Los tres jueces que dictarán la sentencia del caso Popular

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya ha designado el tribunal que juzgará el caso Popular. Siete años después de que se iniciara la investigación por un presunto delito de estafa documental y falsedad contable por la ampliación de capital de 2016, en la que el banco captó 2.500 millones del mercado, empieza la cuenta atrás para la celebración del juicio.

Según consta en una diligencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, la magistrada María Teresa García Quesada ha sido designada ponente de la causa. El tribunal lo completan Javier Ballesteros Marín y Ana Revuelta Iglesias.

La instrucción del caso ha corrido a cargo del juez José Luis Calama, que ha propuesto juzgar al expresidente de la entidad, Ángel Ron, a otra decena de directivos, a la auditora PwC y a los dos auditores responsables. Calama considera acreditado que los inversores acudieron engañados a la ampliación de capital, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio.

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años y medio de cárcel y una multa cercana a los 250.000 euros para el expresidente del Popular, y también para el excicepresidente Roberto Higuera y para el exconsejero Jorge Oroviogoicoechea. Según la fiscalía, los inversores no pudieron tomar una decisión "libre y no viciada" en la ampliación de capital porque la información proporcionada por el banco era una información que no reflejaba la verdadera situación. La Fiscalía sostiene que había una situación de pérdidas en 2015 de 2.553,2 millones, en vez de un beneficio de 105,4 millones, como presentó el banco, por la falta de provisiones.

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Anticorrupción señala como cooperadores necesarios a los exdirectores financieros Javier Moreno y Francisco Sancha, al exdirector de riesgos José María Sagardoy y al exdirector del departamento de Auditoría Jesús Arellano Escobar, para quienes reclama cuatro años de prisión. Por otro lado, pide penas de siete meses por complicidad para el exdirector de los servicios jurídicos Tomás Pereira, y de año y medio por cooperación necesaria para los que eran socios auditores de PwC, Pedro Barrio y José María Sanz Olmeda, ya fuera de la firma.

Ron presentó a la Audiencia Nacional un escrito de 69 páginas en el que defiende “la ausencia de todo indicio de actuación delictiva" y argumenta que el banco cumplía con todos los requerimientos del supervisor. También defiende que los peritos del Banco de España señalaron en la instrucción que la entidad cumplía con las normas de aquel momento. Para refrendar su argumento, ha pedido que testifiquen 36 personas, entre ellas el CEO de UniCredit, Andrea Orcel, que en aquel momento dirigía la banca de inversión de UBS.

De forma paralela, los bonistas reclaman 1.474 millones. PIMCO, Algebris, Anchorage, Mediobanca y Polus piden esta cantidad a Santander, como responsable subsidiario del Popular, a PwC, y a las aseguradoras con las que tenía pólizas el auditor. Precisamente, los bonistas han cuestionado las pólizas y han pedido que se eliminen algunas cláusulas por ser contrarias a la ley. Lifeguard es la entidad cautiva (sociedad del grupo para gestionar los riesgos) de PwC y de los ex socios José María Sanz Olmeda y Pedro Barrio Luis. Las aseguradoras a las que los bonistas han situado como responsables civiles son Chubb, XL Insurance, Zurich, ACE European Group y Liberty.

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EFE

La reclamación total por responsabilidad civil de las partes acusadoras en concepto de indemnizaciones alcanza la cifra de 2.277,65 millones, según el informe anual de Banco Santander. La principal cuantía proviene de los mencionados bonistas, que cuestionan la actuación de Ron y otros exdirectivos para intentar demostrar que hubo dolo, y así justificar una indemnización, dado que las cuentas habrían sido falsas y no había manera de conocer la situación real del banco aunque sean inversores cualificados.

En el caso Bankia se rechazaron las pretensiones de los inversores institucionales, pero los abogados de los bonistas argumentan que es una casuística diferente por la posible falsedad de cuentas, y centran la atención en el entramado de empresas de Luxemburgo a través de la sociedad Thesan, por la que el Popular habría refinanciado a empresas en problemas que tenía en balance, ocultando fallidos y evitando aflorar pérdidas. Además, los bonistas han denunciado el desvío de 20 millones de euros hacia esta trama sin justificación.

Popular fue resuelto el 9 de junio de 2017 por la Junta Única de Resolución (JUR). Las acciones y la deuda anticrisis (deuda subordinada e instrumentos AT1) pasaron a valer cero, y el banco fue adjudicado al Santander, único ofertante, por la cantidad simbólica de un euro. Santander hizo una ampliación de capital de 7.000 millones para absorber la entidad. Desde entonces ha habido numerosas demandas hacia la cúpula en la época de Ron, también contra Emilio Saracho, y contra las instituciones españolas y europeas que participaron. Pero lo que ha quedado es el juicio en la Audiencia Nacional, con la lupa en la ampliación de capital de 2016 y, por lo tanto, en los directivos que gestionaban entonces el banco, en Santander como responsable subsidiario y en PwC como auditor.