Del relevo en Telefónica a la rebelión en Prisa: así prepara Moncloa su gran armada mediática

En el mes de julio de 2023, en plena batalla electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo por hacerse con la Moncloa, un importante cargo del PSOE llamó al máximo responsable de Planeta, principal accionista de Atresmedia, para quejarse del trato que la Sexta estaba dando al líder socialista. El aviso sorprendió en la planta noble del holding, dueño también de Onda Cero y Antena 3, ya que universalmente se daba por entendido que la cadena que tiene a Antonio García Ferreras y a Ana Pastor como figuras más visibles seguía una política editorial alineada a la izquierda.

Esa percepción de Pedro Sánchez de que ni los medios que consideran como suyos ofrecen un relato favorable llevó al presidente del Gobierno a considerar que para la próxima partida necesitaba contar con una armada mediática más potente, capaz de propagar por tierra, mar y aire sus consignas ideológicas. No le bastaba con la Sexta, Cadena SER y El País.

Desde ese momento, en Moncloa se decidió que había que montar un conglomerado con poder real, empezando por tomar el control de Telefónica, uno de los mayores anunciantes de España. El 30 de octubre de ese año, hace apenas 16 meses, El Confidencial adelantó que el Gobierno quería comprar una participación relevante en la operadora, de cuyo capital había salido hacía casi un cuarto de siglo. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) lo confirmó al día siguiente y el Consejo de Ministros aprobó a mediados de diciembre que destinaría 2.100 millones de euros a comprar el 10% de la multinacional española.

El siguiente paso se produjo en enero de 2024, cuando trató de que José Miguel Contreras, el asesor áulico de Moncloa tras el fallecimiento de Miguel Barroso, fuese nombrado consejero de Prisa. Joseph Oughourlian, presidente del grupo de medios, se negó, para evitar una intromisión mayor en la línea editorial, ya de por sí muy acentuada en favor del Gobierno. Optó por Fernando Carrillo, un abogado colombiano que, cuando se dedicó a la política de altura, sufrió y resistió las amenazas de las FARC, un grupo terrorista que no solía hacer prisioneros.

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El mes de febrero de 2024 fue un momento clave, que afianzó la convicción en Moncloa de que necesitaba un mayor control del ecosistema mediático. Fue entonces cuando arreciaron las noticias de los negocios público-privados de su mujer, Begoña Gómez, los problemas judiciales de su hermano David, los del exministro José Luis Ábalos y los del fiscal general del Estado. Moncloa acrecentó su campaña de presión a los medios críticos, tanto desde el punto de vista retórico —calificando indiscriminadamente de fango cualquier información incómoda—, como operativo: tanto el presupuesto para publicidad institucional como la agenda de los ministros se afinó para premiar a medios considerados amigos y castigar a los presuntamente enemigos.

Nada más tomar asiento en el consejo de Telefónica, ya en mayo del pasado año, el directivo del Real Madrid, Carlos Ocaña, el elegido para representar al Estado en la operadora, pidió un informe sobre la estrategia de la compañía. Sobre todo de la cuenta publicitaria: quería saber a qué medios se pagaba por poner anuncios y cuánto. Solicitud que coincidió en el tiempo con la propuesta de Moncloa de hacer un registro de medios de comunicación, bajo una norma denominada de regeneración democrática, con la que en última instancia se pretendía determinar quiénes hacían buen o mal periodismo.

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Según aseguran fuentes internas de Telefónica, se llegó a hacer una lista negra. A eso se negó José María Álvarez Pallete, así como a la sugerencia de invertir más en Cataluña para contentar a ERC y Junts, los dos socios del Gobierno progresista del PSOE y Sumar. Pallete, según ha contado recientemente en círculos privados, defendió que tanto el destino de la publicidad como el del capex debía definirse por criterios objetivos y profesionales, no por cuestiones ideológicas o de interés político.

Moncloa tomó nota, pero ya no le dio opción a que también rehusara participar en la televisión en abierto que quería concederle a Prisa. Por ello, el 17 de enero, mientras comía con tres directivos de Movistar+, fue llamado al palacio presidencial para que se presentase a las 17.00 horas. Allí, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez le dijo que tres accionistas con el 25% del capital (la SEPI, es decir, el mismo Gobierno, más la saudí STC y BlackRock) habían decidido que no contaban con él, que estaba en la calle. ‘la Caixa’, dueña de otro 10%, había asentido un día antes, cuando el líder del PSOE informó a Isidro Fainé.

Ese día acabó la era Álvarez-Pallete en Telefónica y comenzó la de Marc Murtra, un ingeniero mcercano a Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y que ejerció cargos políticos en el ministerio de Industria del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora Murtra tiene el reto de elegir un nuevo rumbo estratégico para la operadora de telecomunicaciones y ejecutarlo, teniendo en cuenta, como en cualquier compañía cotizada, los intereses de los accionistas. Entre ellos se encuentra claramente el Gobierno, que ya ha ejercido notoriamente el poder que le otorga su 10% del capital, pero también el 90% restante, incluidos los minoritarios.

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El siguiente objetivo era Prisa. Con ese fin, José Miguel Contreras, con el apoyo de Carlos Núñez, el presidente de la división de medios, presionó para que Joseph Oughourlian aceptase invertir una cantidad ingente de millones en poner en marcha la nueva licencia de TDT. Pero el inversor de origen armenio se negó porque, sencillamente, de hacerlo, los acreedores no le habrían refinanciado sus casi 800 millones de deuda. O la tele o la quiebra. Y Oughourlian, que ha gastado más de 400 millones en tener el 29,9% de Prisa, y arrastra pérdidas de casi 300, optó por la solvencia.

Su portazo, destitución incluida de los cómplices del proyecto de la Moncloa, ha frenado, de momento, el proyecto de Ferraz de disponer de un ejército mediático capaz de llegar a todos los públicos, amén de callar a los beligerantes, donde el miedo a perder las inyecciones publicitarias de Telefónica se acrecienta por días. Porque Pedro Sánchez quiere tener todo atado para, cuando lo considere, convocar elecciones generales, dada la posición de debilidad con la que encara la legislatura. La decisión es suya y solo suya, porque sus socios nacionalistas, por mucho que teatralicen sus diferencias, saben que con el PSOE disfrutan de una posición más cómoda que con el PP.

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En estos días, está teniendo una guerra política y mediática como hacía mucho que no se veía. Recuerda a otras épocas. En el punto de mira, el control del Grupo Prisa. Pedro Sánchez quiere tener su armada mediática afinada y a pleno rendimiento con el fin de perpetuarse en el poder. Una estrategia en la que son clave la nueva tele y Telefónica, donde Ocaña ya es vicepresidente y responsable de los nombramientos y retribuciones, acompañado de Javier de Paz, el hombre de Zapatero, que salvó su cese a costa de la cabeza de Pallete.

Feijóo tuvo una oportunidad de hacer lo que ahora pretende el PSOE antes de las últimas elecciones, cuando Mediaset se acercó a Prisa para hacerse con ‘El País’ y ‘Cadena SER’. Hubo reuniones al más alto nivel y varios mensajes de WhatsApp y correos electrónicos con carácter de Estado. Pero finalmente rehusó una idea que en sus tiempos ya desarrolló José María Aznar desde la propia Telefónica y Antena 3.