El Ibex se carga de un ejército de asesores ante la nueva avalancha de exigencias fiscales

Los departamentos fiscales de las grandes empresas españolas están teniendo un cierre de año intenso. Las compañías están trabajando con asesores jurídicos y con consultoras para asumir las nuevas exigencias fiscales que llegan con el Pilar 2, que supone una mayor carga informativa y la posibilidad de tener que pagar más impuestos si en alguna geografía se tributa menos del 15% del beneficio.

El origen de esta norma es un acuerdo trabajado durante más de una década en el seno de la OCDE, aunque solo la Unión Europa lo ha asumido como obligación. Para el resto, por ahora, es un acuerdo marco con el que avanzar hacia una fiscalidad internacional más homogénea y que desincentive competir por atraer empresas a través de menor carga fiscal.

La Unión Europea aprobó una directiva que España ha traspuesto a través de una reforma fiscal que ha tenido un proceso legislativo un tanto caótico, al incrustar otros intentos de nuevas figuras impositivas como el impuesto a la banca, que ha salido, o el de las energéticas, que se ha caído. Afecta a las compañías que facturan más de 750 millones anuales.

En esencia, el Pilar 2 busca que las empresas tributen por encima del 15% en todos los países en los que tienen presencia. En caso contrario, si una filial se queda por debajo, el país de la matriz puede exigir que se tribute la diferencia. Por ejemplo, si una multinacional española tributa el 10% de su beneficio en otro país, Hacienda puede reclamar que se tribute en España la diferencia entre ese 10% y un hipotético 15%.

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“En un esfuerzo continuado por poner fin a las prácticas fiscales de las empresas multinacionales que les permiten trasladar beneficios a países o territorios en los que no están sujetas a imposición o están sujetas a una imposición baja, la OCDE ha seguido desarrollando un conjunto de medidas fiscales internacionales entre las que figuran aquellas que persiguen limitar la competencia fiscal en relación con los tipos del impuesto que grave los beneficios empresariales mediante el establecimiento de un nivel mínimo global de imposición”, explica el texto legal aprobado en el Parlamento, y que entra en vigor desde el 1 de enero de 2024. Es decir, ya hay que cumplir en este año.

La norma supone un desafío a la hora de tener datos homogéneos de todos los países donde una multinacional tiene presencia y una avalancha de exigencias para comunicar a las agencias tributarias el pago efectivo de impuestos. Por ello, las empresas están contratando a despachos de abogados y a consultoras, explican fuentes empresariales y jurídicas.

“La imposición de un piso mínimo de tributación restringe el margen de maniobra que tenían los Estados para diseñar sus sistemas fiscales con el objetivo de atraer inversiones hacia sectores y geografías estratégicas”, explica Manuel Alonso, socio de fiscal de Baker McKenzie que califica Pilar II como una normativa compleja, que con sus múltiples reglas y excepciones, está generando una demanda creciente de servicios especializados. “Los clientes requerirán un asesoramiento integral, desde el diseño de estructuras fiscales hasta el cumplimiento continuo”.

Según el experto, esto exigirá a los despachos desarrollar equipos multidisciplinares, nuevas áreas de especialización y adaptarse a un entorno de mayor regulación. “Pilar II representa un cambio significativo en el panorama fiscal internacional y tendrá un impacto directo en la rentabilidad de muchas empresas multinacionales”, explica Alonso, que señala que los sectores que han utilizado estrategias de planificación fiscal agresiva para reducir su carga tributaria serán los más afectados.

Hay un periodo transitorio de tres años en el que si las empresas muestran que cumplen con tributar más del 15% en todas sus geografías con el informe país por país, no hace falta el cálculo completo, explica Antonio Barba, socio de Cuatrecasas. “Es un test simplificado para tener un puerto seguro”, apostilla. Las declaraciones informativa y de pago de impuestos se realizan tras 15 meses del cierre del ejercicio. Para 2024 sería en abril de 2025, pero en esta primera ocasión, hay una prórroga excepcional de dos meses. No obstante, en las cuentas de 2024 ya se debe reflejar si hay gasto del impuesto mínimo, lo que supone un esfuerzo extra para los departamentos de fiscal y contabilidad este año.

