Telefónica lleva a concurso de acreedores a su filial de Perú tras una histórica sanción

Telefónica ha decidido llevar a concurso de acreedores a Telefónica Perú, la filial latinoamericana que tantos dolores de cabeza y millones le ha costado en los últimos años. Marc Murtra, nuevo presidente del grupo, ha ordenado iniciar un Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para, según distintas fuentes, evitar el pago íntegro de la sanción de casi 800 millones de euros impuesta por las autoridades locales.

Oficialmente, Telefónica asegura que, con esta medida —inédita en el grupo de telecomunicaciones español—, pretende "reestructurar sus obligaciones financieras, con foco en garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios de telecomunicaciones que provee a más de 13 millones de clientes en zonas urbanas y rurales del Perú". Una decisión que ha adoptado ante la imposibilidad de seguir operando con la presión fiscal de la Sunat, la autoridad andina, que en 2023 le impuso una sanción de 790 millones, como adelantó en exclusiva El Confidencial. El grupo español ya abonó casi la mitad de esa multa, la mayor de su historia.

"Después de evaluar diferentes alternativas para asegurar la estabilidad financiera de la compañía, llegamos a la conclusión de que acogernos de manera voluntaria al PCO es el mejor camino para proteger la prestación de los servicios de telecomunicaciones a los peruanos. Estamos enfocados, junto a empleados y proveedores, en garantizar la permanencia a largo plazo, para llevar a nuestros clientes la mejor tecnología, cumpliendo nuestros compromisos regulatorios", dijo Elena Maestre, presidenta ejecutiva de Telefónica del Perú, en un comunicado de prensa.

La compañía ha añadido que este proceso de reestructuración "no implica una liquidación, ni mucho menos una quiebra; sino que proporcionará a la compañía la capacidad de trabajar con sus acreedores y otras partes interesadas para seguir sirviendo al Perú, proteger a sus colaboradores, fortalecer su posición financiera y procurar la sostenibilidad de su negocio a largo plazo". Al efecto de habilitar el acogimiento al PCO, Telefónica Hispanoamérica (matriz de Telefónica del Perú) ha concedido una línea de crédito destinada exclusivamente a cubrir las necesidades operativas de caja para mantener la prestación del servicio.

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EFE

El proceso de concurso de acreedores va a ser gestionado por Kroll después de que Pablo de Carvajal, secretario del consejo de Telefónica y máximo responsable de asuntos jurídicos del grupo, no consiguiera hace unas semanas llegar a un acuerdo con el Gobierno peruano. De Carvajal viajó a Lima justo el lunes después de la destitución de José María Álvarez Pallete y el nombramiento de Marc Murtra para tratar de negociar una solución ante la próxima celebración de un arbitraje internacional por la sanción de 790 millones. Antes lo había hecho acompañado de Jaume Roures, el exdirectivo de Mediapro sin ninguna vinculación aparente con la compañía, y de Javier de Paz, el consejero más influyente de la casa, con el mismo resultado.

Para hacer frente a esa multa, la mayor de su historia, Telefónica llevó a cabo el pasado año una operación acordeón. Por una parte, redujo el capital en 350 millones para absorber las pérdidas, al tiempo que le inyectó dinero fresco por casi 200 millones para recapitalizarla. Por ello, en el tercer trimestre del pasado año, la matriz se apuntó un deterioro de 314 millones, que redujo a la mínima expresión el beneficio de ese periodo.

Estos problemas con el Ejecutivo latinoamericano provocaron también la ruptura con Kohlberg Kravis Roberts (KKR) para compartir el desarrollo de la red de fibra óptica en Perú. El fondo de capital riesgo estadounidense —uno de los más grandes del mundo, con más de 600.000 millones de dólares bajo gestión— dio por finalizado el acuerdo por el que compró el 64% de Pangeaco, la compañía mayorista de fibra óptica en Perú, propiedad de Telefónica un año antes. Esta joint venture estaba valorada en 200 millones.

Telefónica, que reclama cerca de 1.100 millones de euros a Perú por daños operativos, sufrió también en septiembre del pasado año la imposición de una sanción de 80 millones por parte de la Securities Exchange Commission (SEC), la CNMV estadounidense, por sobornar a funcionarios del Gobierno de Venezuela utilizando cuentas bancarias americanas. Se trataba de una operativa con divisas para tratar de esquivar la devaluación de la moneda local, cuyos pagos se encubrían posteriormente mediante la compra a proveedores chinos de material a un precio superior al real.