¿Pagar por usar las autovías? El Gobierno abre el eterno melón con la Ley de Movilidad Sostenible

Hay un 'elefante' en el Ministerio de Transportes, que a veces aparece por el Ministerio para la Transición Ecológica y que en ocasiones se pasea por Hacienda. Un 'elefante' tan histórico que algún trabajador de la Administración lo llama 'mamut'. Se trata del pago por uso de la red de carreteras. Un asunto que todos los responsables públicos defienden en privado y que rechazan en público por su impopularidad. Pero se avecina un nuevo debate.

El pago por uso era la prioridad del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Una ley que se fue descafeinando y que se esperaba tener aprobada a finales de 2024. No se logró y la medida que promueve el Ministerio de Transportes volverá a debatirse en este primer trimestre. Esta ley es uno de los compromisos del Gobierno para recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), los denominados comúnmente como fondos europeos.

Entre estos compromisos se encontraba la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado. De hecho, si se revisa cuidadosamente la documentación que se envió en 2021 desde Madrid a Bruselas, no es un compromiso más sino el primer compromiso del Gobierno en esta materia: "La creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de 'quien contamina paga'", señalaba la documentación.

Ser más europeo

Un compromiso del Gobierno de adaptarse a Europa. El país está a la cabeza en número de kilómetros construidos y a la cola en cuanto a la implantación de la tarificación. La mayoría de los países miembros cobran a los vehículos pesados por el uso del 100% de las vías de alta capacidad, mientras que España solo cuenta con un 17% de la red de vías de alta capacidad tarificada.

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Como apunta un informe de la consultora EY de 2020, las carreteras españolas solo son superadas en gratuidad por Chipre, Estonia, Finlandia y Malta, donde tienen un 0% tarificadas. Un dato clave si se tiene en cuenta que España es el tercer país con mayor transporte de mercancías en su red de carreteras, tras Alemania y Polonia.

“Un modelo de tarificación de las vías de alta capacidad es cada vez más sencillo de implementar desde el punto de vista técnico, gracias al avance de la tecnología, y además tenemos la fortuna de contar con algunas de las compañías españolas punteras a nivel mundial en gestión de este tipo de activos", señala Fernando González Cuervo, socio responsable del sector Construcción e Infraestructuras de EY. "Su implantación garantizaría la autosostenibilidad económica del sistema de transporte por carretera, lo cual es muy relevante para poder realizar un mantenimiento apropiado de las infraestructuras que nos permitan alargar su vida útil y al mismo tiempo adaptarlas al futuro de los vehículos autónomos y eléctricos”, añade González Cuervo.

La Comisión Europea preseiona a España para que los 'contaminantes' que circulan por sus carreteras paguen. Pero el Gobierno reculó en su intención, su promesa desapareció del primer proyecto de ley de diciembre de 2022 y la Comisión Europea se lo permitió. España capeaba el alza de precios por la guerra de Ucrania y, sobre todo, un nuevo ciclo electoral en 2023 empezaba a vislumbrarse. Y, ya con la renovación de la presidencia de Pedro Sánchez, tras las elecciones de julio, el pago por uso desapareció de esa esperada Ley de Movilidad Sostenible que apareció en el Congreso en julio.

Abandono de las carreteras

Ello, pese a que en España hay consenso político y empresarial porque, principalmente, se necesitan recursos económicos para mantener las carreteras. El gasto actual en conservación ronda los 2.000 millones de euros al año, frente a unas necesidades que representan el doble, 4.100 millones. Según la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), España invierte en conservación de carreteras un 37% menos que la media de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, 22.489 euros por kilómetro frente a los 61.056 euros de estos países.

"Desde mi punto de vista, la eliminación del pago por uso de las infraestructuras viarias de la Ley de Movilidad constituye un grave error político y una nueva oportunidad perdida para afrontar con la seriedad debida esta cuestión", explica Alberto Dorrego, socio del Departamento de Derecho Público de Eversheds Sutherland y secretario general de la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES).

CCIES ha presentado varias alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se transponen las nuevas directivas sobre el pago por uso de la Unión Europea. "En nuestra opinión, este principio general (quien contamina paga) se puede y debe expresar en otros términos como principio de 'pago por uso' de las infraestructuras viarias. Es decir, la regla general de que todo aquel que utiliza una carretera de alta capacidad ha de pagar por su uso, y, además, ha de hacerlo en función del grado de utilización efectiva de dicha infraestructura", expone la Cámara en su alegación de julio de 2024.

Un agujero de 9.918 millones

El actual déficit de conservación, según la Asociación Española de la Carretera, AEC, es de 9.918 millones de euros. Los primeros estudios de una posible introducción de un pago por uso en España hablan de un impacto de 5.082 millones al año, por reducción del gasto público de conservación de carreteras e incremento de los ingresos públicos asociados a la tarificación. Todavía sin entrar en quién paga y cómo se paga, sí en que lo que se pague sea una tasa finalista que impacte sobre estas infraestructuras.

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El Gobierno quiere evitar el riesgo político que supone abordar el pago por uso en la red de carreteras pese a la presión de Bruselas. Es más, en el contexto de la expiración de las grandes concesiones de autopistas de peaje de España, como las concesiones históricas de los dos tramos principales de la AP-7 (finalizaron en 2019 y 2021), se optó por incorporar a su red sin peajes.

Unas antiguas autopistas de peaje que ya empiezan a notar el olvido y la falta de recursos en su mantenimiento. No obstante, como informaba Cinco Días, se espera que en 2029 el Gobierno de turno incorpore a la red sin peaje la AP-6, AP-61 y AP-51. Este primer trimestre, la Ley de Movilidad volverá a presionar al actual Gobierno. Y se intentará esquivar. Porque el pago por uso es impopular y lo evitará esté quien esté en Moncloa. Aunque todos ven a ese 'mamut' al entrar.