Sumar apunta a las Big Four: quiere vetar a las auditoras para verificaciones ESG

La Directiva Europea sobre Reporte Corporativo de Sostenibilidad (CSRD) de la UE es uno de los grandes temas del sector de la auditoría, no solo porque obliga a las grandes empresas a reportar y verificar información sobre sostenibilidad, similar a una auditoría, sino porque significa una importante oportunidad de negocio para el sector. Tanto es así que los auditores anticipan este año un incremento significativo en sus ingresos, acercándose a los mil millones. A pesar de que el Gobierno lleva ocho meses de retraso para trasponer la directiva, desde las grandes auditoras llevan tiempo desarrollando equipos y estructuras de negocio para hacer frente a la creciente demanda que se espera en los próximos años.

Sumar quiere dar un vuelco al sistema para romper la relación de simbiosis que existe entre las auditoras y las empresas auditadas. Para ello, propondrá importantes enmiendas en la tramitación de esta directiva, como ha podido saber El Confidencial. La formación aspira a cambiar las reglas del juego de la auditoría, pero se plantea comenzar con el ámbito de la sostenibilidad antes de cambiar el sistema de control de las cuentas.

Sumar propondrá que las empresas que hagan auditoría de cuentas no puedan hacer auditoría de sostenibilidad. Un duro revés para Big Four y para el resto de auditoras que anticipaban una gran oportunidad de negocio. El partido quiere que, a partir de esta prohibición, se origine un nuevo sector especializado en los diversos criterios de sostenibilidad, que podría nacer a partir de profesionales que salgan de las auditoras actuales y monten su propio negocio. Las empresas tendrán que contar con la autorización de un regulador, que podría ser el propio ICAC.

Este Instituto sería el encargado de conceder las licencias a los nuevos auditores de sostenibilidad, creando así un pool de verificadores en materia de ESG. A partir de ahí, Sumar plantea que la contratación no sea discrecional por parte de las empresas, sino que sea aleatoria. "Perfectamente podría ser por sorteo", afirman estas fuentes.

TE PUEDE INTERESAR

Sumar pide a Hacienda un impuesto sobre las herencias que anule la bonificación de las CCAA del PP

Javier Jorrín

El objetivo es que el auditor nunca genere una relación de dependencia con la empresa contratante, para que sea realmente independiente. Evitando que exista un incentivo que lleve a las auditoras a firmar informes favorables para mantener vivo un contrato e incluso ampliar la cartera de servicios.

Esta propuesta de Sumar podría contar con el apoyo de otros partidos de izquierdas que, en el pasado, han criticado el papel de las auditoras, por ejemplo, durante la crisis financiera. No sería la primera propuesta que surge de los partidos más a la izquierda y termina aprobándose en el Congreso, como ocurrió con la prórroga del impuesto a la banca.

Sumar plantea que los contratos de auditoría tengan un periodo máximo de 5 años no prorrogables. A partir de ese momento, la empresa tendría que cambiar de verificador. Un sistema que se pretende extender también a la auditoría de cuentas.

En la línea de flotación

Las modificaciones propuestas por Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, entran en conflicto directo con el modelo de negocio que las grandes firmas, como Big Four (PwC, EY, Deloitte y KPMG), y otras como BDO, Grant Thornton, Forvis, Mazars, Auren o PKF, han estado anticipando desde el año pasado. Estas empresas han creado equipos especializados dedicados exclusivamente a la preparación y verificación de los informes de sostenibilidad para sus clientes.

TE PUEDE INTERESAR

Del 'greenwashing' al 'greenhushing': ¿pondrán los auditores fin al relato verde de las grandes empresas?

Alejandro Mata

El primer grupo afectado por la directiva será el de los clientes cuyos mandatos de auditoría están en Big Four. Estas son, principalmente, las grandes empresas cotizadas, como las del Ibex, y las entidades de interés público con más de 500 empleados. Estas grandes auditoras dan por hecho que van a poder compaginar tanto la auditoría financiera como la de sostenibilidad, de hecho, llevan meses trabajando con sus clientes para preparar la verificación de la información no financiera acorde a lo que marca la directiva.

Aunque los honorarios por auditoría de sostenibilidad aún no se han hecho públicos, se espera que no sean tan elevados como los de la auditoría financiera, pero sí estén en proporción al tamaño y la complejidad de cada compañía. Por eso, las Big Four serían las más afectadas por estas medidas.

En este sentido, si las medidas que planea Sumar salen adelante, algunos auditores tendrían un impacto relevante en los honorarios de sus clientes. Es el caso de Banco Santander, con más de 100 millones de euros en honorarios por auditoría financiera, e Iberdrola, con más de 30 millones. Otros ejemplos incluyen BBVA, ArcelorMittal y Telefónica, cuyos honorarios superan los 20 millones de euros.

"Un alto riesgo de falta de consistencia"

Volviendo a la propuesta que planea Sumar, desde Big Four ponen en duda la base legal en la que el partido de Yolanda Díaz quiere fundamentar las medidas que propone.

Otras fuentes de otra auditora de élite señalan que la información sobre sostenibilidad "está íntimamente relacionada con la información financiera, ya que las operaciones y transacciones de una empresa son el resultado de un modelo de negocio único y que afecta tanto a la información financiera como a la de ESG".

Añaden que el conocimiento de la entidad, del negocio, del marco regulatorio, de las actividades y mercados y la identificación de riesgos, son áreas en las que tanto el auditor como el verificador van a tener que ejecutar trabajos y, si son distintos, habría un doble trabajo para las empresas y quizás "un alto riesgo de falta de consistencia".

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno apura para trasponer la directiva de Sostenibilidad de auditorías de cara a 2025

Alejandro Mata

Es por eso que sentencian que tener dos entidades diferentes realizando dichos trabajos "podría suponer desventajas de sobrecostes por tareas solapadas, falta de concordancia de la información y un reto para las empresas, suponiendo un mayor esfuerzo interno y menos tiempo disponible para la ejecución de sus tareas".

Un 'vacío legal' de 8 meses

No obstante, fuentes del sector explican que, antes de la propuesta de Sumar, lo que más les preocupa es la falta de legislación, que está generando una importante inseguridad jurídica, ya que la norma europea lleva en vigor desde el 6 de julio del año pasado.

Precisamente, ante el retraso en la transposición de la directiva europea al marco legal español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tuvo que salir al paso en noviembre lanzando un comunicado conjunto con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), para orientar a auditores y empresas ante el 'vacío legal' de sostenibilidad.