El BdE autoriza a los fondos oportunistas a consultar la base de datos de clientes morosos

Los fondos oportunistas, como se conoce en la jerga a los compradores y gestores de deuda morosa, facilitarán sus estadísticas al Banco de España y tendrán acceso al registro CIRBE, con lo que ambas partes tendrán una fotografía más completa del pasivo de los deudores de los préstamos que adquieran, según fuentes financieras.

El cambio se producirá con la futura Ley de Administradores y Compradores de Crédito, que todavía está en fase de proyecto y fuera de plazo, ya que es una directiva europea que se debería haber transpuesto antes del 29 de diciembre de 2023.

La norma ha pasado por consulta pública y ya han opinado el Consejo Económico y Social (CES) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pidiendo algunos cambios. Economía, que ha modificado el texto para no perjudicar el espíritu de la norma, que busca facilitar la compra y venta de carteras de crédito tóxico para hacer más eficiente su gestión y facilitar que los bancos limpien sus balances, debe devolver la norma al Congreso. En el sector financiero se prevé que esté para otoño.

Una de las novedades que incluye la futura ley es que el Banco de España supervisará a los servicers, que son las plataformas encargadas de gestionar la deuda tóxica que adquieren los fondos oportunistas. De hecho, es obligatorio contar con licencia. Los servicers deberán facilitar sus estadísticas al supervisor, para incorporarlas al registro CIRBE (Central de Información de Riesgos Banco de España), un registro de estadísticas con datos de préstamos, crédito, avales y garantías, al que acceden los bancos. Asimismo, el Banco de España dará acceso a los servicers al CIRBE, según fuentes financieras. La idea es que puedan acceder a los riesgos vinculados a su cartera comprada de préstamos, ya que estos gestores no originan crédito.

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Esto supone un cambio relevante. Por una parte, porque el Banco de España tendrá una fotografía completa de la evolución del crédito en España. Hasta ahora, faltaba el comportamiento de los préstamos impagados que la banca saca de balance con ventas de carteras. Mientras que los gestores de recobros tendrán la información de los deudores y aumentarán la eficiencia en la gestión de los préstamos impagados. De esta forma, distinguirán a la persona endeudada que no puede hacer frente a sus compromisos de la que especula con qué préstamos cumplir y cuáles no, lo que afectará a las negociaciones entre los servicers y los morosos. Hasta ahora, los servicers tenían acceso a plataformas de datos de créditos morosos como Asnef, pero no tenían toda la foto del pasivo de los deudores.

La directiva busca establecer un marco armonizado en Europa en el que haya más transparencia en el mercado de créditos impagados. El registro CIRBE, por su parte, ayuda a las entidades a corregir deficiencias de información al poder evaluar la solvencia de los titulares de créditos. Por ello, para el Banco de España o para los bancos será útil la información que proporcionen los servicers. El CIRBE funciona como un régimen de reciprocidad, por lo que las entidades declarantes tienen derecho a obtener información.

La norma equiparará la supervisión de los 'servicers' a los bancos

La norma europea también busca incentivar la compraventa de carteras de créditos morosos, lo que debería facilitar que los bancos saquen de balance sus préstamos impagados. Cuanto más fácil y con menor descuento vendan estos portafolios, más capacidad tendrán para prestar a otros clientes y menos riesgo habrá de futuras crisis bancarias. Sin embargo, el Ministerio de Economía introdujo matices en el texto que han preocupado al sector financiero. Tanto en los bancos como en los fondos oportunistas y servicers, agrupados en la patronal Angeco, que ha contado con el asesoramiento de KPMG y Ceca Magán en los últimos meses para el análisis del impacto de la norma.

El sector de fondos, gestores de recobros y servicers gestiona más de 460.000 millones en deuda y cuenta con más de 20.000 empleados. La norma equiparará la supervisión de los servicers a los bancos, y tendrán tres meses para solicitar licencia una vez que se apruebe la Ley. Hasta ahora, era un sector autorregulado. Además, los ejecutivos de los servicers deberán contar con el fit&proper del supervisor, y este podrá vetar operaciones corporativas.

Dudas con el cliente vulnerable

Economía introdujo en el anteproyecto la obligación de ofrecer a las personas en situación de vulnerabilidad económica la posibilidad de tanteo del préstamo para liquidar la deuda cuando este vaya a ser vendido a un tercero. El sector financiero puso pegas a esta medida por varias razones, como el riesgo moral de incentivar los impagos, la dificultad de definir qué cliente es vulnerable o facilitar datos confidenciales.

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Finalmente, Economía ha matizado el texto, según fuentes conocedoras. La norma, tal y como está redactada tras el paso por la consulta pública, define que las personas vulnerables son las que tienen derecho al ingreso mínimo vital, y que son los clientes los que deben acreditarlo.

Esta versión, que es la que se ha enviado al Consejo de Estado, según fuentes financieras, elimina el derecho de tanteo, pero sí establece que debe haber un plan de pagos a las personas vulnerables. Dicha solución aboga por un plan personalizado que nunca supera el 5% del ingreso mínimo vital en las mensualidades, y que no dura más de cinco años. Todavía esto genera reticencias por exigir quitas elevadas en algunas deudas y por la posibilidad de que afecte a la venta de carteras, en la medida en que se incluyen préstamos de forma masiva y un cliente pueda, a posteriori, decir al banco que es vulnerable. En este caso, no estaría claro cómo debe actuar el fondo que ya ha adquirido la deuda.

También hay dudas en torno a las obligaciones de los servicers en cuanto a registrarse, explica Carlos Ruiz Cabrera, presidente de Angeco: "No queda resuelta la obligación que tienen los servicers, y en algunos casos, los compradores, de estar inscritos no solo en el nuevo registro de administradores de créditos y en el registro de intermediarios inmobiliarios de 2019, ambos dependientes del Banco de España, sino también en el registro de empresas de 2009 dependiente del Ministerio de Consumo. Los administradores de créditos, por una cuestión de economía organizativa y de eficiencia en la gestión, consideran que un solo registro, el de administradores de créditos que crea la nueva ley, debe ser suficiente para desarrollar su plena actividad. De lo contrario, se va a producir una desincentivación de la inversión en la compra de carteras y, por tanto, una limitación a que los bancos puedan desaguar sus balances. Los consumidores ya estarán perfectamente protegidos con el nuevo registro".