Operación Deluxe: la redacción de 'Sálvame' dispara la última bala para evitar el juicio

El Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid cerró el pasado febrero la instrucción de la llamada Operación Deluxe, hoy conocida como Operación Luna, que investiga al policía Ángel Jesus Fernández Hita por filtrar información sensible de personajes públicos al paparazzi Gustavo González, quien luego habría difundido esas informaciones en Sálvame, el ya desaparecido programa de crónica social que Telecinco emitía por la tarde.

Esa información sensible incluye atestados judiciales y otro tipo de datos incluidos en ficheros policiales de acceso restringido. ¿Qué fue lo que hizo saltar las alarmas? El momento en que la policía vio cómo la periodista Mila Ximénez, colaboradora del programa, daba en directo una información del hijo del torero Ortega Cano. Los datos sólo podían salir de un sitio y a partir de ahí se abrió una investigación que ha durado ocho años.

No obstante, Fernández Hita y González no son los únicos implicados en la causa. La instrucción del caso también apunta a David Valldeperas, antiguo director del programa, y a los periodistas que por entonces trabajaban en la redacción del espacio Miguel Menaut, Victoria Laseca e Iván Caveda. El magistrado considera que la dirección del programa era la que promovía la "búsqueda de información personal e íntima reservada" y que de las conversaciones telefónicas intervenidas se puede concluir que Valldeperas tenía conocimiento del origen de la fuente de información.

El juez, además, apunta a la productora La Fábrica de la Tele y a Mediaset como responsables civiles del procedimiento. En concreto, la productora deberá responder como responsable civil directo y Mediaset como responsable civil subsidiario para abonar las indemnizaciones que se puedan derivar de este caso, en el que hay más de un centenar de famosos afectados. En la práctica, la responsabilidad civil es de Mediaset, dado que La Fábrica de la Tele le pertenece en su totalidad desde hace un año.

El juez ha propuesto que todos ellos se sienten en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos; Valldeperas ha recurrido la decisión

Algunos de los famosos que fueron investigados son Isabel Pantoja, Aramís Fuster, Ángel Garó, Álvaro Muñoz Escassi, Colate Vallejo-Nágera, Matilde Solís, Mayte Zaldívar, Silvia Fominaya, Mayte Zaldívar, Rosa Benito, Karmele Marchante, Coto Matamoros, Julián Muñoz, el cantante Francisco, Nacho Vidal o la tenista Arantxa Sánchez Vicario y algunos de sus familiares, tal y como ya publicó este diario.

El juez ha propuesto que todos ellos se sienten en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos, pero tanto Valldeperas como el resto de miembros del equipo han recurrido la decisión del instructor para que les saque del procedimiento, según consta en los escritos a los que ha tenido acceso El Confidencial.

Sin relación con el policía

En síntesis, Valldeperas y los otros tres profesionales defienden que no tenían relación con Fernández Hita y que Sálvame ejercía el periodismo social de modo profesional, dado que no se ha cuestionado la veracidad de lo publicado ni su trascendencia pública. Además, argumentan que no existía perjuicio ni intención de causarlo (requisito exigible al delito de revelación de secretos, según apuntan sus defensas) porque la finalidad era informativa y la información era veraz. La relación con las fuentes, explican, es la normal en un contexto periodístico e insisten en el hecho de que no tenían ninguna relación con el policía investigado.

Respecto a las llamadas intervenidas que apuntarían a Valldeperas, el exdirector del programa señala que cuando se indica a Gustavo “de parte de David”, nadie concreta a qué David se refiere, ya que en la redacción hay más de uno. Además, sostiene, no sería la primera vez que la instrucción se equivoca de nombre y, en todo caso, asegura que son conversaciones inocuas.

Tras el auto que acuerda el cierre de la instrucción, el Ministerio Fiscal debe solicitar bien la apertura de juicio oral formulando el correspondiente escrito de acusación o bien el sobreseimiento de la causa. Una vez recibido el escrito, el juez dictará el auto de apertura de juicio oral, que no es recurrible, y los acusados, una vez se les dé traslado de las acusaciones, podrán formular sus escritos de defensa. Cuando todo ello esté listo, se remitirá toda la causa al órgano competente para el enjuiciamiento.

Si las penas solicitadas conllevan menos de cinco años de prisión, el enjuiciamiento corresponderá a un juzgado de lo penal. Para penas mayores, la sentencia correría a cargo de la Audiencia Provincial de Madrid.