La última bala para salvar Muface: entre las críticas de Sumar y las dudas de Adeslas
El Gobierno ya ha publicado la licitación para tratar de continuar con el modelo mutualista de los funcionarios. Las aseguradoras tienen hasta el 14 de enero para decidirse
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El Gobierno ya ha formalizado un nuevo intento, probablemente el último, de salvar Muface. Lo hace bajo las condiciones anunciadas, pero con un contrato que empezará a funcionar en abril. Hasta entonces, las entidades tendrán que seguir prestando asistencia a los funcionarios.
El Ministerio de Función Pública y Transformación Digital, con Óscar López al frente, ha publicado la licitación con un plazo hasta el 15 de enero. Es decir, las aseguradoras tienen hasta la medianoche del 14 de enero para decidir si acuden al contrato y, con ello, continúa el modelo mutualista para 1,5 millones de funcionarios y familiares, principalmente de la enseñanza pública.
Muface está al borde del colapso después de que el Ejecutivo presentara en noviembre un pliego que las aseguradoras consideraron insuficiente por perpetuar las pérdidas del último convenio, en el que denuncian números rojos de 200 millones anuales. Mientras tanto, Sumar, con Mónica García al frente de Sanidad, se ha mostrado partidario de acabar con Muface y traspasar a los funcionarios al Sistema Nacional de Salud, mientras que la tensión con las aseguradoras aumentó con la amenaza de un impuesto a los seguros de salud que, finalmente, no salió adelante por la falta de apoyos del Gobierno en el Parlamento.
El nuevo contrato entrará en vigor el 1 de abril de 2025 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. El Gobierno ya anunció hace una semana que “hasta que se adjudique el nuevo concierto, los mutualistas tendrán garantizada su asistencia sanitaria en las condiciones actuales, en virtud del mecanismo de orden de continuidad de los servicios que contempla el artículo 288 a) de la Ley de Contratos del Sector Público”.
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El sindicato CSIF y algunas asociaciones de funcionarios han denunciado cancelaciones de citas y de intervenciones quirúrgicas en las últimas semanas. Sin embargo, el peso de las críticas y las movilizaciones ha recaído sobre el Gobierno, aunque no siempre ha estado clara la posición de las aseguradoras.
Durante el primer trimestre, los usuarios de Muface seguirán teniendo asistencia y el Gobierno remunerará a las aseguradoras en las condiciones actuales, lo que implica un cierto recorte respecto a lo prometido hace una semana, cuando ya de por sí la principal aseguradora del concierto, Adeslas, mostró sus dudas. En lugar de los 4.478 millones anunciados para tres años, 957 millones más que en el convenio anterior con una subida acumulada del 33,5%, será de 4.134,89 millones, a lo que se suman 71,6 millones para los 8.000 funcionarios destinados o residentes en el extranjero.
El nuevo concierto de Muface incluye mejoras en la asistencia, como la reproducción humana asistida, cribados o salud bucodental, protocolos para la dispensación no presencial o la distribución domiciliaria de medicación hospitalaria en determinados casos. “Junto con ello, se imponen obligaciones más intensas de información económica a entidades y de uso de partes electrónicos”, ha señalado Muface.
A más plazo, más incertidumbre sobre las previsiones de costes
Estas nuevas asistencias podrían elevar, levemente, el coste. Aunque se espera que sea un impacto marginal, se suma al hecho de que haya tres años de concierto en lugar de dos, como habían solicitado algunas aseguradoras. A más plazo, más incertidumbre sobre las previsiones de costes. En el último concierto, la inflación de costes se disparó debido a la presión salarial de los profesionales, la energía y las máquinas, elevando las exigencias de hospitales y clínicas privados con los que trabajan las aseguradoras, que actúan como intermediarias. Por eso tienen tanto poder de negociación en la crisis de Muface, obligando al Gobierno a ser más generoso si quiere apagar un fuego con 1,5 millones de funcionarios antes de que Óscar López acuda a la política madrileña para competir con Ayuso.
El Ejecutivo publicó una licitación en noviembre con un alza del 17% para dos años que quedó desierta. Después, emitió una consulta a las aseguradoras que están en Muface, Adeslas, Asisa y DKV. Asisa y DKV participaron en la consulta que realizó Muface para conocer sus argumentos y peticiones, a partir de las cuales Función Pública ha añadido un ajuste por tramos de edad. Adeslas decidió presentar un escrito con las explicaciones que ya ha venido dando estos meses sobre el riesgo de colapso de Muface, pero no fue tenido en cuenta.
En Asisa hay voluntad de participar en el nuevo concierto. DKV no se ha pronunciado, pero ha pedido en varias ocasiones un alza del 40% y afirmó que la propuesta de noviembre supondría pérdidas de 70 millones este año al incorporar el impacto del nuevo contrato a las cuentas, y la subida propuesta por el Gobierno no parece ser suficiente.
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Adeslas, propiedad de Mutua Madrileña y CaixaBank, es la clave, ya que cuenta con una cuota de entre el 45% y el 50% en Muface. Fuentes de Adeslas señalan que si se extrapolan sus peticiones a tres años, hay casi 20 puntos porcentuales de diferencia con la subida propuesta del Ejecutivo del 33% acumulado. "Vamos a esperar a la publicación definitiva del nuevo convenio en el BOE, que se producirá en los próximos días, para estudiar en detalle el concurso para Muface y decidir nuestra postura. Aun reconociendo el esfuerzo sobre la anterior licitación, está bastantes puntos porcentuales por debajo de la propuesta que hemos trasladado a la Administración donde, como siempre hemos venido explicando, nuestro objetivo es dejar de asumir pérdidas”, aseguró un portavoz de la aseguradora la semana pasada.
Además, añade Adeslas: “Hay que tener en cuenta que el convenio presentado por la Administración es a tres años, cuando, desde el primer momento, hemos reiterado que la nueva licitación debía ser a dos años máximo para evitar imprevistos y costes sobrevenidos, como sucedió con el convenio actual, que nos generó grandes pérdidas”. Está por ver si esta postura se mantiene durante las próximas tres semanas o si, finalmente, Adeslas decide participar en la nueva licitación antes del 15 de enero. Adeslas encargó un estudio independiente a los economistas Alberto Montero (Universidad de Málaga) y Román Salmerón (Universidad de Granada), al que ha tenido acceso este medio, en el que se cuantificó un alza del 27% en 2025 para cubrir costes, con un incremento adicional del 9% en 2026.
La subida propuesta por Función Pública está más cerca de estos números que de las críticas de Adeslas de que es insuficiente y de que está casi 20 puntos porcentuales lejos de sus necesidades. La aseguradora advierte que han cambiado las condiciones y estamos ante un nuevo escenario por el hecho de que hay nuevas exigencias asistenciales (por ejemplo, dental) y que ha cambiado el perímetro, porque DKV no ha acudido a los conciertos de Mugeju (que depende del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) e Isfas (dependiente del Ministerio de Defensa), en los que se han quedado Adeslas y Asisa en solitario.
El Gobierno ya ha formalizado un nuevo intento, probablemente el último, de salvar Muface. Lo hace bajo las condiciones anunciadas, pero con un contrato que empezará a funcionar en abril. Hasta entonces, las entidades tendrán que seguir prestando asistencia a los funcionarios.