Consejo clave en Naturgy: BlackRock, IFM y la incursión del Gobierno en empresas estratégicas
Los dueños de la gasista se ven las caras por primera vez este año. La empresa que lidera Francisco Reynés afronta cambios en el accionariado y en los asientos de su consejo
El presidente de Naturgy, Francisco Reynés. (Europa Press/A. Pérez Meca)
Los cuatro grandes dueños de Naturgy se verán las caras el próximo martes. La mesa de gobierno que preside Francisco Reynés afronta su primera reunión del año, en la que los intereses particulares de sus accionistas volverán a dificultar la toma de decisiones. La llegada de BlackRock, la petición de una mayor presencia en el consejo de IFM marcan la cita en su sede madrileña de Avenida de América. De fondo, los movimientos del Gobierno para aumentar su control sobre las empresas estratégicas.
Cada accionista marca su ruta. Criteria Caixa, en su papel de socio principal, presionará para que el consejo priorice la puesta en marcha de un plan estratégico que desatasque la situación de Naturgy y le permita pelear con sus competidores por los activos verdes mientras saca partido a su negocio convencional, el gas. Según fuentes cercanas al consejo, esta era la senda que se pretendía poner en marcha con la OPA fallida de Criteria con la energética emiratí Taqa.
El principal objetivo de la OPA era sacar de la ecuación a CVC. El fondo que lidera Javier de Jaime lleva varios años esperando una buena oferta para deshacer su posición del 20,7% con un valor de mercado de 4.600 millones. El consejo no espera, en el medio plazo, que aparezca un ‘plan B’ a la llegada de Taqa. Sin posibilidad de cumplir su objetivo, De Jaime quiere mantener los niveles de dividendo que recibe en Naturgy. Una estrategia que dejó clara en 2023, cuando se bloqueó el nombramiento de Ignacio Gutiérrez-Orrantia como consejero delegado de la compañía y el consejo rebajó en 800 millones sus inversiones durante los dos próximos años para aumentar la remuneración al accionista.
Otro asunto en el consejo son los intereses del fondo australiano IFM. Su objetivo es lograr un segundo consejero en el consejo para tener la misma representación que el resto de accionistas. Algo que, como informaba este martes en exclusiva El Confidencial, hará este mismo martes. Jaime Siles, representante de este fondo australiano en España, reclamará un acompañante porque, tras su estrategia de comprar a mercado tras la opa parcial, IFM ha superado la barrera del 16,7% en Naturgy y eso les permite exigir otro representante.
La petición de Jaime Siles, según explican las mismas fuentes, resulta de escaso interés para CVC y levanta recelo en Criteria Caixa. Siles tenía una mejor relación con el equipo de Marcelino Armenter, según detallan, que con el actual liderazgo de Ángel Simón en Criteria, como quedó latente en la votación del sueldo de Francisco Reynés del pasado año. Este punto en la junta de accionistas de 2023 mostró el entendimiento entre IFM y Criteria, mientras que en 2024 Criteria respaldó la remuneración del presidente dejando solo, a su pesar, al fondo australiano.
BlackRock y la oportunidad del Gobierno
Con las batallas tradicionales de los accionistas todavía sin cerrar, el consejo afronta un nuevo riesgo en 2025 con el ‘cuarto en discordia’. Global Infrastructure Partners (GIP) es desde octubre una filial de BlackRock. Es decir, la firma estadounidense que controla Larry Fink ha heredado el 20% del capital de Naturgy y dos consejeros, una presencia excesiva que no encaja con su estrategia en las grandes compañías del Ibex.
BlackRock no supera el 8% en apuestas similares como Iberdrola, Repsol, Telefónica, BBVA o Santander y buena parte de la exposición se debe a sus fondos de gestión pasiva, que se dedican a replicar los movimientos de índices bursátiles. Tampoco tiene miembros dentro de su consejo de administración. Es un secreto a voces entre los grupos de interés de Naturgy que el fondo estadounidense, antes o después, va a reestructurar lo que ha heredado en la gasista.
Una decisión que abre una incógnita en la sede madrileña de Avenida América. Con el relevo esta pasado fin de semana del presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, por Marc Murtra, un ejecutivo ligado al PSC, el Gobierno ha dejado claro que tiene una hoja de ruta con las empresas que cataloga como ‘estratégicas’. Y Naturgy lo es para Moncloa y, principalmente, para su socio en el capital de Telefónica: Criteria Caixa.
Si BlackRock desinvierte, algo para lo que necesita el visto bueno del Gobierno, la puerta se abre para una entrada estatal. Otra de las opciones que se plantea es una venta a otros accionistas como IFM, que quiere superar el 20% de Naturgy, o la alternativa ideal para el resto de accionistas sería aumentar la liquidez de acciones en el mercado para recuperar su presencia en los principales índices de los inversores internacionales.
¿Se hablará de negocio?
Ninguno de los accionistas ni Naturgy han querido entrar a valorar esta información ante la consulta de El Confidencial, pero la agenda de la compañía viene cargada en 2025. La toma de decisiones sobre nuevas tecnologías como el biogás, la retribución de su red gasista que la CNMC debe revisar este año o el gran cambio regulatorio en una de sus principales regiones en España, como es Galicia, son algunas de las claves que deben debatirse en el consejo.
También está encima de la mesa la puesta en marcha de los mecanismos de capacidad. Un instrumento que es clave para conocer la rentabilidad de su gran cartera de ciclos combinados de gas que tiene Naturgy repartidos por España. Un punto que, al igual que la multitud de contratos de gas o el gasoducto con Argelia, muestra que Naturgy es una empresa muy estratégica para los intereses de presente y futuro del Gobierno.
Los cuatro grandes dueños de Naturgy se verán las caras el próximo martes. La mesa de gobierno que preside Francisco Reynés afronta su primera reunión del año, en la que los intereses particulares de sus accionistas volverán a dificultar la toma de decisiones. La llegada de BlackRock, la petición de una mayor presencia en el consejo de IFM marcan la cita en su sede madrileña de Avenida de América. De fondo, los movimientos del Gobierno para aumentar su control sobre las empresas estratégicas.