Así, hay una doble comprobación. En cada filial, se debe constatar que se tributa más del 15%. Y, en la matriz, hacer un test de que se cumple en todos los países. Es un ejercicio que incrementa los costes regulatorios para las empresas, que obliga a reforzar los equipos fiscales para que no queden desbordados y contratar asesoramiento externo. También hay herramientas de terceros para realizar los cálculos.

“Las grandes empresas llevan tiempo trabajando en el potencial impacto y en entender la norma”, explica Mar Sánchez, directora de Fiscalidad Internacional de PwC Tax & Legal. “Estamos ayudando con formación interna para la adaptación”, agrega, para implementar el Pilar 2 en la organización, examinando el reporting y su granularidad. De hecho, las big four se han posicionado ofreciendo capacidades de asesoría fiscal y de consultoría.

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Fiscalistas y abogados coinciden en que el esfuerzo está siendo sobre todo de revisión documental y fiscal en países concretos donde tienen partes del negocio, como Bulgaria o ciertos estados del este de Europa, con tipos fiscales muy concretos. “Es un esfuerzo de revisión muy grande para darse cuenta de que solo incumplen regiones muy concretas e incluso poco relevantes para el negocio”, afirma David Vilches, counsel de fiscal de Uría Menéndez e inspector de Hacienda en excedencia. “En el fondo lo que están descubriendo las empresas del Ibex es que realmente ellas no están por debajo del 15%”, señala el experto.

La nueva normativa tiene el hándicap de que no todos los países de la OCDE se han adherido. De hecho, en Latinoamérica, donde el Ibex tiene mucha presencia, solo Brasil ha aprobado una norma para incorporar el Pilar 2 a su normativa fiscal. Para el resto, no es de obligado cumplimiento. Esto obliga a las empresas a hacer una estimación de la tributación en el país acorde a las exigencias del marco de la norma, en vez de asumir los cálculos locales.

A esto se suma otra singularidad vinculada a la región. "Las empresas españolas que operan en Latinoamérica se encuentran con problemas de cómo afrontar el ajuste por tipo de cambio por infracción por inflación", afirma Vilches.

Otro desafío es el hecho de que se crea un marco con deducciones –créditos fiscales admisibles– que a menudo no coinciden con el listado de cada país. Esto altera las tributaciones por país y, sobre todo, exige un mayor volumen de análisis para comprobar el cumplimiento con el Pilar 2.

“Los grupos se están encontrando con dificultades tanto técnicas de interpretación de la que se espera sea la nueva normativa, con base en las normas y guías explicativas emitidas por la OCDE y la Directiva de la Unión Europea ya publicada en diciembre de 2022, como prácticas para poder obtener los datos necesarios”, explica Pelayo Oraa, socio de KPMG Abogados. “Entre las dudas técnicas, cabe considerar cuáles son los impuestos cubiertos en España y otras jurisdicciones. Es decir, qué impuestos deben considerarse para confirmar si la tributación es de, al menos, el 15%”, añade.

“Muchas de las empresas afectadas por Pilar 2 llevan trabajado desde hace más de dos años en el análisis de los impactos derivados de esta nueva normativa”, recuerdan Jon Diaz de Durana e Irene Reoyo, socios de Deloitte Legal. “Las aristas contables del Pilar 2 están todavía por definir, lo cual está planteando retos en el cierre del ejercicio, principalmente en grupos con presencia de minoritarios. Es clave la monitorización de las novedades legislativas a nivel mundial para poder cumplir con las obligaciones de registro y presentación de modelos de Pilar 2. Y, por lo general, cabe esperar que el Pilar 2 esté presente en las decisiones estratégicas de los grupos impactados”, arguyen.