Cuatro meses de crisis de Muface: los 100 millones de la discordia entre Gobierno y Adeslas
La incertidumbre se ha disipado, aunque todavía no está cerrada la crisis. Óscar López se ha implicado en la recta final y el Gobierno ha mejorado la oferta a las aseguradoras
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La crisis de Muface podría cerrarse en las próximas semanas, garantizando la asistencia sanitaria del modelo mutualista a 1,5 millones de funcionarios y familiares hasta el 31 de diciembre de 2027. Óscar López se ha implicado en la recta final para apagar el fuego antes de desembarcar en la política madrileña y competir con Ayuso. La solución ha sido poner más dinero público para las aseguradoras, aunque 100 millones menos de lo que reclamó Adeslas, y con un año más garantizado.
López, que pasó de puntillas en los tres primeros meses de crisis, desde la primera licitación que quedó desierta en octubre, ganó protagonismo la semana pasada. Primero estuvo en Davos acompañando a Pedro Sánchez en reuniones con el Ibex y, después, lideró reuniones con Adeslas para alcanzar un consenso sobre las nuevas condiciones que permitan la continuidad de la aseguradora de Mutua Madrileña y CaixaBank.
De hecho, el ministro ha pasado de estar al borde de ser la cabeza visible del colapso del modelo a protagonizar el acuerdo para hallar una solución, que, básicamente, consiste en poner más dinero sobre la mesa y prometer que podría haber una compensación futura si los costes se desvían mucho. Mientras tanto, los 1,1 millones de funcionarios y 400.000 familiares que son mutualistas han tenido la incertidumbre sobre la continuidad de Muface, con cancelaciones de citas e intervenciones, y los sindicatos han convocado varias movilizaciones.
Adeslas, al igual que DKV, habían anunciado su renuncia hace varias semanas. Solo Asisa seguía estudiando la permanencia, negociando con el ministerio opciones para hacerse cargo del contrato, con dudas por capacidad y por las potenciales pérdidas.
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Aquí ha habido dos claves. Una es que Asisa es propiedad de Lavinia, una cooperativa de 10.000 médicos, y su propósito no es maximizar beneficios para generar dividendos, sino, de forma sostenible, dar trabajo a sus cooperativistas. La caída de Muface sería un varapalo en este sentido. Por eso se ha mantenido estudiando los pliegos en todo momento, buscando puntos intermedios o soluciones con el equipo técnico del ministerio.
La otra clave es la contabilidad. Asisa no sigue la normativa contable IFRS17, obligatoria para empresas cotizadas o filiales de compañías que cotizan en bolsa. El caso de DKV es que su dueño es Munich RE, que cotiza en la bolsa alemana. Mientras que Mutua ha decidido seguirla por decisión propia, y CaixaBank por obligación, con lo que los números de Adeslas se guían por IFRS17.
Esta norma obliga a calcular pérdidas futuras del riesgo asumido por las entidades. En este caso, Adeslas y DKV tenían que estimar el resultado de acudir a la licitación, y contabilizarlo, que continuaba siendo, según dijeron, de un saldo negativo importante. Entre 2022 y 2024, las aseguradoras denuncian pérdidas de más de 400 millones, y Adeslas y DKV estimaron una sangría similar para el siguiente trienio, pese a la mejora propuesta del 33,5% para tres años del Gobierno.
Semanas de tensión
Con Adeslas y DKV fuera de la ecuación, ha habido semanas tensas. Asisa quiso arrancar compromisos del ministerio en torno a un mecanismo de restitución de pérdidas. Función Pública fue restrictiva primero, pero después garantizó que flexibilizaría un instrumento por escrito para devolver pérdidas por desvíos en los costes sin necesidad de que sea por un evento improbable como los ocurridos recientemente (pandemia o guerra de Ucrania).
Este acuerdo entre Función Pública y Asisa fue la llave para presionar a Adeslas para que volviera a analizar su permanencia. El Gobierno tuvo que presionar, directamente, a los accionistas de la aseguradora líder en salud y, también, dentro de Muface con una cuota del 47%, para que se planteara su continuidad.
Pero Adeslas lo hizo con la condición de que se modificaran las condiciones del contrato. Para ello, hubo varias reuniones con el equipo técnico del ministerio y, finalmente, un encuentro liderado por el ministro Óscar López en el que se fijaron líneas rojas para la continuidad de Adeslas, según fuentes conocedoras. El principio de acuerdo llegó el sábado 25 de enero, a dos días del final del periodo para acudir a la licitación, para el que Función Pública ya había realizado una prórroga de 12 días.
El acuerdo entre Función Pública y Asisa fue la llave para presionar a Adeslas para que volviera a analizar su permanencia
El sábado, Función Pública suspendió el plazo por cambios en las condiciones, que fueron validados en el Consejo de Ministros del martes, mientras que Adeslas admitió que vuelve a estudiar su permanencia en Muface tras "avances significativos" entre las partes. Todavía no se ha fijado un nuevo plazo. Los mutualistas tienen garantizada la asistencia hasta el 31 de marzo, por extensión forzosa del concierto anterior.
En las nuevas condiciones, el ministerio mantiene los tres años, algo que criticaron las aseguradoras, que llegaron a pedir que fuera de un ejercicio con mecanismos para prorrogar otro por la incertidumbre en torno a los costes de material, salariales y de energía, que suelen ser mayores que la inflación general.
El Gobierno se ha mantenido en los tres años, hasta 2027, con lo que si se cierra esta crisis de Muface y no hay adelanto electoral, el nuevo concierto se tendrá que negociar en el tramo final de la legislatura. Incluso podría ser tras las próximas elecciones generales.
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Por ahora, lo que ha puesto encima de la mesa el Gobierno es un contrato de 4.808,5 millones para tres años. Aunque todavía faltan detalles relevantes como la prima medida por cada tramo de edad o el mecanismo de restitución de pérdidas prometido, supone una subida de 1.276,5 millones respecto al concierto anterior. La prima media aumentará en un 41,2%. En la primera licitación, que quedó desierta, la propuesta fue del 17,2% para dos años, mientras que en la segunda, que se está modificando, del 33,5% para tres años.
No obstante, Adeslas aseguró el 27 de diciembre, cuando comunicó prematuramente su renuncia a la segunda licitación, que había solicitado a la Administración que el nuevo concierto debía contener una actualización de un 24% para 2025 y del 10% para 2026. Pero Muface abogó por un incremento del 19,37% en 2025 y del 7,25% en 2026.
Ante las nuevas coberturas y ya con los contratos de los funcionarios de Mugeju (que depende del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) e Isfas (dependiente del Ministerio de Defensa) resueltos, la petición de Adeslas suponía un aumento acumulado del 47% durante 2025 y 2026 para Muface. Finalmente, el acuerdo está en un incremento del 41% y a tres años. Esto supone un ahorro de más de 100 millones en el primer bienio para el Estado, según fuentes del sector y, además, garantizarse un tercer ejercicio. Aunque el Ejecutivo, según denuncian las aseguradoras, podría haberse ahorrado esta crisis de haberlas escuchado, haber consensuado las condiciones, y no haber esperado al último momento.
La crisis de Muface podría cerrarse en las próximas semanas, garantizando la asistencia sanitaria del modelo mutualista a 1,5 millones de funcionarios y familiares hasta el 31 de diciembre de 2027. Óscar López se ha implicado en la recta final para apagar el fuego antes de desembarcar en la política madrileña y competir con Ayuso. La solución ha sido poner más dinero público para las aseguradoras, aunque 100 millones menos de lo que reclamó Adeslas, y con un año más garantizado.