La cruzada 'antiwoke' de Trump pone en jaque a las empresas españolas aquí y en EEUU

Donald Trump ha puesto a las empresas españolas con negocio en EEUU y a las proveedoras del Gobierno federal en nuestro país ante un nuevo reto: adoptar la personalidad del doctor Jekyll o de Mr. Hyde con sus políticas de género. En Europa, sus informes de sostenibilidad destacan la diversidad como un pilar estratégico. Mientras, en Washington, la consigna es borrar cualquier rastro de políticas woke si quieren seguir firmando contratos con el Gobierno estadounidense.

La ofensiva del presidente Trump contra la diversidad e inclusión ha convertido la gestión corporativa en un equilibrio precario, donde un mal movimiento puede traducirse en pérdida de contratos, demandas millonarias o un choque frontal con las normativas europeas. Y las empresas españolas, que hasta ahora navegaban en aguas tranquilas, están revisando con lupa cómo moverse en este nuevo campo de minas regulatorio.

La voz de alerta saltó ayer cuando El Confidencial adelantó que la embajada estadounidense en España ha comenzado a requerir a sus proveedores que certifiquen por escrito que no aplican políticas de diversidad e inclusión (DEI) que “violen las leyes antidiscriminación” estadounidenses. La nueva norma revoca varias órdenes federales que buscaban promover la diversidad, inclusión y el respeto a las minorías en la administración, así como las que exigían la implementación de planes de acción afirmativa para garantizar la igualdad de oportunidades en la contratación.

Es decir, tras eliminar varias órdenes de décadas pasadas, se aplica la legislación federal antidiscriminación, que sigue siendo la misma desde 1964. Se trata de una norma de la que fuentes legales que operan desde EEUU afirman que “básicamente, se trata de garantizar los derechos de la población negra y el respeto a los derechos humanos”. Es decir, prácticamente cualquier política en pos de una mínima igualdad promovida por una compañía iría mucho más allá que la actual norma vigente en América.

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El gobierno estadounidense ahora considera que la mayor parte de programas de DEI son contrarios a la ley y que, por tanto, las empresas que los mantengan pueden estar incurriendo en un delito si continúan aplicándolos en sus filiales estadounidenses. “El problema no es la existencia de leyes nuevas, sino la forma en la que se están usando las existentes para presionar a empresas y proveedores a replantear su estrategia”, apunta un abogado experto en derecho internacional consultado por El Confidencial.

El efecto inmediato es que las empresas españolas tendrán que adaptar su estructura en EEUU para asegurarse de que cumplen con la normativa sin entrar en conflicto con las exigencias europeas en materia de igualdad. En la práctica, para las empresas españolas esto puede significar operar con dos modelos distintos: uno para la matriz, que cumpla con las regulaciones de diversidad e igualdad, tanto nacionales como europeas; y otro para ajustarse a las exigencias del gobierno de EEUU. “Aconsejaría diseñar estructuras paralelas que permitan segmentar las operaciones de una manera que cumpla con ambos marcos regulatorios”, explican fuentes del sector legal.

La presión sobre los proveedores

Las compañías más afectadas en esta primera fase son las que dependen directamente de contratos con la Administración estadounidense en suelo español. No solo hablamos de multinacionales con negocio en EEUU, sino también de empresas españolas que, aunque operan localmente, suministran productos o servicios al gobierno federal. “Si esta certificación se extiende a otros sectores, veremos cómo proveedores de infraestructuras clave, como la base de Rota, en Cádiz, empiezan a recibir presiones para alinear sus políticas con las exigencias de Washington”, advierten fuentes del sector legal.

Básicamente, estas compañías pueden optar por aceptar sanciones en España por no cumplir con los planes de igualdad, multas que se pueden superar los 200.000 euros, antes de perder a su principal cliente, que sería la Administración Trump.

Multinacionales entre la espada y la pared

El impacto de la orden de Trump va más allá de los proveedores de la Administración. Empresas industriales, tecnológicas y financieras con sede en España pero negocio en EEUU se van a enfrentar a fuertes presiones. “Si en un consejo de administración en España tienes que garantizar un 40% de mujeres, ¿qué pasa con tu filial en EEUU? ¿Estás aplicando los mismos criterios? ¿Puede ser interpretado eso como una ‘preferencia ilegal’ bajo la nueva interpretación de la ley?”, se pregunta un abogado especializado en regulación internacional que aclara que todo es susceptible de ser revisado (y sancionado) bajo los nuevos criterios establecidos por Trump.

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Este dilema afecta especialmente a compañías como Ferrovial, ACS, Inditex o Telefónica, que mantienen operaciones significativas en EEUU y han promovido políticas de diversidad alineadas con las regulaciones europeas. Un abogado especializado en derecho internacional lo resume así: “Superar el criterio DEI de Trump es básicamente no hacer nada más allá de respetar los derechos humanos”.

El sector financiero también ha tomado nota. Desde que se hizo pública la orden de Trump, Goldman Sachs y Bank of America han recibido presiones de grupos ultraconservadores para eliminar sus políticas DEI. También Meta, Amazon y McDonald's.

De hecho, ayer el Ministerio de Trabajo y Economía Social recordó a las empresas españolas que "deben cumplir escrupulosamente" con los planes y normativas de igualdad, así como con la protección de la diversidad vigente en el ordenamiento jurídico y constitucional de España. Yolanda Díaz reaccionaba así a la información adelantada ayer por este medio sobre el requerimiento de la embajada americana en España a sus proveedores.

