El Gobierno pide dos informes para eludir el arbitraje de 30 millones de las renovables de Azora

España sigue peleando para evitar pagar cerca de 1.500 millones en arbitrajes por la retirada del Gobierno de Mariano Rajoy de las primas a las renovables del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de estos casos es Canepa Green Energy, el vehículo de inversión en renovables de la gestora española Azora. La Abogacía del Estado prepara su defensa y busca asesores legales para anular este laudo.

El organismo dependiente del Ministerio de Justicia necesita un experto en Derecho de la Unión Europea, con cierta urgencia, para preparar dos informes para su defensa. Dos informes valorados en 60.000 euros que argumenten que el Tribunal Arbitral no tiene jurisdicción por tratarse de una empresa europea contra un país europeo y que pagar el laudo incumple las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales.

El laudo de ‘Canepa Green Energy vs Reino de España’ se emitió el pasado 31 de mayo de 2024. Los demandantes son dos sociedades radicadas en Luxemburgo, Canepa Green Energy Opportunities I, S.á r.l. y Canepa Green Energy Opportunities II, S.á r.l., que cuentan con los servicios legales del bufete A&O Shearman. Un proceso en el que no está involucrada la gestora española fundada por Concha Osácar y Fernando Gumuzio, ya que Azora se limita a la gestión de las plantas.

El pleito se planteó en 2019 por el recorte a las primas otorgadas a sus cinco parques eólicos repartidos por Galicia, La Rioja y Cataluña, que suman 130 MW. Cinco años después, el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial, afirma en su laudo que España ha vulnerado con ese cambio regulatorio el Tratado de la Carta a la Energía y que debe compensar a los dueños de la demanda con algo más de 30 millones de euros.

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La Abogacía del Estado recurrió la condena del ‘Laudo Canepa’ para lograr un acuerdo. Un proceso para el que el Ciadi creará un comité ‘ad hoc’ y reunirá a ambas partes. La defensa de España no quiere que pase como en otras ocasiones que no contaba con asesores o traductores para defender su causa y por eso urge esta contratación "con la mayor brevedad posible”.

El Gobierno recurre a esta contratación pública, como sucedió con el caso Green Power o Portigon, porque considera que la prueba pericial es “fundamental” para la estimación de sus acciones de nulidad. Desde hace dos años, la Abogacía del Estado trabaja mano a mano con el despacho Simmons & Simmons para frenar los intentos de ejecución de los laudos condenatorios en diferentes jurisdicciones europeas.

A este respecto, cabe recordar que hace un mes un tribunal holandés advirtió a dos inversores que si ejecutan sus laudos sin esperar a que la Comisión Europea clarifique si constituyen o no ayudas de Estado, pueden correr el riesgo de tener que indemnizar a España posteriormente. Esta novedosa resolución, que respalda la estrategia de la Abogacía del Estado, abre una vía para frenar la oleada de intentos de ejecución en toda la región europea.

352 millones en asesores

El Reino de España acumula, de momento, alrededor de medio centenar de condenas derivadas de los cambios regulatorios en el sector renovable. Hasta la fecha, las indemnizaciones a favor de los inversores superan los 1.478 millones de euros, a los que se suman 352 millones en concepto de sobrecostes financieros y legales. Una vez que ganan los laudos, la estrategia es siempre la misma: España inicia un proceso de anulación del laudo mientras que los inversores optan por llevar los laudos a otras jurisdicciones para homologarlos y, posteriormente, ejecutarlos. Por ahora, España no ha desembolsado ni un euro en indemnizaciones porque defiende que los arbitrajes entre estados y sociedades europeas son ilegales, pero sus estrategias procesales no han tenido siempre los resultados esperados.

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España defiende que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que los arbitrajes intra-UE son ilegales, y cita los casos de Achmea y Komstroy, en los que se concluyó que este tipo de arbitrajes en los que se invoca el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) —del que España y otros países europeos están en fase de salida— son incompatibles con el derecho comunitario.

El Estado también señala que Bruselas le ha ordenado no pagar ningún arbitraje hasta que termine la investigación que tiene abierta para determinar si estas primas constituyen ayudas de Estado y vulneran los Tratados de la Unión Europea.