Los fondos cargan contra Ribera por el veto de Bruselas al pago de laudos por renovables

La decisión de la Comisión Europea de ordenar este lunes al Estado español que no pague la indemnización millonaria que un tribunal de arbitraje había establecido como compensación a Antin por los recortes a la retribución de las renovables ha generado polvareda. Los fondos han contraatacado acusando a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de Competencia, de conflicto de interés: habría influido en la decisión a nivel europeo, habiendo defendido la postura de España como vicepresidenta del Gobierno, según esta versión. En un comunicado, los fondos aseguran que la española ha interferido en el proceso y que solamente se anunció que se apartaría del caso a finales de febrero. Esto contrasta con el hecho de que la propia Ribera se recusó de una serie de casos de competencia que afectaban a España, también de este, a los pocos días de llegar a la Comisión Europea, en diciembre.

La acusación de los fondos se basa en la idea de que Ribera no se ha apartado del caso a pesar del compromiso que adquirió durante el ‘examen’ que realizó ante el Parlamento Europeo en noviembre. En ese momento se comprometió a no participar en ninguna investigación de competencia que pudiera provocar algún conflicto de interés por su anterior rol como vicepresidenta del Gobierno de España a cargo de Transición Ecológica. “No consta ningún documento que ratifique este supuesto compromiso”, aseguran los fondos. Sin embargo, El Confidencial ha tenido acceso a la carta en la que el 19 de diciembre, pocos días después de acceder al cargo, Ribera se recusaba de una serie de casos, entre otros el que afectaba a Antin.

“La vicepresidenta ejecutiva Ribera informó a la presidenta (Ursula von der Leyen) de su intención de recusarse de cualquier decisión relativa a una serie de expedientes de ayudas estatales españolas. Por consiguiente, la presidenta tomó las medidas oportunas y decidió reasignar la responsabilidad política de estos expedientes al comisario (Valdis) Dombrovskis. Esto garantizará que cualquier decisión relacionada con estos casos específicos se tome sin la participación de la vicepresidenta ejecutiva Ribera”, ha señalado Lea Zuber, portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario.

Los fondos consideran que otra prueba de que en realidad el asunto seguía estando en manos de Ribera fue que el 10 de marzo de 2025 representantes legales del bufete K&L Gates, que representa a los afectados, se reunieron con Zaneta Vegnere, jefa de gabinete adjunta de Dombrovskis, y Gabriella Tschirkova, miembro del equipo del presidente, y que ambas mostraron no estar familiarizadas con el caso. En el portal de transparencia del gabinete del comisario, donde se deben registrar todas las reuniones que mantienen los miembros del equipo, no hay ninguna referencia a este encuentro, aunque la Comisión Europea aclara que las reuniones que tienen que ver con casos activos de competencia están excluidas de estos registros de transparencia.

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El laudo arbitral determinó que España debía indemnizar a Antin con 101 millones de euros en 2018. Tras recibir el laudo, el Estado lo notificó a la Comisión Europea para estudiase cómo 'encajaba' con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas estatales. En 2021, la Comisión Europea abrió una investigación en profundidad que ha culminado en la decisión conocida, que concluye que el abono de este laudo se trataría de una ayuda de Estado ilegal.

En concreto, el Ejecutivo comunitario señala que los arbitrajes intracomunitarios entre inversores europeos (estos están basados en Luxemburgo y Países Bajos) y Estados que estén basados en tratados bilaterales de inversión son contrarios al Derecho de la Unión Europea. En particular, cita las famosas sentencias de los casos Achema y Komstroy, que son precisamente los casos que la Abogacía del Estado siempre cita para defender la ilegalidad de estos arbitrajes.

Dado que la Comisión Europea entiende que el laudo constituye una ayuda estatal ilegal, ha ordenado a España que no abone ninguna indemnización.

Su batalla no ha terminado

Tras el espaldarazo de la Comisión a España, los fondos seguirán su batalla por tres vías. En primer lugar, sus abogados pretenden impugnar tal decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que es precisamente la vía a la que ha señalado el Ejecutivo comunitario este lunes. “Esta apelación sometería el asunto al escrutinio de una autoridad judicial independiente y con plena competencia para evaluar la legalidad de las decisiones de la Comisión", explican. “Y, si así fuese procedente, anular aquellas actuaciones y pronunciamientos que infrinjan el Derecho de la UE", añaden estos inversores a través de sus representantes legales.

El segundo frente es seguir avanzando con su laudo en otras jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Bélgica, donde se sienten más respaldados que con los organismos europeos. “Las medidas de ejecución como embargos de activos y órdenes judiciales siguen activas y no se ven afectadas por la postura de la Comisión”, aseguran. El mensaje del Ejecutivo comunitario ha sido claro este pasado lunes: “España debe seguir resistiéndose a los intentos de ejecutar el laudo, además de no pagar voluntariamente”.

Por último, los dueños de estos laudos, que este lunes han recibido muy malas noticias desde Bruselas, se reafirman en el objetivo de “lograr el pleno cumplimiento del laudo” y con “la defensa de la integridad del arbitraje internacional”. “Este caso trata, en esencia, de defender el Estado de derecho y la ejecutabilidad de laudos arbitrales válidos. Si las instituciones de la UE no están a la altura, los tribunales de ejecución en todo el mundo seguirán garantizando que se haga justicia”, afirma uno de los abogados de estas empresas.

Ribera, una figura clave

Ribera ha sido una pieza clave desde 2018 en la estrategia de España de no pagar estos laudos. La batalla por las primas a las renovables tiene su origen en la oleada de inversores internacionales que se lanzaron a los tribunales internacionales tras la eliminación retroactiva de subvenciones a energías limpias que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2007 y 2013, España ofreció incentivos para atraer inversión extranjera que impulsaron inversiones valoradas en más de 70.000 millones de euros en proyectos solares y eólicos.

Un incentivo que se cortó con el cambio de Gobierno de Mariano Rajoy, que recortó drásticamente esos incentivos. Un cambio regulatorio que provocó una riada de demandas de inversores bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Estas disputas se resolvieron mayoritariamente a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde España ha perdido 25 procedimientos.

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Los inversores internacionales han presentado 51 arbitrajes contra el Reino de España por los recortes aplicados a las renovables, con reclamaciones que suman 10.635 millones. Un total de 43 se han fallado; diez se han ganado; tres se han anulado; tres demandantes han desistido, acogiéndose al marco establecido por el Real Decreto Ley 17/19 que puso en marcha Ribera, y otros ocho están pendientes de laudo.

“La mayoría de los demandantes originales han vendido los derechos de cobro de los laudos a fondos buitre”, afirmaba este lunes el Ministerio para la Transición Ecológica. Unos ‘buitres’ contra los que ha agotado todas las vías legales para no pagar. “Gracias a esta estrategia, además de evitar el efecto llamada que podría provocar la falta de actuación procesal frente a las demandas de las instalaciones afectadas, se está consiguiendo un notable éxito”, aseguraba el Ministerio que hasta unos meses lideraba Ribera.