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Hace una semana Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ya hizo un llamamiento en este sentido e instó a las compañías estadounidenses con presencia en España a que no abandonen sus políticas de igualdad. “He pedido a los ministros de Igualdad y Economía que convoquen a estas empresas para que corrijan este error y para dejarles claro que este Gobierno y España no va a renunciar a la igualdad”, apuntó Pedro Sánchez.

Otro debate que está sobre la mesa de los despachos de abogados es qué sucede con las compañías estadounidenses cuya matriz en EEUU ha revocado las leyes DEI y en España deben cumplir, como mínimo, con el requisito de contar con un plan de igualdad. "Dependerá de hasta dónde vaya el control antipolíticas de género que quiera establecer Trump. De momento, solo han dicho que esta exigencia aplica a sus entidades federales y en su territorio. Lo que está claro es que si operas en un país, debes cumplir con su norma", explica un abogado experto en derecho laboral.

La Orden Ejecutiva dictada por Trump no impone restricciones extraterritoriales directas, es decir, no obliga a las empresas estadounidenses a modificar las políticas de sus filiales en el extranjero. Sin embargo, sí puede interpretarse como una limitación para cualquier empresa que quiera seguir obteniendo contratos federales en EEUU o evitar investigaciones por parte del Departamento de Justicia.

Efecto dominó en grandes consultoras

Otro sector afectado por este cambio de tendencia es el de la consultoría. En las últimas semanas, grandes firmas como Accenture, Deloitte y KPMG en Estados Unidos han reorientado sus estrategias en materia de género y diversidad. El último caso más sonado ha sido el de Accenture, que recientemente decidió eliminar sus objetivos globales de diversidad e inclusión en Estados Unidos tras una “evaluación” del panorama político.

Un memorando interno enviado a la plantilla de la consultora tecnológica anunciaba el fin de sus objetivos de diversidad establecidos en 2017, así como la cancelación de programas de desarrollo profesional dirigidos a grupos demográficos específicos. Según el documento, la medida responde a una revisión de sus políticas internas en el contexto de los recientes cambios regulatorios en Estados Unidos.

Accenture cuenta con cerca de 800.000 empleados en todo el mundo, de los cuales 18.000 trabajan en España. Aunque la filial española sigue las directrices de su matriz y está eliminando objetivos de diversidad, su presidenta, Mercedes Oblanca, aclaró en sus redes sociales que los valores fundamentales de la compañía y su compromiso con la inclusión y la diversidad “permanecen inalterables”. Asimismo, destacó que la diversidad del talento ha sido y seguirá siendo “un motor clave” para el crecimiento de la empresa.

El modelo franquicia de Big Four para la ola

No es un caso aislado. Según informó The Financial Times, en el entorno de las Big Four en Estados Unidos, firmas como Deloitte y KPMG también han eliminado sus objetivos de diversidad y han comenzado a retirar de sus webs los informes anuales sobre el tema. En España, sin embargo, esta tendencia no ha llegado a estas firmas.

Entre las razones que explican el caso español y el de otros países europeos se encuentra la necesidad de adaptarse a las normativas específicas de cada país. Además, en el modelo de franquicia, las Big Four operan con una mayor independencia, aunque las directrices de sus matrices continúan ejerciendo influencia.

Además, un factor clave es que una parte significativa del negocio de las consultoras en España proviene del sector público. Para participar en licitaciones y resultar adjudicatarias, las empresas deben cumplir con criterios de diversidad establecidos por la normativa vigente, lo que las obliga a mantener ciertos compromisos en esta materia.

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Paradójicamente, uno de los factores que ha desencadenado el efecto cascada entre las grandes firmas de consultoría en EEUU es su rol como importantes contratistas del gobierno. Por ejemplo, Accenture recibió alrededor de 3.300 millones de dólares, una cifra casi equivalente a los 3.000 millones que Deloitte obtuvo del gobierno estadounidense en el último año fiscal.

¿El fin de la armonización regulatoria?

El problema de fondo es que se está rompiendo la tendencia a la armonización regulatoria que había marcado la globalización empresarial en las últimas décadas. Hasta ahora, las grandes corporaciones buscaban diseñar políticas homogéneas que les permitieran operar en distintos mercados sin necesidad de adaptaciones profundas. “Este principio se está desmoronando”, señalan fuentes del sector legal. “Ahora las empresas están viendo que necesitan desarrollar estructuras diferenciadas para cumplir con normativas contradictorias.”

Esta situación recuerda a lo que ocurrió en el pasado con regulaciones como las de control de exportaciones, sanciones internacionales o normas anticorrupción, que obligaron a las empresas a reestructurar sus operaciones para cumplir con exigencias divergentes en distintas jurisdicciones. “El gobierno de EEUU está usando su capacidad regulatoria como una herramienta de presión política y económica”, explican fuentes del sector.

Por ahora, las empresas están recurriendo a sus equipos legales para evaluar los riesgos. Pero el impacto real de estas medidas se sentirá a medio plazo, cuando empiecen a llegar los primeros litigios contra compañías que no se adapten a la nueva normativa. En un mercado global cada vez más fragmentado, la decisión de Trump marca un punto de inflexión para la estrategia empresarial de las multinacionales españolas.