La Comisión Europea ordena a España que no pague 101 millones por el laudo renovable de Antin

La Comisión Europea da un espaldarazo a la estrategia de España con los arbitrajes por las primas a las renovables. Bruselas ha anunciado este martes que el laudo arbitral de 2018 en favor de Antin es una ayuda de estado ilegal, de modo que si España abona los 101 millones de euros reconocidos por el laudo vulnerará la normativa comunitaria.

La Abogacía del Estado junto a sus asesores logran de esta manera un respaldo a su estrategia de no pagar ni un solo arbitraje. Su derrota arbitral en el caso Antino en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo perteneciente al Banco Mundial, sienta un precedente positivo para su estrategia. De esta manera, la Comisión blinda a España para cualquier pago, ejecución o aplicación del fallo arbitral, ya sea a Antin o a cualquier otra entidad que haya adquirido o pueda adquirir los derechos derivados del mismo.

Se trata de la primera decisión de la Comisión sobre los arbitrajes de renovables en los que España se enfrentó a inversores internacionales que consideraron ilegales los recortes a las primas a las renovables que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que retiró en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy. Esos cambios se aplicaron también a aquellas instalaciones que llevaban recibiendo ayudas desde 2007, lo que significaba que algunas inversiones de Antin ya no estaban cubiertas por este esquema. Eso llevó a la compañía a pedir una indemnización ante el tribunal de arbitraje de inversiones, que en 2018 estableció que el Estado debía pagar 101 millones de euros a Antin sobre la base del Tratado de la Carta de la Energía (TCE).

“Vulnera normas fundamentales del derecho de la Unión”

Tras una investigación en profundidad, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el laudo arbitral (...) es una ayuda incompatible con las normas sobre ayudas estatales de la UE”, señala el Ejecutivo comunitario este lunes. El problema de la Comisión es que se trata de un “arbitraje intracomunitario” que “vulnera normas fundamentales del derecho de la Unión”. Para Bruselas hay un único panel de arbitraje relevante en este sentido: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la alta corte de Luxemburgo que es la intérprete última del derecho de la Unión Europea. Así quedó reflejado en una sentencia del propio TJUE en 2021, aclarando que los arbitrajes reflejados en el TCE, firmado en 1994, no se aplicaban a las relaciones entre Estados miembros.

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“Los dos inversores que plantearon el litigio contra España están registrados en Luxemburgo y los Países Bajos, respectivamente”, recuerda la Comisión, señalando así que se trata de un caso para el TJUE, y no para un panel de arbitraje de inversiones con base en el Banco Mundial. “España debe seguir resistiéndose a los intentos de ejecutar el laudo, además de no pagar voluntariamente”, insiste la Comisión Europea. El Reino de España ya usó los mismos argumentos que ahora utiliza el Ejecutivo comunitario durante el proceso ante el panal de arbitraje, señalando que estos procesos intra-comunitarios son contrarios al derecho de la Unión. Teresa Ribera, actualmente vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, anunció en 2024 la salida de España del TCE cuando todavía era vicepresidenta del Gobierno de España a cargo de Transición Ecológica.

El Gobierno celebra la decisión

Para el Gobierno esta decisión es un triunfo de su estrategia de evitar pagar el centar de arbitrajes que pese positivamente esta medida, puesto que confirma la posición que mantiene en la oposición al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeuropeos, derivados de arbitrajes iniciados por inversores de un Estado Miembro de la UE frente a otro Estado Miembro de la UE.

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“La Decisión será invocada por España en las distintas jurisdicciones extranjeras donde el país, en cumplimiento del derecho de la UE, se está oponiendo judicialmente al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeuropeos”, explican en un comunicado. “España espera que tales tribunales respeten la Decisión de la Comisión Europea, única institución competente para decidir sobre ayudas de estado”, añaden.

Reclamaciones de 10.635 millones

Al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, los inversores internacionales han presentado 51 arbitrajes contra el Reino de España por los recortes aplicados a las renovables, con reclamaciones que suman 10.635 millones. Un total de 43 se han fallado; diez se han ganado; tres se han anulado; tres demandantes han desistido, acogiéndose al marco establecido por el RDL 17/19, y otros ocho están pendientes de laudo.

“El Gobierno ha adoptado una estrategia de defensa de los intereses del Estado frente a las demandas de las empresas inversoras a través de la actuación de la Abogacía del Estado, consistente en agotar todas las vías procesales disponibles”, aseguran. “Gracias a esta estrategia, además de evitar el efecto llamada que podría provocar la falta de actuación procesal frente a las demandas de las instalaciones afectadas, se está consiguiendo un notable éxito”, puntualizan.

Tras este reconocimiento de Bruselas, el Gobierno también recuerda que han logrado con su plan de no pagar reducir en un 85% la cantidad demandada. Todavía tiene que hacer frente a 1.514 millones de euros en laudos desfavorables por estas primas a las renovables.