El pulso (casi) ganado por el seguro a Óscar López y la falta de transparencia en Muface

Las aseguradoras están saliendo indemnes de la crisis de Muface. Los sindicatos y asociaciones de funcionarios están poniendo el foco en el Gobierno, pese a la falta de transparencia en los objetivos que buscan las entidades privadas en el nuevo concierto.

Este jueves, centenares de funcionarios se manifestaron ante las sedes de Muface y de Unespa, la patronal de seguros. Es el único impacto negativo que han sufrido las aseguradoras en esta crisis, donde los empleados públicos señalan al Ejecutivo y, en especial, al Ministerio de Función Pública como responsable de la licitación. Su titular, Óscar López, afronta este conflicto en pleno auge de su proyección pública para competir con Ayuso en la Comunidad de Madrid.

López se encontró con este problema después del verano tras sustituir al actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, como ministro. Las aseguradoras llevaban meses advirtiendo que no participarían en el concierto sin una subida de precio significativa, y se encontraron con un planteamiento de Óscar López que salió mal.

Muface hizo llegar a las entidades que habría una subida del 24%, pero en una reunión posterior al verano, López redujo esta cifra al 14%, indignando a las aseguradoras presentes. Finalmente, la propuesta del pliego fue de un alza para dos años del 17,2%, que Adeslas, Asisa y DKV consideraron insuficiente y no acudieron a la licitación, dejando vacío el concierto. Las tres aseguradoras denuncian pérdidas anuales de 200 millones en los últimos tres años. Además, ninguna otra aseguradora se planteó participar en el conjunto del concierto.

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Había cierta preocupación en las aseguradoras de que un pulso con el Gobierno pudiera incurrir en un coste reputacional que, finalmente, no se ha producido. Las entidades pueden asumir el fin de Muface, dado que son intermediarias, y son hospitales y clínicas privadas los que tendrían que ajustar sus capacidades. Por ello, pueden ser exigentes con el precio. Casi han ganado el pulso a Óscar López, quien asume que necesita un nuevo pliego más atractivo para las aseguradoras, es decir, con primas más altas.

Función Pública pidió a las aseguradoras que remitieran un informe con las cifras y argumentos que justificaran la negativa al último pliego y sus necesidades. Asisa y DKV han participado, mientras que Adeslas emitió un escrito en otro formato que no ha sido considerado por Muface.

Las entidades pueden asumir el fin de Muface, ado que son intermediarias

En realidad, hay cierta falta de transparencia en las aseguradoras. DKV lleva meses diciendo que necesita una subida del 40%, y en noviembre aseguró que la propuesta del Gobierno supondría pérdidas de 74 millones en dos años. No habrá un alza del 40% en cualquier caso, por lo que muchos interpretan estos avisos tan explícitos como una estrategia para dejar Muface.

Asisa y Adeslas nunca han explicitado la subida a la que estarían dispuestas a mantenerse en Muface. En el caso de Adeslas, principal aseguradora del concierto, encargó un estudio independiente que cuantificó la necesidad de subida para evitar pérdidas en un 27%. Un incremento muy por encima del 17% propuesto por el Ministerio y muy lejos del 40% que pide DKV.

Según Muface, DKV y Asisa "no aportan evidencia de costes" para justificar el rechazo al pliego anterior. "Habría sido deseable obtener una mayor información de los costes que justifican el importe de la prima, si bien, analizando las informaciones, se deduce que la mayor parte del gasto es coste directo, donde se incluye la prestación asistencial propiamente dicha", añade Muface. Mientras, ejecutivos de Allianz y de Proasersa Agencia de Seguros —distribuidora de Mapfre y Metlife— tuvieron una reunión con Muface para conocer más detalles de la consulta de cara a la atención de mutualistas destinados o residentes en el extranjero, a la que acudió finalmente Allianz. Hay 8.000 funcionarios usuarios de Muface en el extranjero.

Tramos de edad

Lo que sí ha valorado positivamente el organismo es la propuesta de adecuar la prima al coste real de la prestación según áreas geográficas y tramos de edad, algo que "podrá ser tenido en cuenta en futuras licitaciones". "El órgano de contratación valora favorablemente la propuesta de incremento de primas por tramos de edad al entenderse que parece adecuarse más a la realidad actual del mutualismo", agregó Muface en un comunicado.

En medio, además, Sanidad publicó un informe sugiriendo que el Gobierno prorrogue unilateralmente el contrato durante nueve meses en las mismas condiciones para preparar el trasvase al Sistema Nacional de Salud. El Ministerio está dirigido por Mónica García, de Sumar, lo que muestra la enésima grieta entre los dos partidos del Ejecutivo. De hecho, esta semana Sumar ha pedido al Gobierno, del que forma parte, una comisión para trabajar en el traspaso de los mutualistas.

La tensión se disparó a tres bandas, entre PSOE, Sumar y las aseguradoras. En paralelo, Hacienda propuso una enmienda pactada con Sumar para gravar a los seguros privados de salud, aunque finalmente no salió adelante. Pero esto molestó, y mucho, a las entidades privadas, además de algunos ataques deslizados desde Moncloa y su entorno. Unespa, la patronal de los seguros, dijo en un comunicado que las aseguradoras que prestan servicios a las mutualidades de funcionarios no seleccionan pacientes en función de los riesgos, mensaje consensuado por el sector tras algunas críticas sobre que se derivan casos a la sanidad pública.

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Los sindicatos de funcionarios han denunciado cancelaciones de citas y de intervenciones quirúrgicas, pero ni, aun así, hay un coste reputacional significativo para las aseguradoras en esta crisis. Al menos, no por ahora, dentro del pulso que mantienen con Función Pública. Adeslas ya ha comunicado a los funcionarios que trabajan con la firma que dejará de atenderles el 31 de enero, ya que si el convenio expira el 31 de diciembre, se mantendrá un mes más. Pero ahí se acabará si no hay pliego.

Las intenciones del Ministerio son lanzar cuanto antes una nueva licitación para que las aseguradoras se apunten y salvar Muface, aunque sea durante dos años. Y será entonces cuando otra persona esté al frente del ministerio para trabajar con este problema —Óscar López ya no estará—, porque las aseguradoras volverán a pedir subidas de primas ante la espiral de aumentos de costes que padece el sector, el envejecimiento del público de Muface, y la constatación de que al Ejecutivo le tocará ceder o decir adiós a Muface. Muchos funcionarios obtienen la plaza a una edad avanzada tras muchos años como interinos, especialmente en la enseñanza. Mientras tanto, apenas hay funcionarios jóvenes que entren en el sistema y reduzcan el coste medio.

El 72% de los funcionarios escoge Muface (34% elige Adeslas —propiedad de CaixaBank y Mutua Madrileña—, el 25%, Asisa —de Lavinia— y el 13%, DKV —de Munich RE—). Se trata de un concierto al que pueden acogerse los funcionarios, que en ese caso ya no tienen acceso a la sanidad pública.

Función Pública ofreció primas de 1.337 millones en 2025 y 1.344,5 millones en 2026, lo que suponía una subida del 17,2% respecto a 2024, pero las aseguradoras lo han considerado insuficiente. En el sector recuerdan que el coste sanitario per cápita de un usuario de Muface es de 1.013 euros, frente a los 1.736 euros en la sanidad pública. Estos datos provienen de un estudio del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que respalda la postura del sector privado. También argumentan un ahorro de 1.000 millones para la sanidad pública.