Junts y Foment logran una victoria de 1.400 millones por su intermediación con las energéticas
El partido y la patronal empresarial han liderado la batalla contra el 'impuestazo'. Esta semana, Repsol, Endesa y Moeve han reconocido su trabajo con grandes inversiones
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fbe7%2F3da%2F1ea%2Fbe73da1ea79a3061b13d2d27f34178ec.jpg)
Nada es casualidad. Sobre todo, cuando hay tanto dinero e interés en juego. Este miércoles, Repsol ocupaba las principales portadas de los medios nacionales por activar una inversión de 800 millones en Tarragona. Un día después, Moeve (Cepsa) activó 600 millones en biometano, de los que 200 se esperan para Cataluña, y Endesa comunicó una partida de 400 millones en redes eléctricas de la región. Un reconocimiento a la región de los grandes aliados del sector en contra del temido 'impuestazo', Junts per Cataluña y Foment del Treball.
El partido que lidera Carles Puigdemont y la patronal empresarial que preside Josep Sánchez Llibre celebraban estos anuncios de 1.400 millones como la victoria de un trabajo que se inició en 2023. El 'lobby' empresarial catalán alertó entonces a sus colegas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El foco estaba entonces en la controvertida Ley de Amnistía que el Gobierno negociaba con Junts para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, pero Sánchez Llibre y su equipo avisaban de que el verdadero peligro estaba en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.
Los acuerdos de investidura eran 'una patada hacia adelante'; el acuerdo de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz se veía como una hoja de ruta para intervenir en el sector privado. Sillones en los consejos de administración, nuevos organismos reguladores o convertir en permanente el controvertido gravamen a las grandes energéticas y entidades financieras despertaban el interés de Foment del Treball.
Unos líderes inesperados
Por entonces, Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, ya había avisado de que su compañía bloqueaba inversiones de 1.500 millones con los planes del nuevo Gobierno. El resto de energéticas afectadas, como Endesa, Moeve o Naturgy, con muchos intereses en Cataluña, activaban su lobby de manera más discreta para evitar que se convirtiera en permanente un impuesto por el que habían pagado 2.200 millones en 2023 y 2024. Los bancos, por su parte, infravaloraron esa parte del acuerdo de Gobierno y no se unieron a ese pool de interesados en frenar el 'impuestazo'.
Como confiesan los afectados, lo lógico entonces era que la CEOE, el Partido Popular y el PNV 'tirasen del carro'. Pero los intereses eran otros. Ese grupo de presión liderado por las grandes compañías energéticas, con Repsol como cabeza más visible y donde se echaba en falta a otras como Iberdrola, encontró un aliado en Sánchez Llibre y el mayor socio político posible en Junts. El acuerdo en la Generalitat entre PSC y ERC hizo a la formación de Puigdemont permeable a cualquier asunto que pudiera molestar a Pedro Sánchez.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F941%2F909%2F21d%2F94190921dfc0da8b14d0ca864664899c.jpg)
Y el 'impuestazo' fue una forma de abrir un conflicto de Ferraz con otros socios como BNG, Podemos o Bildu. El equipo de Junts formado por Miriam Nogueras, Albert Batet, Jordi Turull o el propio Carles Puigdemont con Josep Sánchez Llibre, también vicepresidente de CEOE, y Antonio Brufau, presidente de Repsol, alinearon sus intereses. "Junts votará en contra de la prórroga del impuesto porque afectará a la inversión de 1.100 millones que planea Repsol en su refinería de Tarragona", fue el argumento que se concluyó en las reuniones del pasado mes de octubre.
Sin Junts, el impuesto estaba 'muerto'. Da igual que el Gobierno planease incluirlo en su plan fiscal que enviaba a Bruselas o su aprobación en el último Consejo de Ministros, ninguna empresa pagaría ni un euro en 2025 por ese impuesto. María Jesús Montero y los ministros de Sumar se habían quedado solos en el Gobierno en la defensa de este impuesto. Sus socios de la izquierda intentaban presionar ya, pero con poco margen.
Nuevos socios
El PNV se unió a esta oposición porque el gravamen temporal no podría convertirse en un tributo que repercutiese en el territorio. También los bancos cambiaron de estrategia y se unieron, de forma tardía, a este 'pool' de afectados.
El pasado 22 de enero, el Congreso dijo 'no' al impuesto con el respaldo de Junts, PNV, PP y Vox. En los despachos de las grandes energéticas, se agradece de forma privada a Junts y Foment el trabajo prestado. La formación de Carles Puigdemont podía decirle a su electorado que ha logrado salvar inversión y empleo de las intenciones de los 'colegas' del president Salvador Illa. Foment del Treball emerge como un ‘lobby’ con capacidad de defender los intereses privados.
Una tarea que, una semana después, es reconocida por las empresas con 1.400 millones de inversión con foco en Cataluña. Una alegría que se juntaba con la recuperación de la sede de Banco Sabadell, de la que el PSC intenta monopolizar para bajar el ‘suflé’ de Junts. "Su estrategia (en referencia a Junts) de enviar a Madrid a sus primeras espadas ha funcionado", concluyen fuentes energéticas.
Nada es casualidad. Sobre todo, cuando hay tanto dinero e interés en juego. Este miércoles, Repsol ocupaba las principales portadas de los medios nacionales por activar una inversión de 800 millones en Tarragona. Un día después, Moeve (Cepsa) activó 600 millones en biometano, de los que 200 se esperan para Cataluña, y Endesa comunicó una partida de 400 millones en redes eléctricas de la región. Un reconocimiento a la región de los grandes aliados del sector en contra del temido 'impuestazo', Junts per Cataluña y Foment del Treball.