Del 'greenwashing' al 'greenhushing': ¿pondrán los auditores fin al relato verde de las grandes empresas?
En 2025, las grandes empresas de la UE estarán obligadas a emitir informes de sostenibilidad. Los auditores serán una figura clave para garantizar la credibilidad de esta información
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El próximo año se empezará a aplicar la Directiva Europea sobre Reporte Corporativo de Sostenibilidad (CSRD), que obligará a las empresas de la UE, de manera escalonada, a emitir informes de sostenibilidad. En España, aunque la normativa todavía está en fase de proyecto de ley, la CNMV ya ha intervenido para orientar a los auditores sobre este nuevo marco. Así, las empresas del Ibex 35 y otras grandes del sector privado y público serán las primeras en proporcionar esta información.
En este contexto, los auditores jugarán un papel fundamental, ya que tendrán la responsabilidad de verificar la fiabilidad de estos datos que las empresas presentarán en sus informes. Es por eso que su trabajo será decisivo para detectar casos de greenwashing y garantizar la credibilidad de los informes corporativos. ¿Pero hasta qué punto será el fin del relato verde de las grandes compañías?
Alberto Castilla, socio responsable de Sostenibilidad de EY, apunta que "desde el punto de vista regulatorio, se pondrá cerco al greenwashing porque se le 'atacará desde varios frentes'". Según el experto, las nuevas normativas europeas, como la directiva CSRD y los Estándares Europeos de Sostenibilidad (ESRS), están diseñadas para establecer una "contabilidad de sostenibilidad".
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Aclara que esta normativa permitirá medir y comparar las emisiones y otros indicadores clave de manera homogénea entre empresas. Además, "la información se tendrá que depositar en formato electrónico en una plataforma europea centralizada", garantizando mayor transparencia.
Castilla identifica dos posibles escenarios a corto plazo sobre cómo esta normativa afectará al ecosistema empresarial: "Por un lado, la transparencia, comparabilidad y homogeneidad que persigue la CSRD estimulará la competencia entre compañías por destacar en los rankings, mejorando así su desempeño. Por otro, podríamos enfrentarnos a un aumento del greenhushing, es decir, empresas que minimizan o evitan comunicar públicamente sus logros en sostenibilidad para no generar expectativas o requerimientos adicionales de supervisores".
"¿Cuánto dinero han costado los escándalos corporativos o los desastres climáticos por falta de transparencia o preparación?"
En cuanto a las grandes cotizadas, el socio responsable de EY señala que muchas empresas del Ibex están mejor preparadas que otras europeas gracias a su experiencia previa con normativas como la Ley 11/2018, que ya exigía la verificación de informes de sostenibilidad. "Desde 2018, hemos visto una mejora significativa en la gobernanza de sostenibilidad: mientras que solo el 37% de las empresas del Ibex contaba con una política de sostenibilidad en 2018, en 2023 ese porcentaje ascendió al 97%".
Castilla zanja que "el coste de no hacer es superior al de hacer. ¿Cuánto dinero han costado los escándalos corporativos o los desastres climáticos por falta de transparencia o preparación? A largo plazo, la sostenibilidad no es una opción, sino una necesidad".
"Si no estás ya preparado, vas a llegar tarde"
Patricia Reverter, Socia Responsable de Assurance ESG en KPMG España, reflexiona sobre el impacto y los retos de la normativa ESG en las empresas españolas y el papel de los auditores en este contexto. Según ella, la regulación ESG "lleva años incrementando las exigencias para las empresas", y la Ley 11/2018, que obliga a formular el Estado de Información No Financiera (EINF), ha sido clave para que las compañías adopten mejores procesos de gestión y reporte en esta área.
Ante los cambios que entrarán en vigor en 2025, es clara: "Si no estás ya preparado, vas a llegar tarde". Explica que los equipos de auditoría de KPMG se actualizan continuamente e incorporan especialistas en ESG, tecnología y finanzas para asegurar una revisión coherente y precisa de la información que las empresas presentan al mercado.
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No obstante, expone que el verdadero reto para las empresas es la implementación de mecanismos internos para gestionar la información ESG, tanto en términos de complejidad como de inversión. Reverter comenta que KPMG ha apostado por soluciones tecnológicas como la plataforma global KPMG Clara, que asegura la calidad y uniformidad en la auditoría y verificación de información ESG. "En los próximos años veremos desarrollos tecnológicos que avanzarán en el control interno y el reporte de esta información", añade.
La socia responsable de KPMG opina que aunque "las compañías españolas están mejor preparadas", ya que llevan años reportando y verificando información ESG, la nueva Directiva CSRD exige un enfoque más estratégico.
"No se trata solo de dar datos, sino de ponerlos en contexto en cuanto a los objetivos planteados"
"Es necesario divulgar los objetivos, políticas y programas que se ponen en marcha para alcanzarlos", explica, lo que ha llevado a muchas empresas a reflexionar sobre la transformación de sus modelos de negocio en el corto, medio y largo plazo.
"No se trata únicamente de dar datos, sino de ponerlos en contexto en cuanto a los objetivos planteados". Reconoce que aunque el cambio es significativo, asegura que las compañías españolas ya llevan mucho avanzado. Según el informe ESG Maturity Index de KPMG, más del 50% de las empresas españolas ya tratan temas ESG en las reuniones trimestrales de Comité de Dirección.
¿Cómo va a afectar esta ley de cara a 2025?
Rafael Ruiz Salvador, socio de Auditoría en BDO, explica que esta normativa supone una profunda modificación de tres pilares legales: el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas. Apunta que las modificaciones tienen como eje central exigir que determinadas sociedades publiquen un informe de sostenibilidad verificado por un tercero independiente.
El nuevo informe de sostenibilidad debe contener información medioambiental, social y de gobernanza, similar al Estado de Información No Financiera, pero en un formato mucho más exhaustivo. El requerimiento de publicar este nuevo informe se aplicará a las entidades obligadas de manera escalonada. Las primeras serán las entidades de interés público (en general las entidades cotizadas y reguladas) con más de 500 empleados.
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Apunta que el ejercicio de esta primera aplicación "es una de las cuestiones que más preocupa actualmente en el sector", ya que la preparación de este nuevo informe, que debe recoger una información mucho más amplia que la exigida hasta ahora, lógicamente implica un esfuerzo importante de las organizaciones.
Además, Ruiz advierte que no publicar estos informes tiene consecuencias graves. "La entidad estaría incumpliendo la normativa mercantil y estaría expuesta a las sanciones administrativas correspondientes (económicas, cierre del registro mercantil, etc.)". Añade que el órgano de administración o equivalente de la empresa "estaría incumpliendo sus deberes de buen gobierno de la entidad y, en su caso, será responsable civil de cualquier perjuicio causado por su actuación".
"Más allá de eso, las entidades que incumplan esta obligación serán penalizadas por el mercado, ya que cada vez más frecuentemente el cumplimiento de la normativa en materia de sostenibilidad viene siendo condición imprescindible para optar a concursos públicos, obtener financiación ventajosa y, en general, mejorar la imagen corporativa", concluye.
El próximo año se empezará a aplicar la Directiva Europea sobre Reporte Corporativo de Sostenibilidad (CSRD), que obligará a las empresas de la UE, de manera escalonada, a emitir informes de sostenibilidad. En España, aunque la normativa todavía está en fase de proyecto de ley, la CNMV ya ha intervenido para orientar a los auditores sobre este nuevo marco. Así, las empresas del Ibex 35 y otras grandes del sector privado y público serán las primeras en proporcionar esta información.