El juez de Popular rechaza levantar el embargo de la pensión de Ron

El juez José Luis Calama ha rechazado la petición de Ángel Ron, expresidente de Banco Popular, de levantar el embargo sobre su pensión acordado en 2018. Calama, que investiga la ampliación de capital de la entidad financiera de 2016, no solo ha rechazado la solicitud del exdirectivo, también ha advertido a sus abogados de las consecuencias de actuar con mala fe procesal.

El embargo de la pensión de Ron, valorada en casi 3 millones de euros, fue acordado en 2018 como medida cautelar ante las posibles responsabilidades que tenga que asumir el exfinanciero en caso de que finalmente sea condenado. Calama acordó la apertura de juicio oral contra Ron, otros 10 directivos del banco, PwC y dos auditores de la firma a finales del pasado mes de noviembre.

El pasado 12 de febrero, Ron presentó un escrito solicitando el alzamiento del embargo, petición que fue rechazada por el juez el 18 de febrero tras concluir que las circunstancias que llevaron al embargo no han cambiado y por la “insostenibilidad jurídica” argumentada por su defensa.

Contra esa decisión del 18 de febrero, Ron presentó un recurso de apelación que fue inadmitido al presentarse fuera de plazo. El malestar de Calama, según se deja entrever en la resolución fechada el 13 de marzo, llega cuando Ron presenta días después otro escrito “con iguales pretensiones a las que le acaban de ser denegadas”. En ese escrito del 10 de marzo, Ron insiste en que el auto de apertura de juicio oral, que es firme, no hacía una mención expresa a esta cautelar y, por tanto, resulta contradictorio respecto al auto posterior que rechaza por primera vez levantar el embargo de su pensión. El juez reprocha a la defensa que ese “error”, el de haber recurrido fuera de plazo, intente solucionarse “con una petición efectuada de manera manifiesta en fraude procesal que trata de enmendar su error”.

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EFE

El magistrado añade que “no es necesario hacer especiales esfuerzos para apreciar que la petición ahora en cuestión es una reproducción de la rechazada mediante resolución de fecha 18 de febrero, y, por tanto, un fraude procesal que trata de enmendar su error en la presentación de un recurso presentado fuera del plazo establecido”.

Calama termina la resolución recordando a la defensa de Ron que la ley obliga a los abogados a actuar de buena fe y que si se estimase que no lo hacen, podrían ser sancionados con hasta 6.000 euros. “Se podría incluso dar traslado de tal circunstancia a los colegios profesionales respectivos por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria”, advierte.

"Vamos a recurrir la decisión. No tiene sustento legal. El propio juez dijo en el auto de apertura del juicio oral que la responsabilidad civil está garantizada y que, por lo tanto, no cabe ninguna medida cautelar para nadie, incluido yo. Es una medida injusta ‘ad hominen’, que solo busca dañar a la persona y no afecta a la causa. El juez no ha argumentado por qué embarga solo mi pensión y no la del resto de encausados", señala Ron a este diario. "Es discriminatorio, pues vulnera el principio de igualdad ante la ley. El juez ni siquiera ha abordado la petición de mínimos que le hacíamos, la de reducir el embargo en un 50%, como establece la ley cuando los derechos embargados pertenecen a la sociedad de gananciales que una persona forma con su cónyuge. Desconozco la causa de esta persecución personal, que vengo sufriendo de forma discriminatoria, incluso con actuaciones extraprocesales contra mí y contra mi familia"

Quiebra de Popular

Banco Popular fue resuelto el 9 de junio de 2017, y Santander lo adquirió por un euro. Posteriormente, empezó un proceso judicial, con cambio de juez incluido (Calama sustituyó a Fernando Andreu), que tras la instrucción en la Audiencia Nacional ha dado paso al procesamiento de Ron y otros exdirectivos por los delitos de estafa documental y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016, en la que el Popular captó 2.500 millones del mercado para tratar, sin éxito, de limpiar su balance y recuperar la confianza en bolsa.

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años y medio de cárcel y una multa cercana a los 250.000 euros para el expresidente del Popular. Según la fiscalía, los inversores no pudieron tomar una decisión "libre y no viciada" en la ampliación de capital porque la información proporcionada por el banco una información "de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación económica y patrimonial de la entidad".

Ron presentó a la Audiencia Nacional un escrito de 69 páginas en el que afirma que no hay indicios de delito y argumenta que el banco cumplía con todos los requerimientos del supervisor. También defiende que los peritos del Banco de España señalaron en la instrucción que la entidad cumplía con las normas de aquel momento. Para refrendar su argumento ha pedido que testifiquen 36 personas, entre ellas el CEO de UniCredit, Andrea Orcel, que en aquel momento dirigía la banca de inversión de UBS.

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Óscar Giménez

Según la acusación, esta información viciada reflejaba un beneficio de 105,4 millones por falta de provisiones. El resultado real, "que se mantuvo oculto a los suscriptores de las acciones, fue de pérdidas por, al menos, 2.553,2 millones".

Una de las claves es la trama de Luxemburgo a través de la sociedad Thesan, por la que el Popular habría refinanciado a empresas en problemas que tenía en balance, ocultando créditos fallidos y evitando aflorar pérdidas. Los bonistas han denunciado el desvío de 20 millones de euros en esta trama hacia Luxemburgo sin ninguna justificación. Los bonistas (PIMCO, Algebris, Anchorage, Mediobanca y Polus) también están acusando de varios delitos a Ángel Ron, pero en su caso lo que reclaman es una indemnización, que ascendería a 1.474 millones. La petición está dirigida a Santander, como responsable subsidiario del Popular, PwC, y a las aseguradoras con las que tenía pólizas el auditor.

Aun así, los bonistas también ponen el foco en la actuación de Ron y otros ex directivos. Los abogados de los fondos quieren demostrar que hubo dolo para justificar que deben ser indemnizados, dado que las cuentas eran falsas y no había manera de conocer la situación real del banco.