda que, en ausencia de dinero, se paga con barriles de petróleo.

Una relación que se puede dar porque tiene el permiso de Estados Unidos, conocido como "Licencia General 44". Es una licencia emitida el 18 de octubre de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y autoriza a cualquier compañía del sector petrolero y gasista a realizar operaciones en Venezuela durante un período de seis meses. En este contexto, Repsol y PDVSA firmaron un acuerdo en 2023 para la gestión de Petroquiriquire con el fin de aumentar la producción y facilitar la recuperación de la deuda ligada a estos activos, sin necesidad de inversiones adicionales por parte de Repsol.

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El permiso del Gobierno de Joe Biden venció el pasado 18 de abril. No obstante, el 21 de mayo de 2024 se concedió una licencia específica que permite a diferentes compañías del Grupo Repsol continuar sus operaciones en Venezuela en un marco de seguridad y estabilidad para el desarrollo de sus planes de negocio. Por ello, en 2024, Repsol y PDVSA ampliaron su acuerdo con la adquisición de dos nuevos campos petrolíferos en compensación de la deuda comercial histórica por venta de crudo.

Un pacto hasta 2046

Además, Repsol y PDVSA pactaron realizar "gestiones pertinentes" para extender el plazo de la licencia de los campos de Petroquiriquire hasta 2046. Unas gestiones que quedaron latentes el pasado mes de septiembre. Nicolás Maduro citó a los directivos de Repsol en el país para revisar este acuerdo comercial, con su foto correspondiente.

El petróleo venezolano tiene cualidades especiales y Repsol es de las pocas compañías a nivel mundial que puede procesarlo en sus refinerías, un aspecto que alimenta esta relación. Pero sus conversaciones se han complicado desde el 20 de enero de 2025. La segunda etapa de Donald Trump en la Casa Blanca es aún más beligerante que la anterior con cualquiera que tenga negocios con Venezuela.

Repsol, que ha preferido no realizar comentarios a El Confidencial sobre este escenario, tiene contratado a un experto independiente para validar los juicios de la dirección con su crisis en Venezuela, según informaba su auditor PwC en sus últimas cuentas. Es decir, el equipo que lidera Josu Jon Imaz busca desde el cierre de 2024 una solución en Venezuela tras la llegada de Trump.