Tensión en las Big Four: Bruselas desinfla el negocio de la auditoría sostenible

La Comisión Europea ha propuesto el miércoles pasado flexibilizar los requisitos de sostenibilidad para las empresas, una medida que exime al 80% de las compañías que en los próximos años deban presentar informes sobre su impacto ambiental y social. Estos cambios forman parte de las primeras leyes ómnibus que el Ejecutivo comunitario presentará el próximo año con el objetivo de simplificar la regulación y reforzar la competitividad en Europa.

Paradójicamente, aunque esta reducción de la carga burocrática puede interpretarse como una buena noticia para el tejido empresarial, no es motivo de celebración en todas las empresas, especialmente entre las auditoras y las consultoras, que son las que anticipaban una verdadera oportunidad de negocio a partir de este año.

Ante la ola regulatoria de sostenibilidad, las grandes firmas de servicios, como las Big Four (PwC, EY, Deloitte y KPMG), y otras como BDO, Grant Thornton, Auren, PKF o RSM, en los últimos años habían creado equipos especializados en sostenibilidad tanto en consultoría para preparar los mecanismos internos de información de las empresas, entre otros, como en auditoría para verificar la información sostenible.

Además de la inversión que ya se ha realizado, las grandes firmas anticipaban una alza en sus ingresos gracias a esta nueva oportunidad de negocio que se les abría. Tanto es así que los auditores esperaban este año un incremento significativo en sus ingresos, acercándose a los mil millones.

Reuniones no programadas

Según ha podido saber este medio, varias Big Four la misma tarde de ayer convocaron reuniones no programadas para analizar el impacto de la medida que pretende aprobar la Comisión Europea. Fuentes cercanas a estas reuniones señalan que llevaban tiempo vigilando las derivadas de la medida que se pretende aprobar en el seno de la UE, aunque admiten que sus expectativas ya se habían comenzado a desinflar con la corriente de EEUU, impulsada por la Administración Trump.

Uno de los directivos que participó en uno de estos encuentros señala a El Confidencial que aunque todavía no tienen claras las implicaciones de los nuevos cambios, sí que se traducirá en un crecimiento más lento en los ingresos de auditoría.

"Existe una gran oportunidad en la creación de modelos de negocio basados en la sostenibilidad"

No obstante, tienen claro que las áreas de consultoría salvan los muebles: "La base de la directiva sigue siendo la sostenibilidad, y existe una gran oportunidad en la creación de modelos de negocio basados en la sostenibilidad". Precisamente, señalan que al flexibilizarse la regulación aparecen oportunidades de diferenciación.

Aun así, apuntan que la clave está en qué va a hacer el regulador español, que es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Cuentan que, a diferencia de otros países de la UE, en España las empresas ya tienen, desde 2018, la obligación de verificar la información no financiera. Si el regulador mantiene esta normativa, los ingresos por auditoría no se verían tan afectados. Sin embargo, reconocen que no podrán contar con el crecimiento esperado a través de las CRSD.

TE PUEDE INTERESAR

La reducción de la jornada laboral pone a las grandes consultoras a hacer números

Alejandro Mata Cristina Dolz

Desde otra Big Four señalan que aunque todavía la situación no es clara, habrá que redimensionar expectativas. "Tenemos tiempo para adaptarnos", afirma que además Bruselas plantea retrasar la aplicación de la directiva hasta 2028, para dar tiempo a pactar con los Estados miembros y el Parlamento el recorte en su alcance.

Otro directivo indica que los cambios en la normativa europea afectarán solo a una parte de sus clientes, especialmente a aquellos que se encuentran en el middle market, ya que solo estarán obligadas a presentar información sostenible las empresas que superen los 1.000 empleados o los 50 millones de euros en facturación anual.

Los auditores aconsejan a Sumar: "Leerse bien la ley"

Más allá de los cambios propuestos por la UE, como adelantó *El Confidencial*, el partido liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, propone que las firmas encargadas de la auditoría de cuentas no puedan realizar auditorías de sostenibilidad. Además, quiere que la selección de auditor no caiga en manos de las empresas, sino del ICAC.

Diversas fuentes del sector, tanto de las grandes firmas como de las medianas, que conocen bien la ley, explican que la propuesta de Sumar no tiene base legal, ya que la redacción de la CSRD no permite a los países de la UE prohibir que sea el mismo auditor o firma de auditoría de la empresa quien verifique la información sobre sostenibilidad.

Estas mismas fuentes indican que, si las medidas propuestas por el partido se concretan, las auditoras se verían obligadas a recurrir a la justicia europea, ya que la medida generaría una importante inseguridad jurídica para las empresas.