Moncloa justifica la subvención de 111 millones a la empresa de la pareja de Albares
El Gobierno considera que no existe conflicto de interés porque la millonaria ayuda fue concedida por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y no por Exteriores
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F361%2Fe2b%2Fb12%2F361e2bb127be58a2d8f6f76c46568f5f.jpg)
El Gobierno considera que "no existe conflicto de interés" en la subvención vía fondos europeos de 111 millones de euros concedida a una empresa sin apenas actividad, que posteriormente fichó como alta directiva a Therese Jamaa, pareja del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Así lo expone en una respuesta a dos diputados del Partido Popular, que preguntaron a finales de noviembre a la Mesa del Congreso por qué medidas había adoptado el Ejecutivo de Pedro Sánchez para evitar cualquier tráfico de influencias.
La respuesta de Moncloa es que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que dirige Albares "no tiene competencia en materias tecnológicas y no ha concedido ni fondos ni subvenciones a esa empresa". Se refiere a Openchip & Software Technologies, una compañía catalana que, cuando recibió los 111 millones, no tenía ingresos y era simplemente un cascarón. Sus responsables justifican esta falta de negocio porque, de momento, es "un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de los microprocesadores, tan necesarios para muchas aplicaciones en nuestras vidas como la medicina personalizada, la detección de desastres climáticos, etc.".
Meses después, Openchip fichó a Therese Jamaa con el cargo de Vice President Alliances o vicepresidente para alianzas estratégicas "por su extenso perfil profesional en el sector de la tecnología y la innovación". En concreto, por la experiencia de la directiva francesa de origen libanés en Huawei, el grupo chino de telefonía, la británica Vodafone o la estadounidense Qualcomm, así como la GSMA, la patronal mundial de las telecomunicaciones. Un currículum que le valió también para ser nombrada consejera de Hispasat, compañía controlada por el Gobierno a través de Redeia.
Una elección que también provocó polémica y que el Ejecutivo progresista de Pedro Sánchez endosó a Beatriz Corredor, la presidenta de la que antes se conocía como Red Eléctrica, designada para este cargo a propuesta del propio Gobierno del PSOE en febrero de 2020 como premio a su dilatada carrera dentro del partido.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fee2%2F40f%2F6cf%2Fee240f6cf0447724b4cc6095f6e18aa6.jpg)
Por ello, y porque los 111 millones fueron aprobados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digital, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, Openchip defendió que Albares no tuvo ninguna incidencia en la consecución de estos conocidos como Next Generation. Y que Jamaa superó un riguroso proceso de selección a través de una firma de cazatalentos que, eso sí, no detalló cuando El Confidencial publicó en exclusiva su fichaje el pasado 4 de septiembre.
"Toda empresa participante en este tipo de proyectos beneficiaria de subvención queda sujeta a las obligaciones que se establecen en el Plan de Recuperación y a los mecanismos de gestión y control señalados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, así como a la normativa interna adoptada para la gestión", señala el Gobierno en su respuesta a los diputados del Partido Popular.
Cambios en el consejo
Openchip contaba con un capital social representado por 3.214 participaciones de un euro de valor nominal, es decir, de poco más de 3.000 euros. A mediados de 2023, antes de recibir la ayuda millonaria, sus accionistas, encabezados por GTD & Technologies, acordaron una ampliación de capital con prima de emisión por compensación de créditos vencidos por 4,67 millones. Es decir, por impago de deudas.
En ese momento, Openchip tenía un solo empleado, y lo que cobraba el consejo de administración, formado por tres miembros, y la alta dirección ascendió a 477.000 euros, tres veces más que en el ejercicio anterior. A finales de octubre, Joaquím Coello Brufau, que firmó las cuentas de 2023 como presidente, presentó su dimisión como consejero. Le relevó Juan Luis Larrumbe, vinculado a empresas de restauración en Cataluña y a GNL Russell Bedford. En el órgano de gobierno está, desde abril, Adolf Todó, el que fuera director general de la quebrada Catalunya Caixa, que fue rescatada por el Estado con una inyección de 12.000 millones.
El Gobierno considera que "no existe conflicto de interés" en la subvención vía fondos europeos de 111 millones de euros concedida a una empresa sin apenas actividad, que posteriormente fichó como alta directiva a Therese Jamaa, pareja del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Así lo expone en una respuesta a dos diputados del Partido Popular, que preguntaron a finales de noviembre a la Mesa del Congreso por qué medidas había adoptado el Ejecutivo de Pedro Sánchez para evitar cualquier tráfico de influencias.