La salida de Ribera a Bruselas deja huérfana a la Comisión Nacional de Energía en el Congreso

La Comisión Nacional de Energía (CNE) lleva cinco meses en un cajón del Congreso esperando que alguien le haga caso. Un dosier clave para el futuro del sector energético de España y para la tarea de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El proyecto de Teresa Ribera es la medida energética estrella del acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar que se tramitó por la vía de urgencia y que llega tarde a cumplir con sus objetivos.

“Es un asunto con la etiqueta de ‘no prioritario' en el delicado debate del Gobierno con sus socios en el Congreso”, explican fuentes conocedoras. Ribera aceleró meses antes de su salida a Bruselas la recuperación de la extinta CNE, lo dejó abierto a enmiendas para tenerla lista en el primer trimestre de 2025. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, ahora liderado por Sara Aagesen, confiesan en privado que esperan tener los apoyos suficientes para tener listo el organismo este verano.

Algo que parece más que ambicioso. Otras fuentes conocedoras apuntan que, si todo se acelerase de manera vertiginosa este lunes, la Comisión Nacional de Energía no estaría lista hasta finales de 2025 o principios de 2026. Las prisas de Ribera y Aagesen estaban marcadas por la necesidad de tener un organismo que encajase con una hoja de ruta 'verde' y sacar adelante seis normativas, conocidas como circulares, para abrir un trascendental período regulatorio, que comenzará en 2026 para la electricidad y en 2027 para el gas.

La cifra que está en juego para empresas como Endesa, Iberdrola o Naturgy son cerca de 8.300 millones, tal y como informaba El Confidencial. El debate de las circulares, hace seis años, creó una gran brecha entre el Gobierno, las empresas y el regulador por la decisión de ‘sacar la tijera’ en las actividades reguladas. “Nos jugamos la cuenta de resultados a partir de 2026”, apunta un directivo del sector energético. “Es mucho más relevante que el constante debate sobre las nucleares. El sector energético afronta un corto plazo con un regulador descapitalizado”, añaden.

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Una ‘descapitalización’ que se produce porque la renovación de los consejeros de la CNMC que se ha producido en este arranque de 2025 ha arrinconado a la energía para dar mayor peso al negocio de las telecomunicaciones. Los equipos técnicos de la actual CNMC deben tramitar seis circulares entre marzo y noviembre mientras se reestructura su organismo con medios que se consideran insuficientes, con un sector energético que ocupa el 80% de la actividad de su sala de regulación.

Hay respaldo político pero… no toca

Para la vicepresidenta Sara Aagesen es un asunto prioritario. Aunque parece difícil hacerle hueco en estos momentos en el Consejo de Ministros. El Congreso lleva desde el 30 de octubre aplazando su plazo de enmiendas y se mantendrá esa prórroga cuando haya un acuerdo político al respecto.

“Apoyo hay, la dificultad es que hay que cerrar primero la nueva CNMC y después sentarse a hablar de la nueva CNE”, detallan fuentes gubernamentales. PSOE y Sumar tienen conquistados a ERC, EH Bildu y BNG para crear una comisión que “controlará y fiscalizará” a las grandes energéticas. Un mensaje al que se podría unir Podemos al no considerar que es una medida con el sello de Sumar.

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El PNV, a priori, no le ve con malos ojos, como han defendido desde el partido, y Junts, al tratarse de una medida ‘técnica’, que no afecta a la gobernabilidad, darían su respaldo. Eso sí, ambos buscarían sacar rédito particular, como ha sucedido recientemente en la CNMC o RTVE en forma de consejero.

Algo con lo que ya contaba el Gobierno en octubre. La CNE amplió de siete a nueve el número de consejeros cuando inició su tramitación en el Congreso. Un cambio que pretendía facilitar la tramitación y tener listo el organismo en el primer trimestre de 2025 tras un ‘breve’ período de enmiendas. Ese ‘breve’ período son ya cinco meses y su creación se acerca a 2026.