La reducción de la jornada laboral pone a las grandes consultoras a hacer números

En las próximas semanas, llegará al Congreso de los Diputados el proyecto de ley que reduce la jornada máxima legal a 37,5 horas en lugar de las 40 actuales, un texto que ha tenido dificultades internas dentro del Ejecutivo para salir adelante y que promete una batalla prolongada a nivel parlamentario. Si se cumplen los plazos contemplados en el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, la reducción entraría en vigor en enero de 2026, por lo que las grandes consultoras han comenzado a hacer cálculos, ya que la medida afectará directamente a su modelo de negocio, basado en la facturación por horas.

Según ha podido saber este medio, algunas de las principales consultoras trasladarán esta problemática a su patronal, la Asociación Española de Empresas de Consultoría, que prevé analizar el impacto de la regulación una vez se conozcan más detalles sobre la ley. La patronal reúne a las principales firmas del sector en España (Indra, EY, KPMG, Accenture y Deloitte, entre otras).

Con el fin de anticiparse a los daños colaterales que pueda generar la medida impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, algunas de las principales firmas de consultoría se han puesto a hacer cálculos. Cabe destacar que, aunque el modelo de facturación de las grandes consultoras ha evolucionado con el tiempo, incorporando elementos como la tecnología y la especialización, su esencia sigue siendo la misma: no venden un producto, sino el tiempo y conocimiento de profesionales cualificados.

Menos facturación y menos márgenes

A corto plazo, esto genera dos efectos: por un lado, un aumento de los costes salariales, ya que se mantiene el mismo sueldo con menos horas productivas, un desafío que no solo afecta a las consultoras, sino a muchas empresas en España. Por otro lado, se traduce, de manera directa o indirecta, en una menor facturación, con un impacto especialmente significativo debido al modelo de negocio de las firmas de servicios.

En el caso de los proyectos abiertos (facturación por dedicación), al disponer de menos horas productivas, el impacto negativo sería directo, traduciéndose en menos facturación. Mientras que en los proyectos cerrados (presupuesto estimado con base en horas, pero precio cerrado del proyecto), “al disponer de menos horas productivas, los plazos se alargarán y en el mismo periodo de tiempo se facturaría menos, ya que normalmente se factura por hitos alcanzados”.

Según estimaciones de algunas grandes consultoras, la medida podría reducir su facturación entre un 5% y un 10%. Si el margen de beneficio fuera del 20% (aunque varía según la empresa), este podría verse afectado en un 30% y un 35% menos. Por ejemplo, de 50.000 euros en márgenes por un encargo percibirían de 32.500 a 35.000 euros.

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Otro directivo de una de estas firmas señala que la reducción de los márgenes de las consultoras impacta directamente en las nuevas contrataciones y en la retención de talento. Esto se debe a que en estas firmas tanto los socios como, en menor medida, los asociados, reciben una retribución basada en la distribución de resultados.

Fuentes del sector apuntan a que una de las claves para que la reducción de la jornada tenga más o menos repercusión es cómo se hace el cómputo de las horas totales de trabajo. El anteproyecto de ley fija que será de manera anual, como actualmente, y con los mismos límites a la distribución irregular de la jornada, fijado en un 10% en el Estatuto de los Trabajadores y ampliable a través de la negociación colectiva.

Si la ley que finalmente se apruebe mantiene el cómputo anual, fuentes del sector consideran que facilitará que se pueda distribuir el total de horas durante el año para afrontar las cargas de proyectos que lo requieran en determinados momentos y luego disminuir las horas en otras épocas del año, cumpliendo así en términos agregados.

El convenio deberá modificarse nuevamente

El último convenio sectorial de empresas de consultoría, ratificado en enero, establece una jornada máxima de 1.800 horas anuales, lo que equivale a un promedio de 39,5 horas semanales. Sin embargo, deberá modificarse para incluir los cambios legales relacionados con la reducción de la jornada laboral. Dado que el sector se encuentra en la franja horaria alta, la adaptación a las 37,5 horas semanales, equivalentes a 1.712 horas anuales, representará un ajuste mayor para las consultoras en comparación con otros sectores.

Otra adaptación posterior, pero que supone un cambio considerable para las empresas, es el nuevo registro horario, obligatorio desde 2019. Según el artículo 34 bis del anteproyecto de ley, la novedad reside en que el registro tendrá que ser digital, interoperable y de acceso remoto para la Inspección de Trabajo en todas las empresas.

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No obstante, la digitalización del registro no se aplicaría hasta seis meses después de que se publique en el BOE la reducción de la jornada y la interoperabilidad y accesibilidad remota se desarrollarán en un reglamento posterior.

En las grandes consultoras, como las Big Four, además de aplicar mecanismos de desconexión digital, otorgan a sus trabajadores 30 días laborables de vacaciones y el pago de horas extras. Conscientes de la importancia del talento, estas firmas también brindan la oportunidad de desarrollar carreras personalizadas para sus empleados.

Problema para unos, oportunidad para otros

Algunos socios responsables de estas consultoras señalan que, para que el mercado sea capaz de absorber el gap generado, habría que incrementar las tarifas a sus clientes. No obstante, reconocen que es un tema tabú que todavía no se ha puesto sobre la mesa. Señalan que otra vía es que las firmas asuman los costes y traten de mitigarlos aplicando tecnología y buscando eficiencia para conseguir producir y entregar lo mismo en menos horas. La solución también puede ser una mezcla de ambas.

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No obstante, más allá de la problemática para las firmas de consultoría, fuentes del sector destacan que esta medida también abre una oportunidad de negocio en el ámbito del outsourcing. Dado que una gran parte de las empresas se verán afectadas, en lugar de realizar estos ajustes internamente, pueden optar por contratar a una firma de servicios que les lleve a cabo estos cambios para ajustarse a la normativa. En el entorno de las Big Four ya se ha planteado esta oportunidad; ahora queda por ver quién dará el primer paso.