Los jueces se plantan para evitar trampas en las reestructuraciones de deuda

Los jueces mercantiles sacan la lupa con los planes de reestructuración. Más de dos años después de la entrada en vigor de la nueva ley concursal, en el sector legal existe la percepción de que los jueces han endurecido el control previo a la homologación de los planes de reestructuración, dejando atrás la tendencia a hacer un control mínimo y pasar la pelota a las Audiencias Provinciales, que son las que van marcando la pauta con los diferentes recursos de apelación.

El debate en torno al alcance del control judicial de los planes sigue vivo en todo caso, con una parte del sector que defiende un control mínimo (asumiendo que en las apelaciones se analizará el detalle) y otra que considera más adecuado que ya en primera instancia se estudie con más profundidad la viabilidad del plan.

Sobre el papel, la ley apunta que el juez homologará el plan de reestructuración “salvo que de la documentación presentada se deduzca manifiestamente que no se cumplen los requisitos exigidos”, pero en la práctica son varios los casos en los que los jueces se han metido en harina para estudiar más en detalle el plan desde el principio.

El último ejemplo ha sido el de Inmobiliaria San Jose SA (firma catalana diferente a Constructora San José). En el auto al que ha tenido acceso este medio, el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona ha rechazado la homologación de un plan de reestructuración que cumplía los requisitos teóricos que marca la Ley. Sin embargo, al analizar en profundidad el plan, el juez ha considerado que “el control judicial en la primera instancia debe ser material e integral, para lo que el juez ha de disponer de todos los elementos necesarios para tomar una decisión final”.

Hacia un control más riguroso

“El Auto del Juzgado Mercantil Nº 5 de Barcelona confirma una tendencia judicial hacia un control de oficio más riguroso en la fase de homologación de los planes de reestructuración. Esta mayor exigencia en la elaboración del plan, en todos sus aspectos técnicos, busca evitar prácticas oportunistas que aprovechen los tiempos procesales para sortear posibles impugnaciones o que, directamente, asuman el riesgo de que ningún acreedor cuestione el plan”, avisan Javier Yáñez y Luis Jiménez, abogados del grupo de reestructuraciones e insolvencias de Uría Menéndez.

La inmobiliaria catalana solicitó el preconcurso y consiguió que el juez paralizara, con ello, embargos sobre fincas en Castelldefels por parte de Santander y Deutsche Bank. Finalmente, San José, inmobiliaria que pertenece a Agustín Navas Santos y a Francisco Navas Santos, según el Registro Mercantil, presentó una reestructuración para arrastrar a BBVA, Deutsche Bank y Santander principalmente, aunque también a otros acreedores financieros.

Los bancos no han presentado alegaciones, simplemente no se han adherido al plan. El juez les ha criticado por ello, pero ha defendido que, por eso, no implica que no se pueda “subsanar el plan y el régimen de recurso”. La sentencia considera que ha habido una creación ficticia de clases de acreedores para sacar adelante un plan, y por eso lo ha tumbado, tras un periodo de reflexión mayor al habitual en Barcelona. El plan se presentó en septiembre y se ha rechazado en enero.

El juez considera que "no se han formado de manera correcta las clases y se atribuyó derecho de voto a quien no lo tenía"

En concreto, había una clase formada por créditos financieros con garantía hipotecaria, en la que estaban los bancos. Otra clase con acreedores relacionados con la empresa. Y una tercera clase formada por un inversor que había prometido poner dinero nuevo para salvar la empresa, y al que se da privilegio. Pero el juez considera que “no se han formado de manera correcta las clases y se atribuyó derecho de voto a quien no lo tenía”. El juez tumba la reestructuración y levanta el veto a los embargos, mientras que la inmobiliaria ha retomado las negociaciones.

Hasta hace poco, lo habitual era que los jueces de lo mercantil priorizaran la rapidez al validar los planes de reestructuración, que han venido homologando si se cumplían los requisitos de manera formal, sin detenerse a estudiar los posicionamientos de las partes. Esto ha resultado en impugnaciones masivas ante las Audiencias Provinciales, que han tardado meses en pronunciarse. En algunos casos, como el de Ezentis, ha pasado más de un año y aún no hay sentencia.

“Esta evolución jurisprudencial pone de relieve la necesidad de una elaboración rigurosa de los planes de reestructuración, asegurando su solidez técnica y jurídica tanto para los deudores como para los acreedores afectados”, arguyen Yáñez y Jiménez, de Uría Menéndez.

Una tendencia incipiente

Los expertos de Uría Menéndez agregan que el auto que deniega el plan de Inmobiliaria San José “aborda un debate relevante en la práctica: si la nueva financiación comprometida y no dispuesta puede constituir una clase propia de acreedores con un estatus privilegiado para la aprobación del plan. El juzgado lo rechaza, alineándose con la doctrina mayoritaria”.

Abogados consultados advierten de que es una tendencia incipiente. Los jueces de lo mercantil cada vez tienen más experiencia con las reestructuraciones y abogan por la tutela judicial. Esto es, examinar el plan de reestructuración para evaluar que se cumplen los requisitos y, también, se respetan los diferentes derechos de las partes. Además de estudiar los argumentos de accionistas, acreedores, asesores y, por supuesto, del experto designado.

Hay más de una decena de casos recientes en los que se ha rechazado la homologación en primera instancia. Entre otros ejemplos, está Outlet Andalucía, donde el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla consideró que las clases estaban mal formadas. También en Andalucía, un juez de Almería rechazó homologar por la misma razón la reestructuración de Maturchac. Y en Jaén cayó la reestructuración de Aceites Naturales del Sur.

En Madrid se rechazó el plan de Industrias Bianchezza “por carecer de viabilidad”. Es decir, en este caso el juez hizo un examen económico del plan. En Pontevedra, recientemente se rechazó la homologación de Comercial Pernas por la incorrecta delimitación del perímetro afectado. Y en Gran Canaria hay otro ejemplo con Inversiones y Parcelaciones Urbanas, por consideraciones técnicas en cuanto al vencimiento anticipado de un préstamo. Así, esto cambia las reglas del juego. Los asesores consideran que deben ser más cuidadosos y evitar planes agresivos que se habían aprobado de forma mayoritaria durante los dos primeros años del nuevo régimen concursal, pero ya no en los últimos meses.