Pimco refinancia la deuda de Prisa pero exige la continuidad de Oughourlian en plena guerra accionarial
El grupo de medios de comunicación logra extender por cinco años el pago de sus préstamos con los acreedores, que exigen la continuidad del actual presidente en plena batalla interna
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Prisa está a punto de cerrar la refinanciación de los 750 millones de euros que aún arrastra y que expiran a partir del próximo año. Según varias fuentes próximas a las conversaciones, Pacific Investment Management Company (Pimco), el mayor acreedor del grupo dueño de El País, ha dado ya su visto bueno para alargar el vencimiento del pasivo más allá de 2030. Pero ha exigido la continuidad como presidente de la compañía de Joseph Oughourlian, al que una serie de accionistas próximos a Moncloa quieren destituir en la próxima junta general.
Según estas fuentes, Prisa firmará en breve la extensión de los 750 millones de pasivo hasta 2031, con una reducción del tipo de interés que paga actualmente por los distintos créditos que tiene con Pimco y una serie de bancos nacionales e internacionales. La firma propiedad de Allianz es la que más pesa entre los prestamistas de la compañía española, con dos tercios —algo menos de 500 millones— de la totalidad de la deuda, por lo que su visto bueno ha convencido al resto de prestamistas.
La gestora con sede en California (Estados Unidos) ha puesto varias condiciones para alargar el pasivo, que actualmente representa casi cuatro veces el beneficio operativo de Prisa. En primer lugar, que las líneas de circulante no se destinen a invertir en la puesta en marcha de una televisión en abierto, como exigen varios accionistas liderados por José Miguel Contreras, el ideólogo mediático del PSOE. En segundo lugar, la permanencia de Oughourlian como presidente mediante la aplicación de lo que se conoce como 'key man'.
Se trata de una cláusula que habitualmente se impone en los fondos de capital riesgo cuando varios inversores dan su dinero para que sea invertido por el líder de un private equity. La condición obliga al equipo gestor a mantenerse en la firma mientras dura la vida del fondo, con distintas exigencias de perder la remuneración en caso de marcha o destitución. Y, efectivamente, la pelea entre los accionistas de Prisa no ha pasado desapercibida para Pimco, que ha incluido en la renovación de la deuda la amortización anticipada de la misma en caso de dimisión forzosa de Oughourlian.
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El inversor francoarmenio, propietario del 29,9% de Prisa a través de Amber Capital, ha conseguido enderezar la situación financiera de la editora de la Cadena SER, que llegó a deber más de ocho veces su beneficio operativo. Es decir, era una compañía distress o en quiebra técnica, que llegó a pagar más de un 12% de interés. Una reducción de la deuda realizada gracias a las dos ampliaciones de capital llevadas a cabo por el grupo en los dos últimos por 230 millones. Según estas fuentes, los acreedores confían en la gestión de Oughourlian. Pero, en el caso de que el bando liderado por Contreras consiguiera echarlo de la presidencia, se han garantizado la opción de reclamar la devolución inmediata de los 750 millones, lo que, de ocurrir, pondría a Prisa al borde del concurso de acreedores.
Un extremo que los accionistas vinculados al Gobierno y que aglutinan cerca del 20% del capital niegan que se produjera. Porque su plan es, en el caso de hacerse con el poder, vender Santillana, el negocio de educación digital en Latinoamérica, que genera un Ebitda de 125 millones. Una cifra que valoraría esta filial, la que aporta más de dos tercios del negocio de más de 1.000 millones. Un ingreso que serviría para amortizar toda la deuda y dejar Prisa sin cargas financieras. El beneficio bruto de la división de medios es de 57 millones.
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Sin embargo, el propio Oughourlian ha intentado varias veces desprenderse parcialmente de Santillana, con nulo éxito. El derrumbe de la economía de Brasil, cuya bolsa cayó cerca de un 30% el pasado año, hace muy difícil encontrar un comprador para este negocio a esos múltiplos, debido a la volatilidad que genera la devaluación de las monedas latinoamericanas. El año pasado, la volatilidad de estas divisas le costó 23 millones de ingresos y 20 millones en concepto de beneficio operativo.
El acuerdo con Pimco para refinanciar la deuda es un alivio para Prisa y para Oughourlian, que a finales del pasado mes de febrero destituyó a Contreras y a Carlos Núñez, el máximo responsable de la división de medios, por intentar imponer en el consejo de administración, en contra de la opinión general, el lanzamiento de una televisión en abierto concedida de antemano por el Gobierno de Pedro Sánchez. Doce de los quince consejeros votaron en contra de este proyecto, que era percibido como un intento del Ejecutivo de disponer de un alfil mediático adicional alineado editorialmente con el PSOE.
Una decisión que ha desatado una batalla campal en el accionariado de cara a la próxima junta general, que previsiblemente será adelantada para dejar con menos margen de maniobra al grupo liderado por Contreras. La posición de Vivendi, que tiene el 11% del capital, se presenta clave para el desenlace de esta guerra. Vincent Bolloré, el multimillonario francés dueño del holding galo, se ha puesto de momento del lado de Oughourlian, con el que tiene una relación de negocios desde hace años.
Pero el Gobierno, con Óscar López, ministro de Transformación Digital, y con Marc Murtra, presidente de Telefónica, han mantenido conversaciones con los gestores de Vivendi para convencerles por las buenas de lo importante que sería que apoyaran a Contreras por interés nacional. Una petición que se produce tres años después de que el propio Ejecutivo de Sánchez le vetara cuando pidió permiso para hacerse con el 29,9% de Prisa.
Prisa está a punto de cerrar la refinanciación de los 750 millones de euros que aún arrastra y que expiran a partir del próximo año. Según varias fuentes próximas a las conversaciones, Pacific Investment Management Company (Pimco), el mayor acreedor del grupo dueño de El País, ha dado ya su visto bueno para alargar el vencimiento del pasivo más allá de 2030. Pero ha exigido la continuidad como presidente de la compañía de Joseph Oughourlian, al que una serie de accionistas próximos a Moncloa quieren destituir en la próxima junta general.