Los créditos de Naviera Armas avalados por el ICO sufrirán una quita del 100%

Victoria para los bonistas de Naviera Armas. La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado las impugnaciones de la banca, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Acciona contra el plan de reestructuración de la compañía homologado por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de la isla, que en la práctica dio a los bonistas el control de la compañía, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso El Confidencial. Además, se condena en costas a los bancos impugnantes y a Acciona por la inconsistencia de los informes aportados. Es la primera vez que esto pasa en impugnaciones de reestructuraciones, según fuentes jurídicas.

Los jueces de la Audiencia Provincial de Las Palmas han validado que se haga una quita del 100% a créditos que, como se dice en la jerga, están “fuera del dinero”. Entre ellos se encuentran los avalados por el ICO. Cuando se hace la valoración de la empresa y el importe es inferior a la deuda total, se consideran “fuera del dinero” aquellos préstamos que están por debajo del corte en el orden de prelación, según las garantías de cada acreedor. La valoración de la empresa por parte del experto, Abencys, fue de 403 millones, y el pasivo total era de casi 600 millones, dividido en 441 millones en bonos garantizados, un préstamo puente de emergencia de 58 millones que otorgaron los bonistas, y 100 millones en deuda de préstamos ICO (Santander, CaixaBank y Sabadell), Morgan Stanley y Acciona.

Los bancos otorgaron préstamos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) sin pedir garantías, por lo que tenían peor posición que los bonistas. En la reestructuración validada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, elaborada por los bonistas con el apoyo de la familia Armas, sufrieron pérdidas del 100% los accionistas y los bancos, con un agujero de 40 millones para el ICO. Sin embargo, los bonistas, que capitalizaron su deuda, decidieron entregar un 6% a la familia Armas, algo a lo que los jueces también han dado su visto bueno por considerar que no supone un daño adicional para ningún acreedor.

La homologación del plan de reestructuración, aprobada el pasado diciembre, permitió a los bonistas (JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital o Tresidor, entre otros) quedarse con el 94% del grupo y dejar a la familia fundadora Armas, que apoya el plan, con el 6% restante. En realidad, los bonistas reciben el 100% y ceden un 6% a la familia Armas, porque quieren que siga vinculada al negocio por su experiencia y por sus conexiones empresariales y políticas en Canarias.

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El plan, que ya es firme, permite a Santander recuperar 4,7 millones de un total de 47,2 millones que le adeudaba la empresa; Sabadell no recupera nada de los 6,9 millones que le debe y CaixaBank tampoco recupera los 12,8 millones de créditos avalados. El ICO, en conjunto, se ve abocado a un agujero de 40 millones por los avales. Acciona también sufre una quita completa de los 29,6 millones que le debe Armas por la compraventa de Trasmediterránea. Tanto Armas como los bonistas acusaron a la banca y a Acciona de resultar contradictorios en sus impugnaciones. Mientras que las entidades han negado la insolvencia y la imputan al préstamo puente, Acciona afirmó que la naviera estaba en dificultades desde 2016.

La decisión de los jueces Juan José Cobo, Jesús Ángel Suárez y Guzmán Eliseo Savirón, de la Audiencia Provincial de Las Palmas, era la más esperada en el mercado de reestructuraciones entre los procesos que aún estaban vivos. Había dos claves que interesaban a los asesores, empresas y bancos que puedan volver a participar en este tipo de operaciones. Por una parte, el pronunciamiento ante una quita del 100% para parte de la deuda en un plan no consensual, afectando a créditos con aval del ICO. Por otra, si se validaba que los bonistas pudieran, a posteriori, entregar una parte del capital a los accionistas previos, de tal manera que su resultado final sería mejor (por no perder el 100%) que el de algunos acreedores, a pesar de que los accionistas deben ser siempre los últimos en cobrar.

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En los dos casos, la sentencia da la razón a los bonistas y a la familia Armas. Considera que es lícito que el plan asuma una quita del 100% para los acreedores que están fuera del dinero. Y también ve correcto que los bonistas puedan dar capital a los accionistas, dado que esta operación no afecta a los acreedores, que se hubieran quedado igual (habrían perdido todo) si no se hubiera producido.

Los bancos habían cuestionado la valoración de Abencys, pero los jueces han criticado los peritajes que han aportado. En un caso, porque se sostuvo que la empresa podría haber trabajado sin caja. “Según la máxima de la experiencia, la afirmación no es sostenible”, dicen los jueces. Otro perito corrigió un error en la sala, según dice la sentencia, y con arreglo a su nueva valoración, “las entidades impugnantes quedarían fuera del dinero”. Es decir, el propio perito contratado por la banca validó en la sala el plan de los bonistas. También señaló que “el error cometido es motivo de suspenso a sus alumnos”.

En cuanto al argumento de que la nueva financiación generó insolvencia, “a falta de prueba de fraude o vaciado patrimonial, el dinero recibido se destina a atender pagos del grupo que tendrían vencimiento en cualquier caso”, arguye la sentencia. Uno de los peritos de la banca reconoció que “la deuda era desesperada”, y los jueces han considerado probado que los propios bancos sospecharon de la insolvencia al requerir “con insistencia información financiera a los deudores (...). Ha quedado probado que había insolvencia, y por ende existía la necesidad de acudir al plan de reestructuración para evitar el concurso, e intentar asegurar la viabilidad del grupo”.

En los dos casos, la sentencia da la razón a los bonistas y a la familia Armas

Además, Santander argumentó falta de información, que afecta al derecho de voto. Y criticó que se haya hecho una operación redonda entre los bonistas y la familia Armas para eliminar la deuda con la intención de vender posteriormente. Los jueces responden que “el propio argumento hace decaer el motivo de impugnación, pues según manifiesta, eliminada la deuda financiera, va a obtener una empresa viable para la venta. Por tanto, sabe de su viabilidad y lo afirma en su escrito, por lo que poco o nada puede afectar a su derecho de voto, más allá del perjuicio sufrido por la minoración del crédito”.

“Se trata de una resolución importante para el desarrollo de las reestructuraciones en España, por dos razones. Primero, porque sobre la base de la valoración de empresa del experto, valida la quita íntegra, al 100%, de deudas que se encuentren fuera del dinero. Segundo, porque permite que los acreedores que se encuentren dentro del dinero puedan disponer libremente de los instrumentos de deuda o capital que reciban bajo el plan, incluso a favor de socios preexistentes del deudor”, explica Adrián Thery, socio de Garrigues y asesor de Armas.

En el proceso de reestructuración y en este procedimiento ante la Audiencia Provincial, Armas se ha puesto en manos de Garrigues y los bonistas han trabajado con Latham & Watkins. Abencys fue el experto en la reestructuración nombrado por el juzgado mercantil.