Puente pide informes a la Abogacía del Estado para aliviar la multa a Talgo y desatascar la operación Sidenor

El consorcio vasco que lidera Sidenor quiere que se alivie la penalización de 116 millones que Renfe reclama a Talgo para cerrar la compra del 29% del fabricante al fondo Trilantic. El problema es que Talgo apenas capitaliza 417 millones de euros, ingresa 670 y gana 9. Solo el riesgo de tener que abonar ese importe eleva el riesgo de la transacción de una operación que implica al Gobierno vasco y está apadrinada por el Ministerio de Transportes, organismo que controla Renfe. Por ello, el equipo del ministro Óscar Puente ha consultado con la Abogacía del Estado las vías legales para aliviar esta sanción y facilitar la entrada a Sidenor para mantener la españolidad de Talgo.

El operador público ferroviario aceleró los trámites de su reclamación, basada en el incumplimiento de la entrega de trenes, mientras un consorcio público privado húngaro, Ganz MaVag, había lanzado una opa que valoraba la compañía en 600 millones. El Gobierno se opuso desde el principio a esa operación. El propio Puente aseguró en marzo de 2024 que haría "todo lo posible" para evitar que los húngaros se hiciesen con Talgo, a pesar de que era la preferida de los accionistas de referencia. Los vínculos del Gobierno de Budapest, liderado por Viktor Orbán, con su homólogo ruso, Vladímir Putin, no facilitaban la situación. A finales de año, Renfe activó formalmente la reclamación.

Según informan a El Confidencial fuentes conocedoras de la cuestión, el informe de la Abogacía del Estado pone los límites legales a la maniobra de Transportes. La Abogacía del Estado alerta al equipo de Puente de que cualquier rebaja o suspensión de la multa puede derivar en delitos como malversación, según apuntan las mismas fuentes sobre un documento que no es público y que no se facilita desde el Gobierno.

La respuesta del órgano dependiente del Ministerio de Justicia ha sido clave para el trabajo que se está realizando actualmente desde Transportes. Óscar Puente analiza con Álvaro Fernández Heredia, el nuevo presidente de Renfe que llegó al cargo en enero de la mano del propio ministro, la forma de “dilatar” o “diferir el pago” de los 116 millones de euros que Talgo debe al organismo público.

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Alberto Sanz

Esta multa es el elemento que frena a José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, a estampar su firma, un mes después de anunciar su “acuerdo comercial” con el fondo Trilantic. La sanción de Renfe, que se impuso bajo el asesoramiento de varios despachos externos, responde a los más de dos años de retraso en la entrega de los trenes Avril, renombrados como ‘Serie 106’. Inicialmente, las unidades debían estar listas en enero de 2021 para entrar en servicio en verano de ese año. Según Talgo, la penalización no procede porque el incumplimiento se debió a causas de fuerza mayor, sobre todo la disrupción provocada por la pandemia.

Se trata de multa que Talgo ha tenido que provisionar y que le ha llevado a presentar números rojos en 2024, pese a registrar unos ingresos de récord (el beneficio neto fue de 8,8 millones de euros, pero si se tiene en cuenta la provisión de la multa, queda en -108 millones). Si la empresa logra un alivio, la inversión de 177 millones que lidera Sidenor, junto con el Instituto Vasco de Finanzas, controlado por el Gobierno vasco, y las fundaciones bancarias Caja Vital Kutxa y Bilbao Bizkaia Kutxa, encontrará mayor oxígeno financiero a su entrada y el Gobierno se asegurará la españolidad de una compañía que, desde 2024, ha catalogado como “estratégica”.

Talgo tiene ciertas urgencias

Talgo necesita cuanto antes resolver sus asuntos accionariales, reconstruir su consejo de administración y afrontar operativamente el desatasco de los 4.000 millones de euros que tiene en su cartera de pedidos. La multa de Renfe puede repetirse con otros clientes, como aseguran fuentes cercanas a la compañía.

Uno de los pedidos más urgentes es de la empresa ferroviaria alemana Deutsche Bahn (DB). El fabricante, todavía con sede en Las Rozas (Madrid), se comprometió a producir 56 nuevas unidades del Talgo 230 por un importe de unos 1.400 millones de euros, de las que 23 se esperaban tener rodando por Alemania en diciembre de 2024.

Un plazo que no se ha cumplido y que espera resolverse este próximo verano. Unas urgencias que hacen que los contactos con Polonia y su fabricante público Pesa sigan abiertos para cumplir con este objetivo industrial, pese a obligar a la compañía a no presentar una OPA por Talgo para blindar la españolidad del fabricante de trenes. Una vez cerrado el asunto de Renfe y la firma de Jainaga, se espera que se aceleren las negociaciones con el operador polaco.