Lío nuclear entre las energéticas: las renovables planean batalla legal si se extienden las centrales
Las empresas y fondos que han invertido grandes cantidades de dinero desde el acuerdo de cierre en 2019 buscan con sus asesores vías para responder a un posible agravio
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España ha duplicado su generación renovable desde 2019, el año en el que nació la actual hoja de ruta energética del país (PNIEC). El Gobierno llamaba a la inversión masiva en energía ‘verde’ tras cerrar el carbón y, principalmente, pactar el cierre ordenado de las nucleares con sus dueños. Un cierre nuclear que, seis años después, se intenta evitar por varios frentes. Un ruido que ha activado a los asesores legales de aquellas empresas e inversores que han invertido miles de millones en proyectos verdes para cumplir con esa hoja de ruta.
“En estos momentos, revisamos vías como la responsabilidad patrimonial que puede tener extender la vida útil de las nucleares”, explica un asesor legal de una conocida compañía de renovables. “El PNIEC es una orientación estratégica nacional, no una ley. Por ello, su incumplimiento no deriva en una responsabilidad administrativa”, puntualiza. “Eso sí, aquel que ha invertido miles de millones sobre la base de unas previsiones de precios o unos mensajes gubernamentales, si se cambian drásticamente, debe defender su inversión”, añade.
El sector energético está dividido por el ‘lío nuclear’ que va tomando fuerza según se acerca el cierre de Almaraz en 2027, la primera central afectada. “No afecta a ningún negocio regulado ni existen primas como sucedió en 2013, y que provocó una oleada de arbitrajes. No hay recorrido legal si se extienden”, defienden aquellos que apoyan estos días la ampliación de la vida nuclear.
División interna
Iberdrola y Endesa son los grandes interesados en que se revise su acuerdo como principales dueños de los siete reactores nucleares que hay en España, aunque cada uno tiene diferentes intereses en este asunto por las fechas y por sus estrategias de negocio. Otras como Naturgy, con una participación minoritaria en estas centrales, es la gran propietaria de los ciclos combinados de gas que darán firmeza al sistema mientras se cierran las nucleares y se estabilizan las renovables. También implica este debate a Red Eléctrica (Redeia), la empresa que debe cumplir el plan del Gobierno y buscar vías para paliar los riesgos que genera este cambio en el sistema.
Pero los que más sufren en este contexto son aquellos fondos o empresas que se lo han jugado todo al ‘verde’. Los acuerdos de venta de energía a largo plazo se están cerrando a la baja sin nucleares y empiezan a invertirse grandes cantidades en almacenamiento para dar estabilidad al sistema cuando desaparezcan esos 7 gigavatios (GW) nucleares, que son clave ahora para satisfacer los 30 GW de potencia media que demanda a diario España.
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“Una alteración tan significativa del PNIEC como la que supondría la extensión de las centrales nucleares conlleva un parón en las inversiones en renovables, que es uno de los sectores que más inversión internacional atraen”, recuerdan. Estos ‘afectados’ por una nueva vida de las nucleares alertan de que el problema del sector de la energía en España no es la oferta sino la demanda. Cada día el mercado vive excedentes de electricidad (curtailments) porque no hay quien los consuma. Un hecho que afecta directamente al precio.
“En contra de lo que sostienen los dueños de las centrales, su cierre no supondría un encarecimiento del precio, sino lo contrario, ya que dejaría espacio para las tecnologías renovables, cuyo precio actual está de media 20 euros/megavatio hora (MWh) por debajo del que reclaman las nucleares”, explica uno de los principales fondos ‘verdes’.
Una declaración que contrasta con otros informes que comparten aquellos que consideran que cerrar las centrales es un error. Sin nucleares, según un reciente informe de la consultora PwC, los ciclos combinados de gas suplirán prácticamente toda la pérdida de generación, lo que supondría un aumento del precio mayorista de la electricidad de unos 37 euros/MWh.
El gas, otro de los afectados
El PNIEC plantea que en 2030 se genere el 81% de la electricidad con fuentes renovables. Una ambición que todavía está por ver que pueda sostener el sistema. Por ello, sin nucleares ni carbón, los ciclos combinados de gas se preparan para ser ‘el hermano mayor’, que cuida con sus 26 GW de esa firmeza y estabilidad que dan las nucleares con sus correspondientes emisiones de CO2.
El sector gasista es otro de los que espera un aumento de su negocio sin nucleares, pero necesita que se asegure su rentabilidad para que los ciclos combinados estén preparados para acudir al rescate. Sedigas, patronal del sector, ve urgente la necesidad de implementar un mercado de capacidad que garantice su viabilidad económica, asegurando su operación para apoyar la integración masiva de energías renovables, que son intermitentes y no gestionables.
Un negocio que también cambiaría sus perspectivas radicalmente si se extiende la vida útil de las centrales nucleares. “Una alteración tan significativa del PNIEC como la que supondría la extensión de las centrales nucleares conlleva un parón en las inversiones en renovables y ciclos combinados”, declaran desde el sector. Es decir, el sector energético acude completamente dividido para lograr que el Gobierno replantee el cierre nuclear.
España ha duplicado su generación renovable desde 2019, el año en el que nació la actual hoja de ruta energética del país (PNIEC). El Gobierno llamaba a la inversión masiva en energía ‘verde’ tras cerrar el carbón y, principalmente, pactar el cierre ordenado de las nucleares con sus dueños. Un cierre nuclear que, seis años después, se intenta evitar por varios frentes. Un ruido que ha activado a los asesores legales de aquellas empresas e inversores que han invertido miles de millones en proyectos verdes para cumplir con esa hoja de ruta.