Fernando Romero, fundador de EiDF, crea una SCR tras dejar sus cargos en la energética

Las grandes fortunas de nuestro país están creando numerosas sociedades de capital riesgo (SCR) como consecuencia del carpetazo a las sociedades de inversión de capital variable (sicav) y lo hacen por dos motivos: la elevada rentabilidad de los mercados privados y la fiscalidad de este tipo de productos. El último en sumarse a este boom ha sido Fernando Romero, fundador de EiDF, compañía energética del sector renovable que cotiza en el BME Growth.

El empresario vasco, que ha sufrido el embargo de bienes por el impago de deudas a socios y proveedores, ha decidido crear la sociedad de capital riesgo Prosol Nenya, que recibirá el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en cuestión de semanas. La firma cuenta con Prosol Energía como socio único y con el propio Fernando Romero como administrador único e invertirá en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en los mercados.

La sociedad de capital riesgo (SCR) tiene el domicilio social en la calle Serrano, que es la sede de Andbank España en Madrid. De hecho, este vehículo financiero está gestionado por Actyus Private Equity, firma del grupo Andbank para concentrar, canalizar y estructurar las inversiones de los clientes del grupo a través de vehículos de capital riesgo. Además, cuenta con Banco Inversis como entidad depositaria.

Prosol Nenya SCR parte con un capital suscrito de tres millones de euros, de los que 750.000 euros ya han sido desembolsados. Así, arrancó con sus operaciones en los mercados privados el pasado 13 de marzo y Fernando Romero buscará emular la rentabilidad que tuvo con EiDF, que actualmente capitaliza 295 millones euros. La energética debutó en el antiguo Mercado Alternativo Bursátil (MAB) con un valor de mercado de 57 millones de euros y llegó hasta los 1.800 millones en marzo de 2023, aunque después las dudas suscitadas sobre el empresario y la viabilidad de la empresa hicieron que se desplomara cerca de un 85% desde sus máximos históricos.

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Esta situación crítica para EiDF es la que hizo que Fernando Romero fuera dejando los distintos cargos que ostentaba en la empresa de instalaciones de autoconsumo industrial, generación y comercialización de energía verde. Primero lo hizo de presidente, puesto que fue asumido por Eduard Romeu, junto al de consejero a finales de octubre de 2024 y, algo más tarde, el de senior advisor, tal y como al BME Growth la semana pasada (17 de marzo).

Los numerosos problemas que ha atravesado EiDF han provocado, de hecho, que Fernando Romero dejara la lista Forbes de los más ricos de nuestro país. En 2022, el vasco ocupaba el puesto 34 de dicho listado, con un patrimonio de 850 millones de euros, que se redujo notablemente tras el desplome de cotización de la energética tras apreciar Deloitte irregularidades en sus cuentas y no firmarlas; o por las pérdidas de casi 32 millones que sufrió en 2023 y que provocaron un choque con PwC al incluir diversas salvedades en sus cuentas.

Aluvión de sociedades

Fernando Romero sigue así los pasos de otras fortunas de nuestro país que han recibido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para este tipo de vehículos financieros. Este ha sido el caso del presidente y fundador de Arcano, Álvaro de Remedios; el del presidente y CEO de la empresa de embutidos Argal; el de los hijos de Fernando Martín, los Puig Alsina con Songai Capital; de Ander Michelena, cofundador de Ticketbis y All Iron Ventures; el de Sainz de Vicuña, históricos de Coca-Cola, al crear Miscante Inversiones; o el de la creadora de Petroprix, al lanzar la primera sociedad que Crescenta ofrece a ricos, entre otros.

Esta irrupción en el capital riesgo no es casualidad entre las grandes fortunas españolas, puesto que la participación en sociedades de capital riesgo es deducible en Patrimonio o en el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), con la exigencia de que al menos el 60% de los activos de la firma estén invertidos. Por eso, cada vez se lanzan más sociedades de capital riesgo (SCR). Ya hay más de 500 operativas en la CNMV, frente a las menos de 300 que había en 2022.